El Centro Aragonés de Barcelona se rebela ante el plan de Azcón de convertir su sede histórica en un negocio de alquileres
La Junta del Centro Aragonés de Barcelona (CAB) ha decidido dimitir en bloque ante la posibilidad de que el futuro de su histórica sede quede condicionado por criterios de rentabilidad económica. Esta es la solución de viabilidad del edificio aportada por una firma contratada por el Gobierno de Aragonés para destinar a alquileres la mayor parte de la superficie no ocupada por el Teatro Goya. La dirección saliente se mantiene expectante, no obstante, con la visita del presidente aragonés, Jorge Azcón, prevista para el próximo 7 de julio, cuya intención es reconducir una situación que consideran crítica para la continuidad de una de las instituciones más representativas de la comunidad aragonesa en Catalunya.
La pasada semana, la Junta del Centro Aragonés hizo pública su renuncia mediante un comunicado dirigido a la sociedad aragonesa. En él denunciaba años de retrasos administrativos, falta de información y un progresivo alejamiento del Ejecutivo autonómico respecto al proyecto que la entidad había impulsado para garantizar la viabilidad de una institución con más de un siglo de historia.
La dirección recuerda que presentó al Gobierno de Aragón una propuesta para compatibilizar la actividad propia del Centro con usos institucionales y con iniciativas promovidas por entidades económicas y sociales aragonesas. El objetivo era convertir la sede en un espacio de referencia para Aragón en Barcelona, preservando al mismo tiempo su función cultural y representativa.
La sede del Centro Aragonés, un inmueble catalogado de más de cien años de antigüedad, presenta importantes problemas estructurales y de mantenimiento. Entre otras actuaciones, es necesario retirar cerca de 900 metros cuadrados de uralita y acometer diversas intervenciones de conservación.
El edificio pasó a formar parte del patrimonio de la Comunidad Autónoma hace cuatro años, tras el acuerdo alcanzado durante el mandato del anterior presidente, Javier Lambán. Sin embargo, pese a que el Ayuntamiento de Barcelona concedió la licencia de obras en 2024, no ha sido hasta junio de este año, un año más tarde, cuando el Gobierno de Aragón ha licitado la rehabilitación de cubiertas y fachadas, con un presupuesto de 1,6 millones de euros y un plazo de ejecución de quince meses. Las obras podrían comenzar en agosto de 2026.
La rehabilitación interior quedará para una segunda fase, una vez se determine el modelo definitivo de usos y gestión del inmueble. Según explican, el objetivo era desarrollar un nuevo proyecto que permitiera compatibilizar la actividad propia del Centro Aragonés de Barcelona con usos institucionales del Gobierno de Aragón y con iniciativas impulsadas por el tejido social y económico aragonés.
La principal causa de la ruptura entre la Junta y el Gobierno de Aragón surge a raíz del estudio encargado por este último a la consultora multinacional CBRE, especializada en gestión y explotación de activos inmobiliarios, por el que la empresa percibe alrededor de 130.000 euros. Según denuncian los responsables del Centro, las propuestas presentadas contemplan destinar más de 1.500 metros cuadrados del edificio —prácticamente la totalidad de la segunda y tercera planta— a espacios de alquiler. La firma ha ido presentando propuestas al grupo de trabajo —representantes del Centro Aragonés de Barcelona y responsables de la administración autonómica— que evidenciaron posiciones encontradas sobre el futuro del edificio, según los responsables de la junta del CAB.
Jesús Félez, director del centro relata que las verdaderas intenciones no se revelaron hasta la presentación del estudio preliminar sobre el futuro uso del edificio, en el que se prevé destinar a alquileres más de 1.500 metros cuadrados a alquileres, —prácticamente la totalidad de la segunda y tercera planta—.
De acuerdo con este planteamiento, la actividad del Centro Aragonés quedaría concentrada en unos 100 metros cuadrados de la primera planta, espacio que debería albergar además su patrimonio documental y artístico. Entre las piezas que conserva la entidad figuran frescos dedicados a algunos de los pueblos más emblemáticos de Aragón, obra del artista Guillermo Pérez, conocido por sus carteles de las Fiestas del Pilar.
Jesús Félez, director del Centro, considera que la propuesta supone un “despropósito” porque ignora el funcionamiento real de la institución y desmantela el proyecto consensuado en la legislatura anterior. Aquel plan contemplaba la creación de un restaurante de cocina aragonesa —no hay ninguno en Barcelona de esta especialidad—, espacios para actividades empresariales e institucionales y la cesión preferente de instalaciones a ayuntamientos, empresas y entidades aragonesas interesadas en promocionar sus iniciativas en Barcelona.
La ubicación del inmueble, en pleno centro de Barcelona, refuerza su potencial estratégico. Por sus inmediaciones transitan diariamente miles de personas y su situación resulta especialmente relevante para fortalecer los vínculos económicos, culturales e institucionales entre Aragón y Catalunya.
El centro, según el acuerdo alcanzado en la legislatura de 2029 a 2023, y con el estudio de viabilidad de la Cámara de Comercio, entonces presidida por Manuel Teruel, podría seguir desarrollando una importante labor cultural, desde la presentación de libros, conferencias, cine, música, etc.
En las reuniones mantenidas con directores generales del Gobierno de Azcón, a instancias de la directora de Patrimonio, Asunción Sanmartín, pocos ofrecieron soluciones, más allá de señalar que el inmueble tenía “perfume de viejo”, según el director general de Cultura, Pedro Olloqui. Luego optaron por contratar a la empresa CBRE para el desarrollo del estudio de usos.
La dimisión de la Junta sorprendió incluso al presidente del Gobierno de Aragón. Según fuentes del Centro, el jefe de gabinete de Jorge Azcón contactó personalmente con Jesús Félez para trasladarle el malestar del Ejecutivo por lo ocurrido y manifestar la voluntad de abrir una vía de diálogo.
Ese acercamiento podría materializarse el próximo 7 de julio, fecha en la que Azcón tiene previsto visitar la sede del Centro Aragonés de Barcelona aprovechando un viaje institucional a la ciudad condal. La reunión, que aún no está cerrada, se presenta como una oportunidad para intentar alcanzar un acuerdo que evite la ruptura definitiva.
La crisis también ha llegado a las Cortes de Aragón. Chunta Aragonesista (CHA) ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones sobre el futuro de la entidad y conocer el modelo de gestión que el Ejecutivo pretende implantar.
La portavoz de la formación en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario, Mary Carmen Bozal, ha reclamado transparencia en el proceso y garantías de que la rehabilitación servirá para fortalecer la actividad del Centro y no para diluir su identidad histórica. CHA considera que la institución representa un referente fundamental de la presencia aragonesa en Catalunya y exige que cualquier actuación preserve su función cultural, social y representativa.
Tradición, historia y valor estratégico
El Centro Aragonés de Barcelona es una de las instituciones aragonesas con mayor trayectoria fuera de la comunidad. Aunque su actual sede data de 1916, la entidad fue constituida el 3 de enero de 1909, en plena expansión económica de Barcelona, una ciudad que entonces atrajo a miles de aragoneses en busca de oportunidades laborales y profesionales. Durante la primera mitad del siglo XX llegó incluso a impulsar una cooperativa de productos aragoneses, reflejo de la intensa actividad social y económica desarrollada por la comunidad aragonesa en Catalunya.
La sede, conocida como edificio Joaquín Costa desde 1923, ocupa el chaflán de las calles Torres Amat y Poniente, en pleno centro de Barcelona. Diseñado por el arquitecto Miguel Ángel Navarro con inspiración en el Renacimiento aragonés, el inmueble cuenta con cerca de 4.000 metros cuadrados distribuidos entre planta baja, sótano y dos plantas superiores, además del histórico Teatro Goya, que ocupa una superficie de 948 metros cuadrados.
Por su valor patrimonial y simbólico, el edificio fue incorporado hace cuatro años al patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón tras la aceptación formal realizada por el entonces presidente Javier Lambán. El inmueble, valorado en más de diez millones de euros, requiere importantes actuaciones de rehabilitación, especialmente en cubiertas, sistemas de recogida de aguas y diversos elementos ornamentales de fachada.
Más allá de su relevancia arquitectónica e histórica, el edificio ocupa una ubicación estratégica. Más de 12.000 personas transitan diariamente por su entorno, lo que lo convierte en un escaparate privilegiado para la promoción económica, social y cultural de Aragón en Catalunya. Su presencia centenaria en Barcelona simboliza además la estrecha relación entre ambos territorios, cuyos vínculos económicos continúan siendo especialmente intensos. Catalunya es uno de los principales socios comerciales de Aragón, mientras que el Puerto de Barcelona constituye la principal puerta de salida y entrada del comercio marítimo aragonés, concentrando alrededor del 65 % de este tráfico.