El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA) ha reclamado a la consejera de Educación, Tomasa Hernández, la rescisión de la financiación pública del colegio concertado San Vicente de Paúl, en Zaragoza, después de que se conociera que el centro cedió sus instalaciones para un acto público de la Fundación Francisco Franco. Desde el Departamento de Educación exponen que el concierto educativo atañe “a la educación que se presta en el centro” y “no tiene nada que ver con el uso de sus instalaciones”.
Para STEA, “es inadmisible que un centro sostenido con fondos públicos ataque los valores constitucionales”, y subraya que el caso evidencia “dónde se da realmente el adoctrinamiento a los alumnos”. El sindicato ha solicitado que Inspección Educativa investigue los hechos y, de confirmarse, se rescinda el concierto con la orden propietaria, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
La celebración, denunciada inicialmente por la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, tuvo lugar el 29 de noviembre, tras ser cancelada previamente en un hotel debido a su contenido. La Fundación optó por trasladar el acto al colegio y mantener en secreto la ubicación, dando pistas limitadas sobre su localización. La Coordinadora calificó el evento como “absolutamente inadmisible” y exigió la dimisión inmediata de la directora y el equipo directivo del centro, al considerar que la cesión de un espacio educativo para un acto franquista vulnera los valores democráticos y el deber de diligencia exigible a un centro concertado.
El colegio reconoció posteriormente la celebración del acto y la cedió como “un favor personal”, alegando desconocer su contenido, argumento que tanto STEA como la Coordinadora consideran insuficiente. Desde la Fundación Nacional Francisco Franco, el acto se defendió como “privado y respetuoso con el ordenamiento jurídico” y se presentó como un homenaje al dictador.
Por su parte, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón recordó que “toda ideología debe quedar fuera de las aulas” y subrayó que los conciertos educativos se refieren exclusivamente a la educación que se imparte en el centro, no al uso de sus instalaciones fuera del horario lectivo. La responsabilidad sobre la cesión de espacios, según la Administración, recae únicamente en la titularidad del colegio.
STEA ha insistido en que “la defensa de que la ideología quede fuera de las aulas tiene que demostrarse en actos” y ha reivindicado la educación pública como “la mejor garante de la calidad, la igualdad y los valores de libertad”, frente al impulso de colaboración con centros privados que, según el sindicato, “priorizan intereses ideológicos y económicos”.