Noventa años de la matanza de Huesca: 95 asesinados y una represión franquista que no terminó con sus muertes
Huesca recuerda este domingo, 23 de agosto, a las 95 personas asesinadas hace 90 años en una de las jornadas más trágicas de la historia de la ciudad. Aquel día de 1936, hombres y mujeres que permanecían detenidos en la cárcel provincial fueron sacados en camiones y conducidos hasta la tapia oeste del cementerio, donde fueron ejecutados. La matanza se produjo como represalia por el bombardeo de la ciudad por la aviación republicana, que había causado dos muertos y siete heridos.
Las víctimas habían sido detenidas en los días anteriores por sus ideas políticas, su actividad sindical, su vinculación con el Frente Popular o, en algunos casos, simplemente por sus relaciones familiares. Entre ellas había concejales, trabajadores, profesionales o militantes políticos.
La dimensión de aquella jornada se entiende también por el contexto. De las 548 personas asesinadas en Huesca por los sublevados entre agosto de 1936 y enero de 1945, 95 fueron ejecutadas el 23 de agosto, según la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón (PAMA). Izquierda Unida sitúa además en 326 las personas asesinadas en la ciudad entre el 1 de agosto de 1936 y el 1 de febrero de 1937.
Sin embargo, la represión no terminó con los asesinatos. Los expedientes conservados en el Archivo Histórico Provincial de Huesca muestran cómo, después de las ejecuciones, se abrieron procedimientos de responsabilidades políticas y se investigaron los bienes de algunas de las personas asesinadas.
Es el caso de Concepción Monrás Casas, una de las mujeres asesinadas el 23 de agosto y esposa de Ramón Acín —fusilado unos días antes, el 6 de agosto de 1936—. Su expediente de responsabilidades políticas muestra que, dos años después de su muerte, en 1938, se abrió un procedimiento contra ella. La documentación acabó estableciendo una multa de 5.000 pesetas, que debía hacerse efectiva sobre sus bienes.
El caso de Juan Llidó Pitarch, juez de la Audiencia de Huesca, presenta un mecanismo similar. Llidó, que había llegado a la ciudad en 1933 y vivía allí con su esposa y sus dos hijos, fue detenido tras el golpe militar pese a no tener una destacada actividad política. El historiador Víctor Pardo Lancina recoge cómo su falta de apoyo al movimiento fue utilizada como argumento para perseguirlo.
El expediente conservado en el Archivo Histórico Provincial recoge que Llidó murió en Huesca el 23 de agosto de 1936, a los 40 años, por heridas de arma de fuego. Meses después de su asesinato se inició contra él un expediente de responsabilidades políticas y se rastrearon sus bienes. Entre la documentación aparecen comunicaciones con bancos y otras instituciones para localizar su patrimonio, incluida una cuenta corriente con 428,35 pesetas.
También Adrián Bonet Ulled fue objeto de un expediente de responsabilidades políticas iniciado en 1937. La documentación del Archivo Histórico Provincial recoge informes sobre su actividad política y municipal y, posteriormente, actuaciones destinadas a localizar sus bienes en el Registro de la Propiedad, Hacienda, el Banco de España y distintas entidades financieras. El procedimiento terminó con una multa de 14.000 pesetas, que debía hacerse efectiva sobre sus bienes.
Los expedientes permiten observar así una segunda dimensión de la represión: la persecución no acababa necesariamente con la muerte. La maquinaria administrativa siguió investigando a personas ya asesinadas, buscando sus propiedades y aplicando sanciones económicas sobre sus patrimonios.
Una ciudad llena de presos
La represión había comenzado semanas antes. Las denuncias y delaciones hicieron que la cárcel provincial se quedara pequeña y que también se utilizaran como lugares de internamiento el instituto —hoy Museo Provincial— y el cuartel de la estación. El historiador Víctor Pardo Lancina reconstruye aquella “matanza” en un artículo publicado en 'Azofra' y recoge casos de personas denunciadas por motivos políticos, pero también por conflictos personales o intereses económicos.
Entre los detenidos había destacados representantes de la vida pública oscense, como el concejal republicano y comerciante Adrián Bonet Ulled, Lorenzo Bescós Santalucía o Antonio del Pueyo Navarro, que fueron perseguidos por su vinculación política. El relato de aquella jornada también ha quedado en testimonios posteriores. Pardo Lancina recoge la descripción que el escritor y miliciano José María Aroca hizo en 'Las Tribus' tras llegar a las inmediaciones de Huesca a finales de agosto de 1936. Aroca encontró uno de los muros del cementerio marcado por los disparos y fosas comunes en el interior del camposanto.
La lista de asesinados incluye perfiles muy distintos. Pardo Lancina recuerda, entre otros, al maestro Inocencio Tolosana, al pintor Gaspar Larroche, al carretero Gregorio Gracia Lanuza y al farmacéutico Jesús Gascón de Gotor. Las hermanas Victoria y Rafaela Barrabés Asún, de 20 y 21 años, fueron detenidas al no encontrar en su domicilio a sus hermanos, que eran buscados por la policía. Francisca Mallén Pardo fue detenida pocos días antes de su ejecución por su relación con el carpintero anarquista José Espuis Buisán, que también fue asesinado aquel 23 de agosto.
La jornada fue, en palabras de Pardo Lancina, “la más trágica de la historia de Huesca”. La memoria de aquellas víctimas permanece hoy en el memorial instalado en la tapia oeste del cementerio, que este domingo cumple además diez años desde su inauguración. El monumento recuerda a las víctimas identificadas hasta entonces como consecuencia de la represión sufrida en la ciudad y es escenario de un homenaje este domingo. A las 11.00 se conmemoran los 90 años de sus asesinatos en el cementerio civil de la ciudad en una actividad organizada por el Colectivo Ciudadano Huesca. A las 12.00, el Círculo Republicano Manolín Abad de Huesca recuerda a las víctimas en el Memorial 545, en el Parque Mártires de la Libertad.
PAMA recuerda que las víctimas fueron seleccionadas por motivos muy diversos y que “con la simple sospecha de no ser ferviente adicto a la rebelión fue suficiente”. La plataforma subraya además que la represión se produjo “sin distinción de clase social, sexo ni edad” y reclama que la memoria de las víctimas sirva para preservar los valores democráticos y evitar que la historia vuelva a repetirse.
Con motivo del 90 aniversario, la organización reclama a las instituciones que preserven el recuerdo de las víctimas y recuerda que sus nombres están recogidos en el Memorial del Cementerio de Huesca. La Memoria Democrática debe ser, sostiene PAMA, “el faro que alerte a la sociedad para que no vuelva a repetirse la barbarie”.
La plataforma vuelve además a reclamar la recuperación de las políticas de memoria en Aragón y critica la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. En la misma línea, Marta Abengoechea, portavoz de IU en las Cortes de Aragón, acusa a “los partidos políticos de derecha y ultraderecha que tenemos en el Gobierno de Aragón” de intentar “sepultar y, peor aún, manipular” a las víctimas. “No debemos bajar la guardia. Fascismo, nunca más”, concluye.