Tres años de desencuentros entre los dos empresarios y el club
En noviembre de 2005, cuando la UD Las Palmas perfilaba y apuraba los plazos para cerrar su propuesta para el convenio de acreedores, Vicente Boluda y Manuel Freire se desmarcaron de la corriente de apoyo al club para que el proceso concursal que atravesaba se superara con éxito y ambos comenzaron a tensar su relación con la institución Pío XII. En aquel momento, los empresarios se negaron a condonar los 1,2 millones de euros que avalaron -cada uno- en 2002 en auxilio de la Unión Deportiva. Ahí comenzó una relación de desencuentros que este jueves, con la sentencia que desestima una demanda de Boluda y Freire contra la propia Unión Deportiva y siete ex consejeros, ha desarrollado un nuevo episodio.
Aquella negativa de Boluda y Freire a condonar 2,4 millones de euros obligó a la entidad a variar sus planes de propuesta para el convenio de acreedores y así poder ajustar la cifra final de la deuda garantizada de pago, que no debía sobrepasar los 21 millones de euros. Para lograrlo, el club amarillo tuvo que solicitar un esfuerzo al resto de acreedores, que consistía en elevar al 50% el resto de las quitas y que, con anterioridad, ya habían sido pactadas en un 33%.
Ese primer desencuentro originó que los empresarios emitieran un comunicado para posicionarse ante las críticas que recibieron, en días posteriores, por no condonar la deuda. Tanto, incluso, que recalcaron que “no haber puesto en peligro la salvación” de la Unión Deportiva. También acusaron a Miguel Ángel Ramírez de “negarse en rotundo a negociar la deuda y ha rechazado negociar las propuestas” que ambos le realizaron para, por último, subrayar que habían “realizado un importante esfuerzo económico para evitar la desaparición de la UD Las Palmas” y reiterar que seguían “dispuestos a colaborar en un futuro con dicha institución”.
La respuesta de la UD Las Palmas fue inmediata. El club envió un comunicado a los medios en el que acusaba a los empresarios de pretender distorsionar la verdad de manera temeraria a la opinión pública“. Poco después se supo que el verdadero deseo de Freire y Boluda era recuperar el dinero firmado como aval en líquido, y no con la pignoración de palcos y butacas VIPS del Estadio de Gran Canaria.
Sin alcanzar una solución, los empresarios decidieron presentar una demanda contra la UD Las Palmas, que posteriormente ampliaron incluyendo en la parte demandada a los ex consejeros Luis González, Manuel Campos, Ricardo Ríos, Rafael León, Manuel García Navarro, Ángel Marrero y Manuel Aguiar.
El juicio, en marcha
El juicio comenzó a celebrarse el 14 de febrero, pero fue aplazado hasta el 3 de julio por la incomparecencia de Sonia Ferrera, secretaria del Consejo de Administración presidido por Luis González en la temporada 2002/03.
“Era fundamental su interrogatorio porque era la asesora letrada de Luis González y firmó, en su condición de secretaria, actas de la entidad, por lo que, al no venir este testigo fundamental, se ha procedido a la suspensión del juicio”, expuso en ese momento Mario Ghosn, representante jurídico de la Unión Deportiva Las Palmas.
En ese momento, Freire dijo estar “dispuesto” a llegar a un pacto para el pago fraccionado de estas cantidades“, aunque insistió en su enfado y dijo estar ”muy afectado“ por haber alcanzado este extremo.
El proceso judicial prosiguió el 3 de julio en una vista marcada por unas declaraciones de Manuel Freire, en las que afirmó que “el juez Cobo Plana me llamó y me amenazó” cuando éste conducía el proceso concursal de la Sociedad Anónima Deportiva.
La sentencia, revelada este jueves, parece desmontar las tesis de Freire y Boluda que, sin embargo, podrán recurrir el fallo de la jueza María del Carmen de León Jiménez.
