Es inviable abandonar a su suerte a cientos de miles de ciudadanos en situación de dependencia por Jose Manuel Ramírez

Considerar inviable la protección a las personas en situación de dependencia que la Ley les reconoce como derecho, representa un paso atrás de dimensiones históricas en el concepto constitucional de Estado Social, trasladando la cobertura de algunas de las necesidades más básicas de los ciudadanos y ciudadanas a las iniciativas caritativas y solidarias de la propia ciudadanía, en lugar de asumir la responsabilidad pública mediante la garantía de derechos ciudadanos. Sería retornar a las prácticas benéficas y asistenciales pre-democráticas ya superadas y que hasta hace unas décadas marcaban el retraso de España respecto al resto de países europeos en protección social.

Podíamos esperar una cierta insensibilidad pero, dicho sea sin ánimo de ofender, no alcanzamos a entender la insensatez.

Si se cuestiona la viabilidad de la Ley de la Dependencia, se cuestiona el futuro de casi 200.000 puestos de trabajo actuales y un potencial de creación neta de otros tantos. Somos plenamente conscientes de que hay muchas cosas mejorables en esta política y una de ellas ?de enorme calado económico- es que se articule correctamente, a base de servicios que descarguen efectivamente al esforzado sistema de salud del lastre que supone el gasto en atención a personas con enfermedades crónicas.

Pero el fondo del asunto es más preocupante. España goza de un tesoro que heredará el próximo gobierno (aún): unos niveles de cohesión y paz social sorprendentes. Pero esa cohesión se compadece muy mal con los escatológicos datos de la economía real: un millón y medio de hogares con todos sus miembros activos en paro; más de doscientas mil familias en situación de desahucio de su vivienda; uno de cada cinco Españoles viviendo por debajo del umbral de la pobreza; un índice de desigualdad entre ricos y pobres que nos coloca en el puesto 24 de la Europa de los 27; ocho millones de personas que acudieron a los servicios sociales en 2009 (dos millones más que el año anterior)?

Profesionales del sector de los servicios sociales y todas las entidades solventes en materia de análisis de la pobreza y de la exclusión social llevamos tiempo alertando sobre las consecuencias obvias de esos datos si no se potencian políticas de servicios sociales inteligentes. Las bolsas de pobreza y marginación emergente no van a esperar a la quimera que se cree empleo rápido por la sola confianza del mercado en los nuevos gobernantes. Si se inicia el deterioro, se volverá imparable y quienes caigan al pozo de la exclusión forzada (hablamos de millones de personas) tardarán décadas en salir y a un coste humano inimaginable. Este es el momento para racionalizar y reforzar sin duda los servicios sociales que eviten esas pérdidas que nuestro país no se puede permitir.

Si el Partido Popular gana las elecciones y se recortan ?como ya han desvelado- los servicios sociales, tarde o temprano se tendrá que gastar mucho más en seguridad ciudadana para vigilar la extensa frontera entre ricos y pobres.

Deberían, por coherencia, recordar una vieja máxima liberal algo menos insensata: no wellnes, no business.

*Presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

Jose Manuel Ramírez*