El Servicio Aragonés de Salud (Salud) ha incorporado a 80 enfermeras especialistas en Pediatría y Geriatría para ocupar plazas que, sobre el papel, no existen. El propio Plan Estratégico de Recursos Humanos 2025-2028, publicado en el BOA el 1 de octubre de 2025, reconoce literalmente: “Plazas definidas en plantilla orgánica: 0”. Esta “inexistencia legal” es el eje de una batalla judicial iniciada por una enfermera fija del Hospital Miguel Servet, desplazada de Urgencias de Pediatría para dejar sitio a estas nuevas plazas. El Departamento de Sanidad ha alegado que dicho plan es meramente “orientativo” y que la falta de plazas oficiales no impide su creación real.
Frente a la denuncia de que no existe dotación presupuestaria para estos nuevos puestos —que cobran un complemento superior al de enfermería generalista—, Sanidad sostiene que el cambio es un “incremento asumible que se está financiando con remanentes propios”. Según el Departamento, no es necesario aumentar el gasto presupuestario ni adoptar medidas adicionales, defendiendo que se están transformando plazas de generalistas que quedan vacantes por jubilación. Sin embargo, esta tesis choca con la Orden HAP/1280/2025, que dictó el cierre del ejercicio el 10 de octubre de 2025. Las 80 especialistas se incorporaron el día 16, seis días después de que Hacienda prohibiera nuevas obligaciones de gasto. Además, la normativa aragonesa exige que cualquier modificación de plantilla con impacto económico sea aprobada por Hacienda y publicada en el BOA, requisitos que no se han dado en esta ocasión.
El propio Salud admite esta inexistencia de plazas en el Plan Estratégico de Ordenación de Recursos Humanos 2025-2028, publicado en el Boletín Oficial de Aragón el 1 de octubre de 2025. En ese documento, el Gobierno de Aragón reconoce que, a 31 de diciembre de 2024, las plazas definidas en plantilla orgánica para ambas especialidades son cero. En concreto, el plan recoge literalmente “plazas definidas en plantilla orgánica: 0” tanto para Enfermería Pediátrica como para Enfermería Geriátrica. Sin embargo, fuentes del Departamento de Sanidad exponen que este cambio en las plazas, que supone un aumento en la retribución, es un “incremento asumible que se está financiando con remanentes propios, sin necesidad de aumentar el gasto presupuestario ni adoptar medidas adicionales”.
Esta situación contrasta con otras categorías, como Enfermería Familiar y Comunitaria, que sí cuentan con plazas creadas, publicadas en el BOA y dotadas presupuestariamente desde 2021, y para las que incluso se celebraron oposiciones en marzo de 2024. Pese a esta inexistencia formal de puestos, el Salud procedió en 2025 a la incorporación efectiva de 80 enfermeras especialistas, que se produjo el 16 de octubre, en hospitales de toda la comunidad.
Desde el Departamento de Sanidad explican que se trata de un refuerzo de la plantilla y que se están “transformando de forma progresiva plazas de enfermería generalista que quedan vacantes por jubilación en plazas de la categoría de especialista”. Aseguran que se trata de una decisión “plenamente coherente con la planificación estratégica de recursos humanos. El Plan de Recursos Humanos establece orientaciones y líneas de actuación que guían la evolución de las plantillas, pero no constituye un marco de obligado cumplimiento en cada una de sus previsiones. La transformación de plazas se ajusta al espíritu del plan, que precisamente impulsa la profesionalización y la mejora de las competencias en el ámbito de la enfermería”. Concluyen afirmando que esta medida “responde a una planificación responsable, sostenible y alineada con la mejora continua de la calidad asistencial, garantizando que los equipos cuenten con el perfil profesional más adecuado para las necesidades actuales y futuras del sistema”.
Traslados forzosos y comunicaciones verbales
En el Hospital Miguel Servet, la enfermera afectada denuncia haber sido desplazada de su puesto mediante comunicaciones verbales y una “nota interior”, sin resolución administrativa formal ni un “respaldo legal”. Según su testimonio, el movimiento de personal se produjo tras ceses de otros profesionales para “hacer hueco” a las nuevas incorporaciones y a través de reuniones no convocadas oficialmente. “Todo ha sido verbal”, señala la profesional, que asegura haber “recibido presiones por parte de distintos responsables del hospital y del Salud tras oponerse al procedimiento. Subraya además que es personal estatutario fijo, con plaza asignada, y que no se trata de personal eventual ni de una movilidad voluntaria.
Su abogada confirma que el caso está judicializado en la jurisdicción contencioso-administrativa y que se encuentran a la espera de señalamiento de juicio. Según explica, tanto su clienta como otras profesionales “estaban en un determinado puesto de trabajo y, de la noche a la mañana, fueron trasladadas. Tenían una especialidad asignada y fueron citadas a una asamblea en la que se les comunicó su nuevo destino”. En un primer momento, añade, se les permitió elegir, pero “con condiciones”, lo que derivó finalmente en “traslados forzosos”.
Muchas de las afectadas recurrieron estos movimientos, pero, según la letrada, no han recibido respuesta administrativa. Entre las medidas solicitadas ante los tribunales figura la paralización del sistema de traslados y la restitución de las profesionales a los puestos que ocupaban con anterioridad.
La afectada subraya que el propio plan estratégico reconoce la “imposibilidad de reconvertir plazas” y que la figura de las plazas “reservadas” desde 2021, citada por el Salud para justificar estos movimientos, no existe en la normativa como mecanismo válido de creación de puestos. El conflicto se agrava por la contradicción entre el plan estratégico central del Salud y las plantillas orgánicas publicadas por los hospitales. Mientras el documento aprobado por el Gobierno de Aragón reconoce que no hay plazas creadas, varios centros han publicado listados en los que sí figuran vacantes de estas especialidades, utilizadas para justificar traslados internos y desplazamientos de personal.
La normativa vigente en Aragón obliga a que cualquier creación o modificación de plazas con impacto económico pase por la aprobación de Hacienda y se publique en el BOA. Las órdenes de 2018 que dieron origen a las especialidades de Pediatría y Geriatría ya exigían expresamente una adecuación de las plantillas orgánicas conforme a las previsiones presupuestarias, un trámite que, seis años después, no se habría completado.
Denuncias ante la Cámara de Cuentas y el Comité Ético
Ante esta situación, la enfermera afectada ha presentado escritos ante la Cámara de Cuentas de Aragón y el Comité Ético de la Administración, en los que sostiene que la gestión del Salud incurre en “irregularidades administrativas”. En la documentación remitida a la Cámara de Cuentas, la afectada cuestiona la aprobación, en Mesa Sectorial del 22 de diciembre de 2025, de una oferta pública de empleo extraordinaria con 21 plazas de Enfermería Pediátrica y 14 de Geriatría, al considerar que se trata de plazas inexistentes en la Relación de Puestos de Trabajo y sin cobertura presupuestaria. Según expone, la convocatoria “vulneraría la normativa básica de función pública” y el procedimiento de creación de plazas, y podría “generar indefensión” tanto en los profesionales desplazados como en los futuros opositores.
En un escrito similar presentado ante el Comité Ético, la denunciante califica el anuncio de la OPE como un “engaño a la ciudadanía y a los aspirantes”, al no constar ninguna orden de Hacienda que ampare la creación de estas plazas en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.
Pese a la falta de plazas creadas en la RPT, el Salud mantiene la convocatoria apoyándose en un pacto sectorial. Expertos en derecho administrativo citados en la documentación advierten de que una OPE “no puede convocarse sobre plazas inexistentes”, ya que la ley exige “que los puestos estén previamente creados, dotados presupuestariamente y publicados”, para evitar situaciones de inseguridad jurídica.