El pionerismo como concepto político lo acuñaron los socialistas andaluces a partir de 1996, cuando el PSOE de Felipe González perdió las elecciones generales ante e,l PP de José María Aznar. Esos comicios se celebraron a la par que los autonómicos en el sur volvieron a ganar los socialistas y en el conjunto de España, perdieron. En esa campaña se sorprendieron con la numerosa asistencia a los mítines de Aznar en pueblos del interior de Andalucía, fortines irreductibles de la izquierda andaluza, en los que el mensaje de cambio de la derecha se dejaba oír aunque sin llegar a romper los robustos torreones de defensa construidos con la solidez que proporciona la memoria histórica.

La marcha de González le sentó bien al PSOE de Andalucía, dirigido entonces por Manuel Chaves, porque dejó de mirar hacia arriba, hacia sus mayores, ganó autonomía política y se impuso la obligación de recuperar el Gobierno de España poniendo en marcha políticas distintas a las de la derecha, con la pretensión de actuar como un potente espejo reflector. Le sentó bien al PSOE andaluz, aunque no a Andalucía, porque Aznar desplegó una política impermeable a toda demanda sureña, que acabó provocando otro invento político autóctono: la mal llamada confrontación.

El tribunal que juzga el llamado procedimiento específico por el que la Junta de Andalucía concedió ayudas a trabajadores expulsados del mercado laboral y a empresas en crisis determinará en su momento si el sistema era o no legal y si el reparto de 741 millones de euros durante casi una década (2001-2010) fue un fraude. Es la pieza política del caso de los ERE. También tendrá que decidir sobre la inocencia o culpabilidad de los 22 ex altos cargos acusados, entre ellos los ex presidentes andaluces y socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El "ciudadano Chaves", como lo llamó ayer su ex consejera Carmen Calvo desde la sala de prensa del PSOE, intentó dejar claro este lunes ante el tribunal que lo juzga por prevaricación administrativa que p or supuesto sabía que se estaban concediendo ayudas a los trabajadores afectados por los ERE, como sabía también que se daban becas, pero no cómo se daban porque no entraba en su ámbito de decisión. El otro dato que subrayó es que la estructura de un Gobierno está basado en el principio de la confianza por lo que "siempre" ha partido de que sus consejeros respetaban escrupulosamente la ley.

De los cinco presidentes de la Junta de Andalucía, el más brillante de todos ha sido sin duda José Antonio Griñán. "El hombre que lo sabe todo". Así lo describían sus amigos hace unos años, antes de que existieran los teléfonos móviles con acceso a Google, el buscador que convierte al más ignorante en una eminencia. A Griñán no le hace falta: es muy culto, ilustrado, con una gran memoria. Al contrario que muchos opinadores, Griñán tiene una opinión de casi todo precisamente porque sabe de casi todo, pero del caso de los ERE no sabía nada durante la etapa en la que fue consejero de Economía y Hacienda (2004-2009) con Manuel Chaves como presidente de la Junta.

Este miércoles ha declarado ante el tribunal que juzga el procedimiento específico seguido para conceder las ayudas sociolaborales y empresas en crisis, que la fiscalía estima ilegal, y que sienta en el baquillo de los acusados a 22 ex altos cargos, entre ellos, los expresidentes Chaves y Griñán. A este último, el fiscal le pide 6 años de cárcel por malversación y 30 de inhabilitación por prevaricación.

Cuando el Partido Popular decidió en el pasado mes de enero celebrar en abril una convención nacional en Sevilla para, entre otros motivos, relanzar al presidente del PP andaluz Juanma Moreno, el caso Cifuentes no existía. Moreno no tiene responsabilidad alguna de que en el cónclave popular que se clasura este domingo todo gire en torno al invisible máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid; a lo que diga y haga Cifuentes; a los que opinan lo que debe decir y hacer Cifuentes; a las interpretaciones sobre la intensidad del saludo de Mariano Rajoy a Cifuentes y las del abrazo y el cierre de filas decretado por Dolores de Cospedal en torno a Cifuentes; a los que apuestan por la dimisión inmediata de Cifuentes y a los que, por el contrario, aconsejan resistencia.

El caso Cifuentes lo ha tapado todo y el primer damnificado ha sido Juanma Moreno. Está claro que el PP de Rajoy tiene asuntos muy urgentes que resolver (Catalunya, Cifuentes, los Presupuestos), pero alguien en la dirección nacional del partido debería saber que la primera prueba electoral del calendario es Andalucía. Cospedal lo olvidó el viernes en la inauguración y nadie hasta ahora parece recordarlo, salvo el propio Moreno y, precísamente, Cristina Cifuentes.

Sería exagerado afirmar que en el PSOE andaluz se han alegrado de la desvaída escuela de gobierno organizada por su dirección federal celebrada el pasado fin de semana, pero tampoco es que estén apesadumbrados por lo que debería haber sido un éxito de organización y no lo fue. En el PSOE andaluz cada vez tienen más claro que cuanto menos se impliquen en la oposición política que lidera Pedro Sánchez, mejor para sus intereses, hasta el punto de que hay dirigentes que hablan de establecer "un cordón sanitario con las ocurrencias" de Ferraz.

De ese modo, califican la propuesta de Sánchez de limitar la subida de sueldos de los diputados al 0,25%, la misma prevista para los pensionistas. Creen que poner el foco en el sueldo de los políticos en vez de en la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones es un error mayúsculo propio de gente bisoña, sin experiencia y carente de rumbo fijo. Y que celebrar un encierro de dos días de dirigentes socialistas donde las ausencias han destacado más que las asistencias es una de las asignaturas que deberian de haberse impartido en la escuela socialista con el nombre de "Cómo no atarse los pies con los cordones de tus propios zapatos".

Forma parte del argumentario político el afirmar que las leyes que afectan a las reglas de juego hay que aprobarlas o reformarlas por unanimidad. Tiene toda la lógica y sentido común aunque en política no priman, a veces, ni la una ni lo otro. La ley Electoral es, sobre todas las demás, la regla de juego mayor, porque fija las disposiciones para toda elección por sufragio universal directo, el número de diputados, la circunscripción territorial, el sistema de elección.

El Parlamento de Andalucía acordó este jueves el dictamen de un grupo de trabajo para la reforma de la ley Electoral en el que queda muy claro la resistencia y oposición de los dos grandes partidos, PSOE y PP, cada vez menos grandes, a tocar la proporcionalidad del sistema. Eso es justamente lo que piden los partidos pequeños (Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida) que reclaman que el porcentaje de votos se refleje con mayor exactitud en el número de escaños que obtiene cada formación. Para ello, proponen el aumento del número de diputados (el Estatuto de Autonomía marca "un mínimo" de 109, los que hay ahora) o reducir los escaños en las provincias que han perdido población y aumentar los de las que han crecido.

En Andalucía no hay convocatoria electoral inmediata pero lo parece. No sólo por la tradicional lluvia de encuestas coincidiendo con la celebración del 28 de febrero, Día de Andalucía, sino por la agenda en algunos casos frenética de los partidos andaluces y sus líderes. También por las llamadas campañas institucionales de la Junta de Andalucía que después de años de sequía presupuestaria –ya se sabe que en épocas de tiesura, la publicidad es lo primero que se va y lo último en volver-, hasta han hecho una aprovechando el 14 de febrero, Día de San Valentín.

La Junta también ha publicitado recientemente lo bien que lo hace aplicando la ley de la Dependencia, y fechas conmemorativas internacionales como el Día contra la Mutilación Genital Femenina, el Día Escolar de la no Violencia y la Paz, el Día de la Igualdad Salarial o el Día Europeo de la Salud Sexual. Si las elecciones estuvieran convocadas, estas campañas no podrían hacerse porque la ley andaluza de Publicidad Institucional prohíbe los mensajes de autobombo, pero como no las hay, aunque lo parece, la Junta puede festejar, como hizo, hasta el Día Mundial de los Humedales.

Después de escuchar durante tres días en el juicio del caso de los ERE las declaraciones del que fuera director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ante la Policía Nacional, la Guardia Civil, la jueza Mercedes Alaya y la jueza María Núñez Bolaños cabe preguntarse por qué este personaje gestionó durante nueve años a manos llenas un fondo de casi 700 millones de euros para ayudas sociolaborales y empresas en crisis.

¿Cómo es posible que permaneciera desde 1999 hasta el 29 de abril de 2008 en ese puesto? ¿Cómo nadie advirtió su particular y, a juicio de los instructores, delictivo proceder en la gestión de una partida de una política central de la Administración de la Junta de Andalucía? Si alguien lo advirtió, ¿a quién se lo trasladó y cuándo y por qué no fue destituido? ¿Quién propuso al que fuera exalcalde de El Pedroso para el cargo?

Imagínense que en una comunidad autónoma se hubiesen celebrado elecciones hace tres años, que dos partidos nuevos hubiesen logrado representación en el Parlamento y que a un año para el final de la legislatura esos partidos ya no tan nuevos siguieran ausentes de instituciones de autogobierno o de control a las que por derecho les corresponde estar presentes, mientras las viejas formaciones mantuvieran intactas sus cuotas en función de los resultados obtenidos en la anterior competición electoral. Esta anomalía democrática ocurre en Andalucía y está pasando sin que pase nada.

En la actualidad, hay dos órganos de extracción parlamentaria, el Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y el Consejo Audiovisual, con el mandato ya caducado y que deberían haberse renovado para dar entrada a representantes propuestos por Podemos y Ciudadanos, los dos nuevos-viejos partidos que obtuvieron escaños en las últimas elecciones autonómicas. También ha entrado en el turno de reposición la Cámara de Cuentas de Andalucía. En los tres órganos, PSOE y Partido Popular mantienen sillones que ya no les corresponde y perderían en el reparto puestos de representación para dar entrada a Podemos y Ciudadanos.