Representantes de la Asociación de Docentes d’Asturianu y Eonaviego/gallego-asturiano (ADAE) han llevado este lunes su protesta a Madrid. La razón: la negativa del Ministerio de Educación a modificar los Reales Decretos que permitirían la creación de las especialidades para el profesorado que imparte la enseñanza de estas lenguas.
Con una queja formal presentada ante el Defensor del Pueblo, los docentes han escenificado no solo su malestar por la falta de compromiso del Gobierno, sino también la necesidad de que la institución que dirige Ángel Gabilondo realice una labor de mediación que permita poner fin a la discriminación que sufren.
No descartan una huelga
Esta no será, sin embargo, la única acción que va a emprender la asociación. Los miembros de ADAE tampoco están satisfechos con el Gobierno asturiano ya que aseguran que el Ejecutivo que preside el socialista Adrián Barbón “no se está tomando en serio este conflicto laboral” que lleva enquistado tras más de 40 años de presencia de las lenguas propias de Asturias en el sistema educativo.
Por ello, tienen previsto convocar una junta abierta a todo el profesorado de ambas especialidades el próximo mes de enero. El objetivo es consensuar las siguientes movilizaciones, sin descartar incluso la convocatoria de una huelga si no se producen avances reales.
Una interinidad “perpetua”
ADAE ha denunciado la situación que vive este colectivo en un comunicado de prensa donde explica que, el pasado 26 de noviembre, la entonces ministra de Educación, Pilar Alegría, volvió a rechazar esta modificación normativa.
Esta decisión está abocando a 332 docentes en Asturias a una situación de “interinidad perpetua”, según señala.
La asociación denuncia que esta situación entra en clara contradicción con la normativa europea que prohíbe el abuso de la temporalidad en el empleo público.
La petición al Defensor del Pueblo
“La normativa educativa de mayor rango, la LOMLOE, permite expresamente la enseñanza de estas lenguas incluso sin estatus de cooficialidad. Por ello, corresponde al Gobierno estatal garantizar que el profesorado que las imparte tenga los mismos derechos laborales que el resto de especialidades docentes, con independencia del reconocimiento jurídico de las lenguas objeto de enseñanza”, advierten desde la asociación.
Además de dar a conocer el conflicto laboral al Defensor del Pueblo, los representantes de ADAE tenían como objetivo al desplazarse expresamente a Madrid solicitar su mediación ante la necesidad de que se adopten medidas que “aseguren el cumplimiento de la legalidad vigente”.
Las críticas al Gobierno asturiano
Además, denuncian la falta de comunicación por parte del Gobierno del Principado de Asturias y la Consejería de Educación, ya que la respuesta del ministerio no se conoció hasta tres semanas después del encuentro con la ministra, “sin que se trasladara hasta entonces información oficial ni al profesorado afectado ni a las organizaciones sindicales”, lamentan.
La asociación ha solicitado en numerosas ocasiones una reunión con la consejera de Educación, Eva Ledo, con el objetivo de trabajar conjuntamente con los sindicatos en la búsqueda de soluciones, sin que hasta el momento se les haya facilitado una fecha concreta para poder exponer su situación y consensuar una salida a este conflicto.