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Ylenia Pulido González

Estudié Derecho en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y he cursado seminarios sobre Derechos Humanos, Derecho Internacional, Derecho Comunitario, Poder Judicial o criterios de interpretación de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género. Licenciada en Derecho y actualmente consejera de Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria.

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Los rostros perdidos de la guerra

Hace poco nos despertábamos con una noticia desgarradora, Alemania confirmaba que casi 5.000 menores refugiados han desaparecido de su país. Mi desazón desde entonces no ha encontrado mucho eco y esto me ha llevado a una reflexión que quiero compartir con ustedes. Porque, ¿cómo es posible que no haya habido reacción al respecto? Sinceramente, a veces creo que no nos importa mucho porque “no son nuestros niños y niñas”. Y explico:

Siria vive una situación que se recrudece por segundos, allí los menores sufren barbaridades que muchas veces les conducen a la muerte y, aunque se nos llena la boca dando soluciones al caos que viven en su país, la torpe Europa reconoce que hay sospechas acerca de que muchos de los menores refugiados hayan podido ser utilizados como esclavos sexuales o, incluso, hayan podido acabar en redes de mendicidad en otros países. Abiertamente, sin descaro y sin aparente solución, se reconoce que estamos ante “víctimas fáciles” que también pueden caer en redes de trabajo infantil para pagar a los traficantes que les han traído a Europa. Mientras la situación sigue siendo penosa y la gestión lamentable, Europol estima que son más de 10.000 los niños y niñas desaparecidos en todo el continente.

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El perfil de ADN y su regulación legal

Actualmente, hay una falta de regulación legal específica en materia de intervenciones corporales, algo que habría de solucionarse con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

A priori, constitucionalmente nos encontramos con la regulación del derecho a la intimidad (art. 18 CE), no existiendo, como sí se da en el caso de la inviolabilidad domiciliaria y en el secreto de las comunicaciones, reserva absoluta de previa resolución judicial.

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El procedimiento penal y la figura del imputado

Nuestra constitución prevé en su catálogo de derechos fundamentales el derecho a un proceso público con todas las garantías(artículo 24). En el procedimiento penal, estas garantías se plasman en una amalgama de derechos que garantizan a los acusados cuestiones tan básicas como conocer el delito que se les imputa o garantizar que, en caso de condena, ésta no será sobre hechos distintos a los que constituyen el objeto del juicio oral.

Todas éstas garantías se reflejan perfectamente en la propia constitución de una manera clara y sencilla, encontrándonos expresamente para el ejercicio de la defensa el derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia, lo que, en la práctica, da derecho a mentir, no dejando pasar nunca que la presunción de inocencia implica que, en caso de que estemos imputados por un delito, no somos nosotros los que debemos probar nuestra inocencia; al contrario, es el acusador quien tiene que demostrar el hecho y la participación del acusado.

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Crueldad animal y legislación penal

Cada año, 60.000 animales son maltratados en España en fiestas populares y 200.000 animales son abandonados; entre ellos, 150.000 perros y 50.000 galgos encuentran la muerte asesinados. Algunos animales son llevados hasta la extenuación, mutilación, desnutrición, parálisis, daños irreparables o incluso hasta la muerte.

En el año 2004, se incluyó en nuestra legislación penal el delito de maltrato a los animales domésticos, tipificado en el art. 337 CP tras una legislación nada satisfactoria y es que, como advertía el Fiscal Coordinador de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, en un artículo publicado en El País en el año 2006: “la conciencia de atizarle al perro sigue estando arraigada y eso tiene que cambiar”.

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Qué hacer si el inquilino no paga

Cualquier propietario que desee alquilar su vivienda tiene siempre la duda de saber si ese alquiler le será o no rentable en relación a un posible impago y que el inquilino no abandone la vivienda.

Judicialmente, existe el llamado procedimiento de desahucio, a efectos de reclamar las rentas no pagas y para conseguir que el deudor abandone la vivienda.

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¿Están nuestros datos protegidos?

¿A quién no le suena aquello de “no puedo darle información por la protección de datos”? Son frases cada vez más recurrentes gracias a la Ley Orgánica de Protección de Datos con la que se pretende garantizar y proteger, sobretodo, los derechos fundamentales de las personas físicas y, especialmente su intimidad y privacidad personal y familiar.

La ley, así como el real decreto que la desarrolla, pretende regular el tratamiento de los datos y ficheros donde existan señas de carácter personal y, de hecho, es de obligado cumplimiento para todas las personas físicas o jurídicas que posean este tipo de información de clientes, usuarios o empleados.

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¿Puedo librarme de la mesa electoral?

Cuando se acercan las elecciones, sea la administración que sea, crece en la población una especie de miedo a la mesa electoral, desconociendo muchas veces que cabe la posibilidad de alegar, dentro del plazo de siete días, causa justificada y documentada que impida la aceptación del cargo; pero ¿qué es causa justificada y documentada?

La Junta Electoral Central ha publicado los impedimentos y excusas justificadas para los cargos de presidente y vocal de las mesas electorales.

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Estoy en el ASNEF, ¿y ahora qué?

Una vez que se dejan de pagar ciertas deudas, es posible que los acreedores insten a la inscripción del deudor en el temible fichero ASNEF; pero, ¿qué es el fichero de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito?

Se trata de un banco de datos relacionados con el incumplimiento de obligaciones dinerarias. Su finalidad es prestar información a sus miembros respecto de la solvencia patrimonial, así como de los cumplimientos -e incumplimientos- de las obligaciones económicas de quienes solicitan algún tipo de financiación.

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El delito contra la seguridad vial, una realidad cercana

No es extraño conocer a alguien que haya sido imputado o condenado por atentar contra la seguridad vial. Se trata de delito más frecuente de lo que se piensa y, en ocasiones, son demasiados los reincidentes. Una lástima para nuestra sociedad, ya que debemos estar plenamente concienciados de los peligros que pueden darse al volante y de las consecuencias de los actos que constituyen delito.

Nuestro código penal recoge varios delitos tendentes a proteger la seguridad vial, con sus correspondientes sanciones. El supuesto más común es el de conducir bajo los efectos del alcohol, que conllevará una infracción administrativa y también penal cuando el conductor supere la tasa de alcohol de 0,60 miligramos por litro en aire espirado o 1,2 gramos por litro en sangre.

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Pensión alimenticia a favor de los hijos

Al conocer el caso de una madre que, teniendo la guarda y custodia de sus hijos, percibe una elevada cantidad de dinero en concepto de pensión de alimentos a favor de éstos, tendemos a pensar que todos los casos son iguales. Sin embargo, la pensión a abonar por el progenitor no custodio depende de varias circunstancias.

En primer lugar, conviene aclarar que la pensión de alimentos será abonada por aquel progenitor que no tenga la guarda y custodia de los menores, es decir, aquel que no ostenta de manera habitual el cuidado de los niños.

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