Interior expulsó a Mauritania a varios migrantes que aseguraron ser menores en un operativo “con evidente efecto intimidatorio”

En el vuelo de Frontex que partió el 20 de enero desde Gran Canaria con destino a Mauritania no solo viajaban 14 personas que habían expresado su voluntad de pedir asilo, sino que también iban a bordo “varios repatriados que aseguraban ser menores y que no se les había realizado ninguna prueba de determinación de la edad”. La ficha de seguimiento elaborada por los técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) del Defensor del Pueblo expone que esta cuestión ha sido trasladada al Área de Migraciones e Igualdad de Trato para que se estudie y se acometan, en su caso, las actuaciones pertinentes. 

El operativo, mediante el que fueron expulsadas 46 personas a Noadhibou (siete mauritanas, 34 malienses, cuatro senegalesas y una de Costa de Marfil), se desarrolló con “evidente efecto intimidatorio”. “El convoy policial que trasladaba a los ciudadanos que iban a ser repatriados se situó junto a la escalerilla trasera del avión y se formó un fuerte despliegue policial”, señala la ficha del MNP. Además, los registros personales fueron realizados en la pista de aterrizaje “delante de numerosas personas”, pudiendo comprometer su derecho a la intimidad. Ante esto, el Defensor del Pueblo propone habilitar una forma alternativa que no implique la exposición de la persona al público. Por su parte, algunos agentes “no portaban su número de identificación sobre el chaleco” y ninguno de ellos llevaba el chaleco de la agencia Frontex. 

La comunicación entre los supervisores y las personas expulsadas se vio dificultada, ya que el intérprete no hablaba el idioma de varios de los migrantes deportados. Sin embargo, en las entrevistas mantenidas con alguno de ellos, estos refirieron no haber sido informados de la posibilidad de solicitar asilo y que no conocían con antelación suficiente ni cuándo ni a dónde iban a ser enviados. El MNP sugiere que se debe garantizar que las personas repatriadas conozcan estos datos con bastante anticipación. En esta línea, ningún funcionario del operativo pudo asegurar al equipo que los ciudadanos iban a ser trasladados a sus respectivos países. 

Errores documentales 

“Se observaron errores en la consignación de datos en la documentación relativa a las repatriaciones”, reza la ficha de conclusiones. De acuerdo con el Defensor del Pueblo, la presencia de inconsistencias en la documentación es “frecuente”, por lo que sugiere “extremar el celo” al plasmar los datos relativos a los ciudadanos que van a ser deportados.

Las deportaciones, tres en lo que va de año, se enmarcan en el acuerdo migratorio que existe entre España y Mauritania. Este convenio puede aplicarse a personas que no son nacionales del país de destino siempre y cuando hayan pasado por el territorio en su itinerario. Sin embargo, en las resoluciones de devolución “no se invoca” este pacto, “que serviría de base para la repatriación a un país del que los repatriados no son nacionales”. No obstante, el MNP también ha solicitado información sobre los elementos que permitieron acreditar o “presumir” que las embarcaciones en las que llegaron a Canarias las 46 personas expulsadas partieron de Mauritania. 

En los autos de internamiento a los que tuvo acceso Canarias Ahora, 14 migrantes expulsados el 20 de enero subrayaron que su punto de partida había sido Senegal, no Mauritania.  

El vuelo del 27 de enero 

Un mauritano, 38 malienses y tres senegaleses también fueron expulsados a Mauritania desde el aeropuerto de Tenerife Norte el 27 de enero. Una técnica del MNP y un médico forense supervisaron el operativo de Frontex, concluyendo que “no siempre se facilita a los médicos que participan en los dispositivos de repatriación los historiales sanitarios de aquellos repatriados que presenten particularidades médicas conocidas”. Además, todos los documentos fit to travel en los que se acredita que los ciudadanos no tienen ninguna patología que les impida volar “eran idénticos”. 

De las 38 personas de Malí que fueron expulsadas, cuatro habían nacido en lugares del país que ACNUR refiere como “regiones de no devolución” por la falta de seguridad y situación humanitaria. De estas cuatro personas, finalmente volaron dos, ya que los demás habían pedido asilo en el Centro de Internamiento de Extranjeros. “Se desconoce si se realizan gestiones para garantizar la seguridad de las personas que han de entregarse a otros países”, asevera la ficha.