Apuesta por las renovables

Esta semana el pleno del Parlamento debatió el desmantelamiento progresivo y ordenado de las centrales térmicas en Canarias, que vendrá recogido antes del final de este año dentro del Plan de Transición energética, tal y como persigue desde el inicio de esta legislatura la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial que dirige José Antonio Valbuena.

Un compromiso serio que es necesario por razones medioambientales, sociales y económicas, las cuales se condensan en dos realidades muy concretas:

En el ranking de los 20 primeros contaminantes de España, se encuentran las dos centrales térmicas más importantes del sistema energético canario, pero también de las más importantes a nivel nacional: Granadilla (1,76 millones de toneladas de CO2) y Tirajana (1,62 millones) al cierre de 2019.

Sólo en este último año se ha producido una reducción de emisiones del 5,86% con respecto a 2018 en Granadilla, mientras que en Tirajana han permanecido constantes, tras años de crecimientos continuados, según los últimos datos publicados en 2019  por el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes del MITERD.

Esta situación provoca un sobrecoste muy importante sobre el recibo de la luz de todos los españoles, sin reportar beneficio alguno a los canarios. En 2020, Endesa-Enel percibió 1.283 millones de euros para compensar los sobrecostes de generación en los territorios no peninsulares, de los cuales casi 900 millones corresponden a Canarias, tal y como reflejan los últimos datos de CNMC.

Compensar la producción de electricidad con energías caras y contaminantes perjudica a todos los consumidores que podrían verse beneficiados con precios más bajos gracias a energías renovables, y además este dinero no se traduce en inversiones de Endesa en las islas.

Es especialmente preocupante la situación de Lanzarote y Fuerteventura, donde las emisiones se mantienen estables desde 2011, y donde no se ha producido ninguna reducción significativa en la última década. En el resto de las islas, los grupos más pequeños han reducido emisiones.

La agenda 2030 adoptada por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas tiene entre sus puntos combatir el cambio climático. 

Quedan muy pocos años para acometer esa revolución energética necesaria, y Canarias debe ser punta de lanza. 

Nuestro Gobierno decretó la emergencia climática en 2019 y esa emergencia climática no es gratuita. Con ello demuestra la preocupación y la sensibilidad de este Gobierno y los grupos parlamentarios que lo apoyan con esta cuestión.

Con una pandemia de por medio, no se ha cejado en ese empeño, es más, los difíciles meses transcurridos nos han hecho empeñarnos aún más en este propósito, porque cuando nosotros paramos, el planeta se repara.

Como representantes públicos debemos estar a la altura y ser conscientes del esfuerzo que estamos haciendo como ciudadanos, lo que está  haciendo toda la ciudadanía de Canarias en la reducción del consumo de energías fósiles.

Las instituciones no pueden ser ajenas al avance en la reducción y el fin definitivo del uso de combustibles fósiles en el sector de la generación eléctrica, uno de los principales sectores en la emisión de efecto invernadero.

En Canarias acusamos doblemente la insostenibilidad. Somos insostenibles económicamente y ambientalmente. La única manera de romper con esto es instalando nuevas fuentes de generación de origen renovable de manera ordenada.

La emergencia climática es real y los plazos de actuación muy cortos (año 2029). Aún estamos a tiempo de ganar la batalla.