Ciertamente toda regulación de conductas sociales requiere de unos criterios que, aunque puedan parecer arbitrarios y filosóficamente problemáticos, procuren garantizar los valores aceptados por la comunidad, que no son otros que los derechos humanos. Criterios que han de defender del abuso a los miembros más vulnerables de la sociedad.
En su versión lógica el argumento de la pendiente deslizante es absurdo, porque no hay ninguna razón por la cual la regulación de la eutanasia, que resulta del respeto a la libertad del individuo a disponer de su vida, vaya a justificar en ningún caso homicidios que no respeten la autonomía de la voluntad.
En su versión empírica el argumento escudriña los datos de eutanasia y suicidio asistido en Holanda y Bélgica, tergiversándolos en aras de una justificación que raya en el ridículo. Pero los datos son tozudos y demuestran que la teoría de la pendiente resbaladiza en Holanda (el recurso al miedo) no se ha confirmado. Los médicos rechazan un tercio de las solicitudes de eutanasia, las cifras (menos del 3% de muertes por eutanasia) se mantienen a lo largo del tiempo sin cambios significativos y no existen grupos vulnerables o socialmente desfavorecidos que soliciten con más frecuencia ni la eutanasia ni el suicidio asistido.
En 2005 las notificaciones de los médicos a la comisiones de verificación fueron del 80% de todos los casos de eutanasia. En el 20% restante los médicos no consideraron la ayuda a morir una eutanasia, sino una sedación paliativa, por lo que no lo declararon como tal. Esto mismo ocurre con los casos de terminación de la vida sin petición explícita del paciente, mal llamadas eutanasias involuntarias, en las que no hubo inyección letal, sino una sedación paliativa previamente hablada en el contexto de una relación de confianza entre médico de cabecera y la persona enferma.
Por otra parte, en Oregón, los datos también dan al traste con la teoría de la pendiente resbaladiza. El Department of Human Services anualmente publica un informe sobre la aplicación de la ley. Entre 1998 y 2013 los ciudadanos que se han acogido a esta ley han sido: 16 (1998); 27 (1999 y 2000); 21 (2001); 38 (2002); 42 (2003); 37 (2004); 38 (2005); 46 (2006); 49 (2007); 60 (2008); 59 (2009); 55 (2010); 71 (2011); 85 (2012); y 71 (2013). En relación con el total de fallecidos en dicho Estado, el número de muertes ocasionadas por suicidio asistido durante los 10 primeros años de su regulación oscila entre 5,5 por 10.000 fallecidos (1988) y 15,6 por 10.000 fallecidos (2007).
Pese a ello, en países como España se mantiene un debate por la disponibilidad de la propia vida en clave de besugos: con información interesada y teorías del todo empolvadas con tantas telarañas que ni con los mejores argumentos son posibles de depurar.
El gran Milan Kundera nos ilumina con estas palabras: “Los perros tienen muchas ventajas con respecto a las personas, pero hay una que vale la pena: en su caso, la eutanasia no está prohibida por la ley; los animales tienen derecho a una muerte caritativa. Karenin andaba con tres patas y pasaba cada vez más tiempo en el rincón. Se quejaba. El matrimonio estaba de acuerdo en que no podían hacerlo sufrir inútilmente. Pero la aceptación de ese principio no era suficiente para eliminar la angustiosa inseguridad: ¿cómo reconocer el momento en el que el sufrimiento ya es inútil?, ¿cómo determinar el momento en el que ya no merece la pena vivir?”
Los ciudadanos lo tenemos claro, pero a quienes compete involucrarse con compromiso siguen sin intenciones de humanizar y dignificar la vida.
Sobre este blog
DeciDir es un canto a la libertad. Una oda al amor fraternal y al respeto. Un espacio donde podemos conversar sobre todas aquellas cosas que nunca diríamos a nadie. Porque creemos que causan demasiado estridor y quizás los demás piensen que estamos locos. Pero sobre todo porque nunca las hemos conversado con nosotros mismos. Es hora de hacerlo. Hablemos, pues.
