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Alejandro Montoro de Antonio

Antropólogo social y cultural, enfermero, y podólogo de-formación. Pero ante todo persona.
Mis debilidades: la diversidad, el respeto, la igualdad, y la libertad.
El método: el análisis inclusivo, crítico y reflexivo.
¿Por qué? Porque amo la vida. Procuro mantener una vida digna, por eso soy miembro de DMD (Derecho a Morir Dignamente).

Testamento Vital: cuando en momentos de crisis no somos dueños de nuestro destino

La disposición final segunda de la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia desvirtúa por completo el objetivo de protección a la infancia y adolescencia y afecta a la esencia de la Ley de Autonomía del Paciente. Pero hay una manera de poder burlar esta nueva, nocturna, y alevosa reforma que el Gobierno hizo de esta fundamental Ley y que la desvirtúa de tal manera que también deberían haber cambiado su nombre al de “Ley del Paciente Desahuciado”.

La mayoría parlamentaria del Partido Popular aprovechó la soledad y estanqueidad del mes de agosto para lanzar su modificación de esta ley. A través de ella, en sus disposiciones adicionales, ha alterado sustancialmente el contenido de la Ley de Autonomía del paciente (41/2002), quitando poder de decisión a quienes representan al enfermo en decisiones como el consentimiento o rechazo de un tratamiento. Es decir, que llegado el momento de tomar decisiones, si no podemos comunicarnos o no estamos en condiciones de tomar ninguna decisión, será el médico al cargo quien decida los cuidados a llevar a cabo teniendo como objetivo último siempre el mantenimiento de la vida.

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La Constitución Española solo protege la vida digna y no cualquier vida

Hasta la fecha, en el Estado Español, la eutanasia y las diferentes formas de colaboración al suicidio son conductas ilícitas tipificadas en el artículo 143 del Código Penal (de 1995). Pese a ello, las conductas penadas son exclusivamente los actos, no las omisiones. Es decir, que se penaliza el administrar un fármaco o un veneno que produce la muerte pero no el dejar de hacer algo que mantiene con vida al enfermo. Y, a efectos jurídicos, tanto da no iniciar como retirar una vez empezado. Queda así despenalizada tanto la renuncia a iniciar un tratamiento por parte del enfermo, aunque ello conduzca a la muerte, como la retirada de una medida de sostén que lo mantenía con vida.

Dice la norma, además, que los actos castigados son sólo los necesarios y directos. Quedan pues despenalizadas también aquellas acciones que puedan provocar o adelantar la muerte de un modo indirecto como sería el caso de la sedación terminal en la que, supuestamente, las medidas para alivio del sufrimiento pudieran adelantar la muerte. 

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Los partidos políticos se muestran ambiguos sobre cuidados paliativos, testamento vital y eutanasia

Hasta ahora, cinco comunidades autónomas (entre las que no se incluye Castilla-La Mancha) tienen vigente una ley acerca del proceso de morir y la muerte. A nivel estatal, también existe la Ley 41/2002 Básica de Autonomía del Paciente.

Las leyes nos debían haber hecho más conscientes y exigentes en el respeto de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones tanto por parte del personal sanitario como de los usuarios de la sanidad. Al contrario, la realidad es que la consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades tiene pendiente profundizar de manera efectiva en el desarrollo de los derechos y autonomía de los pacientes.

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¿Por qué presenta el PSOE una proposición de ley de muerte digna?

Cinco años después de la aprobación de la ley de muerte digna de Andalucía (poco después Aragón y Navarra, recientemente Baleares y Canarias, y en trámite País Vasco y Galicia), no existen diferencias significativas entre territorios y en general en España se muere mal.

Las leyes no cambian la sociedad, pero contribuyen a ello, siempre y cuando sean el resultado de un debate y un consenso social. En el caso de la muerte digna, este debate y consenso está en la calle desde hace años, pero no en las instituciones. Aprobar leyes de muerte digna no sirve para nada cuando no existe la voluntad política de que se respete la ley de autonomía del paciente (2002) y muy especialmente el derecho del ciudadano al alivio del sufrimiento al final de su vida.

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Es hora de ejercer la autonomía y voluntad personal en el testamento vital

El primer reconocimiento de derechos sanitarios en nuestro país tuvo lugar en 1986 con la Ley General de Sanidad, que se adelantó y, en cierta medida inspiró los principios del “Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina”. Este convenio, suscrito por España y en vigor desde 2000, abordó de una forma más amplia y específica los derechos ciudadanos individuales frente a las actuaciones de la biología y la medicina. Sus exigencias normativas dieron lugar a la conocida como Ley de autonomía del paciente y, sucesivamente, a las leyes de voluntades anticipadas autonómicas y, más recientemente, a las de derechos y garantías en el proceso de morir de Andalucía, Aragón y Navarra.

Así, un modo previsto en las leyes para asegurar que el paciente pueda decidir él mismo sobre su persona incluso en situación de incapacidad es la declaración anticipada de voluntades; aunque recibe diversas denominaciones según las comunidades autónomas (testamento vital).

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La cobardía que sobra en España se complementa con la valentía de otros países

Debatir sobre cómo dignificar los procesos del fin de las vidas es un acto de valentía. Pero no olvidemos que los políticos son también personas, aunque muchos dudemos de su capacidad de empatía una vez se escudan tras los muros de sus protegidas moradas. Ellos también mueren, aunque seguramente mucho mejor que cualquier ciudadano de a pie. Pero en definitiva no hay que negar que tienen que salvar varios muros para poder gobernar de una forma acorde a lo que la sociedad les demanda.

El primero de ellos es su propio tabú hacia la muerte. El segundo es el tabú cultural judeocristiano, compartido por una gran comunidad de personas en forma de ideario común, y que tradicionalmente ha matizado de una manera muy decisiva a la muerte (siendo algo a evitar por cuanto supone “el juicio final”). El tercero, y el más reprochable de todos por cuanto de cobardía implica, es el tener que saltar el insalvable muro que les aleja de los ciudadanos, las personas para las que gestionan, y acercarse a su “día a día”, a sus historias de sufrimiento, a su tristeza, a su impotencia. En definitiva, ponerse en el lugar del otro, escuchar a las personas afectadas.

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Cómo no quiero morir cuando sea mayor

Es normal que con la edad nuestras capacidades cambien. Pero si bien ya no se dispone de la misma agilidad física, sí que la agilidad emocional y reflexiva suele mantenerse e incluso agudizarse por cuanto la experiencia que se tiene constituye unos conocimientos y habilidades difícilmente igualables.

Este cambio de capacidades, que a veces conducen a la dependencia, suele ser la base de tomar la palabra de nuestro abuelo, amigo, o padre, y hablar por él sin tener en cuenta sus opiniones o deseos. Realidad que contradice los derechos que en la Ley de Autonomía del Paciente se otorgan a las personas y que, todo sea dicho, tanto esfuerzo y siglos ha costado regular. Salto “a la torera” no sólo por parte de los cuidadores, familiares, o amigos, sino también por parte de los profesionales sanitarios al cuidado. 

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La moda de decir lo que todos quieren oír para no tener que escucharles más

Son ya cuatro los gobiernos autonómicos del estado español que disponen de una ley de muerte digna o de garantías en el proceso final de la vida. Estas son, por orden cronológico, Andalucía, Aragón, Navarra, y recientemente Canarias.

Pero también hay otras cuantas debatiendo las suyas. Son Galicia, Euskadi y Baleares. Como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras.

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"Solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir”

"Solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Así dice Valentina en un video que publicó ella misma hace apenas una semana, sin tener sus padres conocimiento de ello, en su muro de Facebook y que cuenta ya con más de 270000 reproducciones.

Valentina ya vio a su hermano mayor morir por la misma enfermedad, una Fibrosis Quística. Pero también a muchos otros amigos y compañeros de hospital. Hecho que le ha llevado a cansarse de vivir así, a agotarse: "Él era uno de mis mejores amigos y ver que estaba dando todo al 100% e igual sufría, verlo morir, me impactó”, decía a la BBC sobre lo que le había llevado a tomar esa decisión. Y completaba sus motivos diciendo que "han sido 14 años de lucha, de día a día, y para mi familia ha sido más. Estoy cansada de seguir luchando, porque veo el mismo resultado siempre. Es muy cansador.

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Derechos sanitarios no reconocidos: cuando ya no puedo vivir así

Como viene siendo habitual todos los primeros lunes de mes, a las 19:00 horas en la librería Taiga de Toledo (Travesía Gregorio Ramírez, 2), la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) celebra su tertulia mensual. En este caso, la del mes de marzo, con el título “Cuando ya no puedo vivir así”, versará sobre aquellos derechos que aún no son efectivos.

A pesar de la opinión ciudadana al respecto, realzada en los diferentes estudios realizados tanto por entidades públicas (Centro de Investigaciones Sociológicas -CIS-) como privadas (Organización de Consumidores y Usuarios -OCU-, o la misma Organización Médica Colegial), la disponibilidad de la propia vida más que constituir un derecho inherente al concepto de dignidad humana, en la práctica sigue siendo un delito tipificado por el código penal en el estado español.

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