Un año de “acuerdo por la ciudadanía”

Hace unos días el gobierno municipal de nuestra ciudad – formado por el PSOE, Las Palmas de Gran Canaria Puede y Nueva Canaria – cumplió su primer año de mandato. Los tres partidos firmaron un documento que denominaron “Acuerdo por la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria”, en el que se repartían las áreas de gobierno y en el que figuraba un acuerdo programático con las prioridades a tener en cuenta en los cuatro años del mandato municipal.

Este acuerdo programático hacía mucho hincapié en temas sociales. Ahora, un año después, creo que es un buen momento para revisar y comparar la teoría (el documento) con la práctica (hechos concretos).

En el documento se habla de crear una “Oficina anti-desahucios en el Ayuntamiento”. A día de hoy, no se sabe nada de dicha oficina. El alcalde anunció que se iba a crear un censo de posibles desahucios, pero hasta ahí llegó la cosa.

Se anunciaba impulsar – en los primeros 100 días de gobierno – un “Plan de Rescate Social y Contra la Pobreza, orientado a proporcionar un lugar donde vivir, alimentos y suministros básicos (agua y luz) a las personas […] que carezcan de recursos suficientes para acceder a una vivienda digna y atender sus necesidades vitales”. El plan se presentó en 2016, con algunos meses de retraso. Es cierto que en el presupuesto de este año hay una partida de 300.000 euros destinada a las familias que no puedan pagar el agua de abastecimiento, pero también lo es que a día de hoy no se sabe como se va instrumentalizar esa ayuda, y que nadie se ha beneficiado de ella. Con respecto a las ayudas para el pago de la energía eléctrica, hay un presupuesto de 10.000 euros y se acaba de firmar hace pocos días un convenio con Endesa. Dudo que con ese presupuesto se llegue muy lejos…

En agosto de 2015 se anunció una rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para el 2016 que afectaría a 20.000 familias, atendiendo a las dificultades sociales que padecían. A día de hoy, no se sabe a quiénes beneficiará la ayuda, ni cuáles son los criterios para poderse acoger a ella. Las personas que tienen domiciliado el pago fraccionado en varios meses, ya están pagando el IBI de este año, sin ningún tipo de ayuda.

A día de hoy, las ayudas para el alquiler de viviendas o están bloqueadas o no existen. Las solicitudes presentadas en enero de este año no han recibido respuesta aun. Tampoco se ha solicitado a los demandantes que presenten documentación alguna. Y eso que el documento decía “…y fomentaremos el programa de ayudas de alquiler para las personas con menores recursos”.

Pero lo más llamativo del documento es el apartado dedicado a “La contratación de los servicios municipales”, en el que dedica unos párrafos a los Pliegos de Condiciones que se establecerán en los nuevos contratos a adjudicar. En él, entre otras cosas, se dice “…se establecerán criterios y mecanismos en los procedimientos de contratación de bienes y servicios, de manera que estos contribuyan a la dignidad, la solidaridad, la sostenibilidad, la equidad social y de género”. En el siguiente párrafo se dice “…en las licitaciones públicas se contemplaran criterios de discriminación positiva para las empresas que contemplen criterios ecológicos o sociales, que garanticen la creación de empleo y el mantenimiento de los salarios, así como para las que ofrezcan mejoras de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras…”.

Hasta ahí la teoría. La realidad ha sido que ninguno de los contratos que ha firmado el gobierno municipal desde que tomó posesión hace un año, ha recogido nada de lo que se dice en el “acuerdo por la ciudadanía”.

Pero hay un caso que es, tal vez, el más sangrante. Es el contrato de ayuda a domicilio para los próximos cuatro años y que está pendiente de adjudicación. El importe total del mismo es superior a 33 millones de euros y el departamento que lo gestiona es precisamente el de Cohesión Social. Los criterios que sirven para baremar las ofertas son todos exclusivamente económicos. Juzguen ustedes: 75 puntos a la mejor oferta económica por hora laborable trabajada. Cinco puntos por la mejor oferta en hora nocturna o festiva. Cinco puntos por horas de limpieza de choque sin coste para el Ayuntamiento. Otros cinco puntos por horas de podología sin coste para el Ayuntamiento. Y así hasta llegar a los 100 puntos.

Me pregunto si a nadie se le cae la cara de vergüenza después de escribir el “acuerdo por la ciudadanía” y actuar en el sentido contrario, tal y como se hace con el contrato de ayuda a domicilio. Cualquiera puede entender que, cuando la oferta se basa únicamente en el precio, y lo que se está contratando es mano de obra, el coste del servicio va a recaer – exclusivamente – en el salario de los trabajadores. El que oferte más bajo será el que pague menos a los trabajadores. ¿Dónde están los criterios sociales y las mejoras de las condiciones laborales?

Lo último del área de Cohesión Social es la reducción en el plazo de concesión de las ayudas de prestación económica de especial necesidad (PEEN), que, según la nota de prensa del Ayuntamiento, ha pasado de 30 días a un promedio de 18 días hábiles. ¿Y los días de espera desde que van a pedir la ayuda y le dan hora para atenderlos la semana siguiente? De todas maneras eso de 18 días “hábiles” es un buen truco. Como no se cuentan los sábados y los domingos parecen menos pero, dependiendo de qué día de la semana atiendan al solicitante, los 18 días hábiles se convierten en 24 o 26 días, incluyendo sábados y domingos. Vamos que como publicidad está muy bien…

Es evidente que el “acuerdo por la ciudadanía” no solo no supera la prueba del algodón, sino que es un completo fiasco en su vertiente social, por lo menos en el primer año del gobierno municipal.