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Rafael Sanz Gómez

Investigador en Derecho tributario en la Universidad de Sevilla y activista en el movimiento por el derecho a la vivienda. Mi voluntad es entender, en uno y otro ámbito, dónde empieza y acaba el derecho, y cómo evitar que se lo apropien los de siempre.

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Una insoportable sucesión de mentiras

Resuena un grito ensordecedor contra el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Las personas que heredan en Comunidades Autónomas como Andalucía y Asturias tienen que pagar hasta cien veces más que quien hereda en la Comunidad de Madrid o ¡mil veces más! que quien hereda en Canarias. Hablemos claro, sin pelos en la lengua: esta desigualdad es inadmisible. Es absolutamente necesario que, sin más demora, las Comunidades Autónomas que tienen el impuesto prácticamente suprimido lo recuperen, para que todos paguemos aproximadamente lo mismo.

Ah, ¿que no se trataba de eso?

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Podemos y las confluencias en el Parlamento: ¿la cuadratura del círculo?

Como cada vez que estrenamos legislatura, dentro y fuera del Congreso se enciende el debate sobre quién puede y quién no puede formar grupo parlamentario. ¿Por qué este debate es importante? Porque, tal y como nos muestra el Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD), constituirse en grupo parlamentario ofrece ventajas obvias. Por una parte, materiales: el Congreso da a cada Grupo Parlamentario “locales y medios materiales suficientes”, además, los grupos reciben una subvención fija, que según la web del Congreso es de 28.597,08 € mensuales, o el reembolso de los gastos de buzoneo electoral.

Hay además una cuestión muy relevante de capacidad de acción. El grupo parlamentario es un sujeto clave de la actividad parlamentaria y se le atribuye la iniciativa para realizar muchas de las acciones relevantes en la vida del Congreso. Los debates se estructuran en torno al grupo parlamentario: hay un turno de palabra por grupo; cada grupo puede presentar una interpelación al gobierno por orden del día; y es costumbre que cada comisión parlamentaria tenga un representante por grupo parlamentario. Los diputados de aquellos partidos o coaliciones que, por no obtener la representación mínima exigida, ingresan en el Grupo Mixto, tienen que repartirse los tiempos (lo cual, con un grupo mixto excesivamente amplio, pone seriamente en riesgo su operatividad) y los espacios.

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Ser ciudadano molaba en el siglo XVIII

Dicen que en plena Revolución Francesa la gente se llamaba “ciudadano” por la calle. Frente al súbdito del Antiguo Régimen, el de ciudadano apareció como un concepto emancipador. El ciudadano formaría parte de una sociedad de libres e iguales: en 1789, el proyecto emancipatorio de la Ilustración, de la Modernidad, prometía grandes cosas, y cumplió una parte de ellas. Además, la presión de grupos sociales (las mujeres, la clase obrera…) consiguió nuevos ámbitos de reconocimiento y dignidades. La historia es conocida, al menos en sus grandes líneas. Pero, del mismo modo, el proyecto moderno contenía riesgos que también se materializaron y generaron espacios de exclusión. Y, como la Historia avanza, o eso dicen (al menos, los proyectos sociales nacen, crecen y mueren), ha llegado un momento en que la expansión de la ciudadanía a nuevos colectivos parece haber alcanzado un límite difícil de franquear: el de la nacionalidad. En el Estado del siglo XXI, el obrero puede ser ciudadano, la mujer puede ser ciudadana. Sin embargo, el extranjero no puede ser ciudadano: está excluido de la comunidad política y evidentemente, en una democracia representativa, si alguien no vota los políticos no tienen incentivo alguno para mirar por sus intereses.

En un mundo globalizado, la frontera es un mecanismo de segregación, un filtro que sólo opera sobre los pobres. Los nacionales de otro país pueden atravesar la frontera solo en determinados supuestos. La legislación de extranjería es una herramienta para clasificar la mano de obra: sirve para garantizar la entrada de una serie de trabajadores con contrato y tolerar la entrada de otros en situación irregular (digo “tolerar” porque al Estado le puede interesar, en determinados contextos, hacer la vista gorda. Por otra parte, una bolsa de trabajadores en situación irregular tiene el mismo efecto que un alto nivel de desempleo: incrementa el poder de negociación de los empresarios). La otra cara del filtro es que los extranjeros de alto nivel económico tienen un acceso mucho más sencillo a la residencia, a través del visado de residencia para inversores creado por la Ley de Emprendedores, y que se da a quien compre dos millones de deuda pública española o un inmueble valorado en 500.000 euros o más. Del mismo modo, esa ley facilita la entrada para tantear el terreno para “emprender”, pero no para buscar trabajo.

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Seis mil bebés borrados

El hostigamiento que los poderes públicos realizan contra las personas extranjeras tiene muchas formas, unas más obvias y otras más sutiles. De todas ellas, una especialmente grave y absurda es la creación de trabas para recibir asistencia sanitaria (o, en casos extremos, la negación absoluta de tal asistencia). Especialmente grave porque estamos jugando con la salud y la vida de la gente; especialmente absurdo porque las enfermedades se contagian. La salud es un bien público e indivisible.

En España, tenemos muchos ejemplos de exclusión sanitaria. El más claro ejemplo es la reforma impulsada por el PP en 2012, tras la cual ya no tenemos una sanidad universal. Además, la reforma de 2012 ha venido acompañada de una interpretación y aplicación totalmente restrictivas tras las que asoma una total falta de empatía y de escrúpulos, y que ha nos dejado episodios dramáticos.

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¡Cállese y tome mi dinero!

¡Buenas noticias! El Gobierno ha comunicado que cuando mejore la economía y el Estado comience a recaudar más, si la presión fiscal supera el rango del 38% o 39% del PIB, ¡el Partido Popular bajará los impuestos! Lo peor de la crisis ha pasado (un momento, ¿no decían lo mismo en 2014, y en 2013, y… en 2009?) y vamos a tener más dinero para… eh… pagar las prestaciones sanitarias que ya no nos cubre el sistema público… la educación, la luz y los medicamentos más caros… ¿y si resultara que la noticia no es tan buena?

En 2003, Zapatero pronunció una frase que nunca seré capaz de olvidar: “Bajar impuestos es de izquierdas”. Un año después ganó las elecciones. Heredó del PP una burbuja inmobiliaria que inflaba artificialmente tanto la actividad económica como los ingresos tributarios del Estado. El PSOE usó esos excedentes para reducir el déficit e introducir numerosas rebajas fiscales, muchas de ellas regresivas, como “devolver” 400 euros a cada contribuyente del IRPF o suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio. No se supo o no se quiso ver que se estaban aprobando beneficios fiscales confiando en unos ingresos que eran extraordinarios y se esfumaron al estallar la burbuja.

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Nos roban la salud con la Ley y la palabra

El 31 de agosto, eldiario.es daba la noticia de que una mujer venezolana había sufrido un aborto tras serle denegada asistencia médica varias veces en un hospital valenciano. La historia, terrible, condensa varias miserias que han crecido como hongos allá donde se cruzan el derecho y la economía y se subordina la dignidad humana a las exigencias del capitalismo más depredador.

Milagros Villalobos, la protagonista –sin duda a su pesar– de esta historia, emigró a España en 2006. Llegó un momento en que perdió su empleo y eso le impidió renovar su permiso de residencia: en términos generales, las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena sólo se renuevan si se ha trabajado la mayor parte del tiempo de su vigencia y se tiene un contrato en vigor en la fecha de renovación. Como no contaba con él, Milagros Villalobos quedó en situación irregular.

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Los lodos del desahucio exprés

El 20 de mayo de 2014, la Oficina de Vivienda de Madrid y el colectivo Distrito 14 organizaron un escrache contra Carme Chacón durante un acto de campaña. Si el objetivo del escrache es el de señalar a una persona para poner en evidencia alguna actuación que ha realizado, en este caso se trataba de recordar que, como ministra de Vivienda, Carme Chacón facilitó la práctica de desahucios.

Contra afirmaciones como ésta suelen lanzarse acusaciones de manipulación, de estar mintiendo o mezclando conceptos. Se afirma que las medidas impulsadas por Chacón y continuadas por su sucesora, Beatriz Corredor, no guardan relación (ni por el ámbito en que se aplican ni por las personas a quienes defienden) con la cuestión de los lanzamientos hipotecarios que desde hace unos años se ha conseguido colocar en el debate público.

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Una reforma fiscal al servicio de la especulación inmobiliaria

La vivienda es un elemento relevante en cualquier sistema tributario. Sobre ella inciden de alguna manera los principales impuestos, a través de los que se promueven también determinadas políticas públicas. El Informe Lagares -la propuesta de la denominada “Comisión de Expertos”- no es una excepción. Aunque el Gobierno ya ha anunciado que no va a seguir algunas de sus propuestas, no está de más analizarlas. Y no lo está porque muchas de ellas provienen, en realidad, de organismos internacionales (la Unión Europea, la OCDE o el FMI). No sería la primera vez que este gobierno se resiste a asumir sus recomendaciones pero acaba por implementarlas: es, precisamente, lo que pasó con la supresión de la deducción por adquisición de vivienda. El PP no puede permitirse electoralmente atender todas sus propuestas -ya ha renegado de dos-, pero el informe puede interpretarse como una “hoja de ruta” para el largo plazo. La previsión aconseja, pues, analizar sus medidas, qué lógicas las inspiran y a quiénes benefician. Veámoslas.

El IRPF español es un impuesto dual. Esto significa que grava por separado las rentas del ahorro (dividendos e intereses, principalmente) y el resto de rentas, como las del trabajo o las derivadas de actividades económicas por cuenta propia. Esta dualidad sirve para otorgar una clara posición privilegiada a la renta procedente del ahorro. Los expertos proponen que todos los rendimientos derivados de la vivienda pasen a tributar al tipo reducido del ahorro. Así, quien vive del alquiler de sus propiedades pagaría menos impuestos que un trabajador o trabajadora.

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