La abogada Leonie Timmers (Bennekom, Países Bajos, 37 años) trabaja desde 2019 en un despacho de abogados de tres apellidos británicos a los que, en una fusión reciente, se ha añadido un cuarto estadounidense: Herbert Smith Freehills Kramer.
Residente en Madrid desde hace nueve años, Timmers habla un castellano fluido y sin titubear, al menos cuando el tema de conversación es el greenwashing (ecoblanqueo, ecopostureo), un asunto que conoce bien y al que dedica buena parte de su jornada laboral.
Su trabajo consiste en asesorar a las empresas sobre cómo no caer en el lavado verde de imagen. Es algo así como una fact-checker del greenwashing para ahorrar a las compañías problemas legales, ahora que las normativas europeas tratan de acabar con la publicidad engañosa sobre medio ambiente y otras prácticas consideradas desleales hacia los consumidores y la competencia.
¿Por qué un despacho de abogados ofrece un servicio a las empresas de revisar sus publicaciones y detectar riesgos de greenwashing?
En primer lugar, porque todo el proceso se desarrolla bajo secreto profesional, lo que brinda a las empresas un entorno seguro y confidencial para abordar cuestiones sensibles con total libertad. Por otro lado, en HSF Kramer contamos con una sólida práctica contenciosa. Asesoramos a clientes en investigaciones regulatorias y procedimientos judiciales relacionados con greenwashing en distintas jurisdicciones del mundo.
¿En qué consiste el lavado verde de imagen?
Es hacer una declaración sobre un impacto ambiental positivo de algo sin basarse en nada particular. Es decir: “Mi producto es ecofriendly” sin explicar por qué o sin tener hechos verificados para decirlo. O afirmar que un producto es más sostenible que otro sin tener una clara base para comparar los dos. No es necesariamente mentir, sino no demostrarlo.
Lo ambiental vende. Pero si una empresa dice "mi producto es sostenible", pero no tienes pruebas, y un competidor dice "yo no voy a decir que mi producto es sostenible sin poder probarlo", la primera empresa se puede llevar consumidores que de lo contrario podrían ir a la otra compañía. Es competencia desleal
El marketing consiste en pintar una imagen bonita, y está bien, pero debería no ser tan extravagante como se ha hecho. Estamos en un momento en el que lo ambiental vende. Una vez las empresas lo ven, todas se pintan de verde. Luego está lo que cae más en la competencia desleal. Si una empresa dice “mi producto es sostenible”, pero no hay pruebas para verificarlo, y un competidor dice “yo no voy a decir que mi producto es sostenible sin poder probar que lo es”, la empresa que lo hace sin verificación se puede llevar consumidores que de lo contrario podrían ir a la otra empresa. Es competencia desleal y es engañoso para el consumidor, que quiere ser sostenible y no tiene información para saber cómo puede serlo, porque le están mintiendo.
En España tenemos el precedente de Iberdrola y Repsol. ¿Cuántos casos hay en Europa?
Bastantes, no te sabría decir un número, pero la mayor parte es sobre cuestiones ambientales engañosas. Ese ha sido el enfoque principal de los casos, el greenwashing, pero también hay algunos de lavado social. Empezamos a ver un mayor foco en las alegaciones ambientales de las empresas, por ello la normativa se ha centrado en regular esta práctica. En los países del norte de Europa, las asociaciones de consumidores y ONG son muy activas, son ellas las que denuncian.
¿Cómo de frecuente es dar la razón a la empresa demandante?
Muy frecuente. Tenemos una base de datos de casos de greenwashing con, al menos, unos 100 casos en total. En muchos se da la razón a la parte demandante. En el sector financiero, por ejemplo, un fondo dice: “Yo soy sostenible, y me comprometo a que el 50% de mis inversiones sea en proyectos con una nota de compromisos ambientales de, digamos, 8 de 10. En muchos casos se ha investigado si eso efectivamente es así y, si no lo es, ha habido multas. Esos ejemplos en el sector financiero se dan siempre a través del supervisor regulador, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aquí.
Que un regulador haya emitido sanciones a una entidad financiera por estos casos de greenwashing ha ocurrido en Francia, Luxemburgo y Alemania, que yo sepa. En el caso de Alemania fueron millones, una sanción muy alta a DWS, la gestora de activos de Deutsche Bank. En el sector de los productos de consumo son más las agencias de consumidores las que impulsan los casos, o la competencia.
¿Hay una repercusión legal si una empresa miente en su recuento de emisiones asociadas a su actividad económica?
Publicar información incorrecta en las cuentas anuales es un delito, incumple la ley porque las cuentas deben mostrar el valor real del negocio. Ahora, además de publicar los resultados financieros, hay que incluir la información no financiera de sostenibilidad en las cuentas anuales. Si hay información engañosa puede pasar que, por ejemplo, los auditores no quieran firmarlas porque ven cosas que no cuadran. Otro riesgo son las sanciones registrales. Por ejemplo, el cierre de la hoja registral de una sociedad que ha tenido irregularidades en sus cuentas anuales, incluida la información sobre su impacto ambiental. Esto genera problemas en ámbitos como el acceso a financiación, la obtención de subvenciones, la participación en licitaciones y la comercialización de productos y servicios.
El paquete legislativo Ómnibus ha retrasado dos años, hasta 2028, las obligaciones de informar para para el segundo grupo de empresas a las que afectará la directiva; también se han cambiado los umbrales a las empresas a las que se les aplica primero: antes afectaba a las de más de 250 empleados, ahora lo quieren subir a los 1.000
¿En qué punto está la regulación sobre la obligación de informar de los impactos ambientales ahora mismo?
El paquete legislativo Ómnibus ha retrasado las obligaciones de informar: en lugar de 2026 para el segundo grupo de empresas a las que afectará la directiva, ahora va a ser 2028. También se han cambiado los umbrales a las empresas a las que se les aplica primero: antes afectaba a las de 250 o más empleados y ahora lo quieren subir a los 1.000. Así, hay muchas menos empresas afectadas por la directiva: el 80% de las empresas a las que en principio se iba a aplicar se deja fuera. Esto se sigue negociando a nivel europeo.
Más allá de lo que se está regulando en Bruselas, ¿con qué mecanismos legales contra el greenwashing contamos ya?
Lo que se ha aprobado ya es la Directiva de empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica. Esta directiva modifica la legislación existente que dota de protección al consumidor, y también la directiva sobre prácticas comerciales desleales, que incluye un listado de prácticas que son desleales per se.
Antes de aprobarse esta nueva directiva no se incluía nada sobre alegaciones ambientales. Con la aprobación de esta directiva hay diez o 12 cosas que tienen que ver con declaraciones ambientales que se consideran desleales. Por ejemplo, el uso de etiquetas no verificadas o poner “sostenible” cuando no lo respalda ningún organismo oficial. También afirmaciones genéricas sin base científica, sin información sobre la durabilidad o la reparabilidad de los productos, prácticas engañosas relacionadas con la sostenibilidad… Se amplía la lista de prácticas comerciales que se consideran engañosas. En el momento en que se apruebe esa directiva tendremos la foto completa: la prohibición de dar una declaración genérica sin verificación y la respuesta a cómo verifico esa información. Va a estar mucho más claro para una empresa lo que puede hacer y lo que no. A mí me parece que son cosas bastante obvias. Lo de las etiquetas no verificadas se hace mucho. Agua que dice cosas como '100% sostenible', y es algo que puso el equipo de marketing y parece como un sello, pero no existe.
No es fácil ser una empresa en este ambiente porque es verdad que hay compañías que tienen muy mala fama, como las petroleras o las de moda ultra rápida, y pueden hacer muchas cosas, pero la gente siempre va a rechazarlos por su propio modelo de negocio
¿Hay una preocupación en las empresas con las que trabajan en el despacho de que las puedan demandar más con las directivas en vigor?
Las empresas ya saben que la sostenibilidad no es un tema que pueden dejar a su equipo de comunicación o de marketing sin revisarlo. Es un tema en el que tienen que trabajar juntos para dar un mensaje adecuado y saber que lo que dicen es verdad.
Antes se podía poner un caso de estudio bonito en un informe de sostenibilidad y ahora, antes de hacer eso, hay que pensar muy bien en si alguien –un regulador, una ONG, los consumidores– puede señalarte por ello.
¿Cómo ve que haya empresas que quieran esforzarse por mejorar su impacto, pero una parte de la sociedad no se lo permita, pues siempre dudará de todo lo que hagan y lo calificará automáticamente como 'greenwashing'?
Todavía hay mucho por hacer. No es fácil ser una empresa en este ambiente porque es verdad que hay compañías que tienen muy mala fama, como las petroleras o las de moda ultra rápida, y pueden hacer muchas cosas, pero la gente siempre va a rechazarlos por su propio modelo de negocio.
Por otro lado, me parece muy bien que haya más claridad sobre lo que debes y no debes hacer. No deberías decir que tu ropa es la más sostenible si no tienes pruebas para demostrarlo o si no estás mirando todo el ciclo de vida de tu producto.
Combatir el greenwashing es tratar el tema con seriedad. El cambio climático, los problemas de sostenibilidad, no son inventados, son problemas reales. Si queremos seguir viviendo en este mundo tenemos que tomarlo en serio y no solamente pensar en el corto plazo y en hacer dinero. Tenemos que pensar que hay alguna forma de cambiar nuestra manera de pensar sobre qué es ser una persona y una empresa responsables en este mundo. Y a lo mejor eso pasa por ganar menos beneficios, porque tienes que invertir más en la sociedad. Veo necesario que haya ese escrutinio porque si no, nunca cambia nada. Y ya cambia muy poco, y ya estamos fatal.