Tenemos enormes retos por delante y como sociedad civil organizada no podemos ser un actor ajeno a esta campaña electoral, menos ante la situación de crisis y urgencia social, económica, política y medioambiental que queda invisibilizada en medio del sube-baja de número de votos del que hablan unos y otros, los ataques electoralistas superfluos y la verborrea de promesas, muchas veces vacías. Las políticas neoliberales de los últimos años basadas en la austeridad y los recortes en servicios y derechos, junto con las prácticas extractivas y de desposesión de recursos naturales de las multinacionales y la firma de acuerdos de libre comercio no solo han seguido aumentando la explotación de muchos países del hemisferio sur sino que han incrementado exponencialmente la desigualdad y puesto en peligro la vida de todos y el planeta en el que convivimos y del que somos interdependientes.

La emergencia climática nos exige que en un tiempo récord de apenas diez años revirtamos los efectos de décadas de excesos. En nuestro país la crisis de 2008 sirvió para implementar estas políticas y recortes que empobrecieron más a la población, elevaron los niveles de paro, convirtieron los servicios públicos esenciales en un lucrativo negocio y consolidaron una precariedad estructural que castiga especialmente a las personas más jóvenes y a las mujeres en quienes recae la sostenibilidad de la vida y los cuidados. Es decir, sus ‘soluciones’ ahondaron todavía más en las desigualdades y la falta de acceso al bienestar, porque los costes de la austeridad, las guerras, la contaminación o la pérdida de biodiversidad no quedan reflejados en el PIB. Vivir en paz, la dignidad, la salud, el medio ambiente o la equidad no se contabilizan en sus análisis económicos.