A toda máquina por la cuchillería: el viaje en tren que salvó la navaja de Albacete hace un siglo

Albacete y su industria cuchillera llevan siglos defendiendo la identidad que a esta tierra le otorga uno de sus símbolos culturales más emblemáticos y sostén de cientos de familias: la navaja. Los embates se han repetido de forma sistemática a lo largo de los años, y el siglo XX fue reiterativo en este campo.

Esta 'hostilidad' se mantiene en la presente centuria. Los últimos acontecimientos son un ejemplo más de la inquina vertida en declaraciones públicas, propuestas normativas y reales decretos que mete a este producto artesanal en un saco (legal) común al hablar de armas blancas. Es algo que ha complicado sobremanera la realidad de una actividad industrial y artesana que, una vez más, ha sido diana de valoraciones subjetivas para resolver problemas basados en datos sacados de contexto e interpretados interesadamente, a pesar de que la cuchillería albaceteña es, desde hace casi una década, Bien de Interés Cultural (BIC).

Pero no es ninguna novedad. Así sucedió en 1920, cuando el sector cuchillero entró en pánico a cuenta de la reglamentación que pretendía aplicar a la cuchillería el presidente del Consejo de Ministros al frente de un gobierno del Partido Conservador, bajo el reinado de Alfonso XIII. El regalo envenenado que venía desde Madrid al día siguiente de concluir la Feria -ese año, el certamen festivo albaceteño se prolongó del 7 al 15 de septiembre- apareció publicado el 16 de septiembre en el número 260 de la Gaceta de Madrid, antecedente del actual Boletín Oficial del Estado (BOE).

En su exposición de motivos, el Real Decreto manifestaba que el Gobierno estaba alarmado por la “lamentable realidad que excusa comentarios”, haciendo alusión directa al clima de altercados, pistolerismo y huelgas violentas en las grandes ciudades; lo que, entendía el Ejecutivo, le obligaba a buscar la “seguridad de las personas y del orden público”.

Todo bajo el control de la Guardia Civil

Con esta normativa se otorgaba el control y la fiscalización diaria y total de la producción y existencias de todas las fábricas particulares de armas a la Guardia Civil, lo que suponía una asfixiante burocracia. Con ello, nada se podía mover, fabricar o transportar por ferrocarril, ni venderse en España, sin una Guía de Circulación o una Guía de Pertenencia autorizada y sellada por el instituto armado.

Para garantizar su cumplimiento, se fijaban multas de 250 pesetas por la primera infracción y de 500 por las siguientes, por cada arma que se vendiera o portara sin los papeles en regla. Para el obrero o fabricante de la época, aquello suponía la ruina económica instantánea o la cárcel si no podía pagar.

Además, cualquier arma que no fuera de caza y que se confiscara sin su correspondiente licencia sería completamente destruida y convertida en chatarra por las comandancias de la Guardia Civil. Así las cosas, este decreto ponía en el mismo saco un revólver que una navaja artesanal.

La ciudad no se quedó a verlas venir cruzada de brazos. Muy pronto, el sector comenzó a movilizarse y se constituyeron dos comisiones de fabricantes de navajas: una de pequeños industriales, quienes surtían a los vendedores ambulantes que llevaban sus productos a la estación de ferrocarril pregonando a voz en grito un conocido eslogan: ¡Navajas, navajitas de Albacete!, y una segunda comisión integrada por grandes productores.

Mientras tanto, las instituciones locales trataban de poner orden en ese desaguisado que pesaba como una losa sobre una actividad económica que sumaba cinco siglos de historia. Como era de esperar, afortunadamente, el asunto llegó a la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Albacete el 6 de octubre de 1920. Fue a raíz de una propuesta de la minoría socialista presente en este Consistorio, que dirigía como alcalde Fructuoso Manuel Fernández-Rodríguez Nieto, quien llevaba apenas cinco meses en el cargo cuando se encontró con este conflicto.

El alcalde era un ciervista convencido, esa facción del Partido Liberal-Conservador nacida en 1914 tras las disputas internas por el liderazgo de la formación y que encabezaba Juan de la Cierva y Peñafiel, padre del inventor del autogiro. Se ubicaba en el ala más a la derecha y autoritaria de los conservadores, compitiendo por el control del partido frente a las otras dos grandes corrientes de la época: los datistas, seguidores de Eduardo Dato, y los mauristas, partidarios de Antonio Maura.

Los socialistas exigen la apertura de un debate

Los concejales socialistas Manuel Fraile Conesa y Andrés García Lloret exigieron la apertura de un debate sobre el “gravísimo conflicto en que una absurda disposición del poder Central” había colocado a “los intereses de las clases trabajadoras del ramo de cuchillería”. El debate se abrió con una declaración de intenciones del alcalde, quien incluso no descartó dimitir si de las gestiones a realizar no surgía una solución que evitara que las últimas normas dictadas por el Ejecutivo de Eduardo Dato provocaran, dijo, que “se mate completamente la industria navajera”, una expresión desafortunada por el verbo utilizado, pero contundente y sin lugar a equívocos.

La idea expuesta en ese plenario pasaba por organizar una delegación compuesta por concejales, industriales, trabajadores y hasta la Cámara de Comercio -entidad que se puso manos a la obra desde el primer momento para resolver la crisis-, y viajar en un tren expreso a Madrid para exigir al Gobierno una rectificación o aclaración.

Sin embargo, la primera autoridad municipal quiso erigirse en quien coordinara en primera persona las actuaciones a desarrollar, cuestión que rechazaron los socialistas. Según explicó Manuel Fraile Conesa -quien acabó condenado y desterrado por sus artículos en la prensa local contra los políticos de la derecha-, la cuestión era de tal enjundia que debía ser todo el Ayuntamiento en pleno -los 25 concejales, y no solo el alcalde- quien pidiera, y no rogara, al Gobierno la derogación de esta normativa que podía acabar con la navaja.

Por cierto, según matizó el propio Fraile Conesa, había concejales que todavía no habían aparecido por el Consistorio desde su toma de posesión tras las elecciones de febrero de 1920. Habían pasado siete meses y aún no conocían el Ayuntamiento.

El representante socialista, además, recordó que fue el propio Juan de la Cierva, siendo ministro de la Gobernación en 1907 y bajo la presidencia de Antonio Maura, quien ya dio un primer 'porrazo' a la navaja, endureciendo los controles y su venta. “Esto hay que decirlo con más obligación por aquellos que se llaman ciervistas”, señaló en referencia directa al alcalde, además de solicitar que no se hiciera un uso partidista de la crisis ni bandera política de la defensa de la navaja.

Otro concejal, el reformista Miguel Panadero López-Guerrero, que fue alcalde en 1924, mostró su malestar en esa reunión por la relación que el real decreto establecía entre navaja y criminalidad. Asimismo, el concejal Pedro Martínez Gutiérrez afirmó que era la segunda vez en su vida en la que comprobaba cómo el Gobierno trataba de “tirar abajo la industria principal de Albacete”, después del intento de 1907, que fracasó por la protesta del pueblo, defendido por el Consistorio. De ahí que pidiera la unidad de toda la Corporación y del sector, tanto de patronos como de trabajadores.

El primer teniente de alcalde, Pedro Jiménez Molina, que además fue presidente de la Cámara de Comercio, propuso hacer partícipe de estas acciones de protesta al sector de Santa Cruz de Mudela, en Ciudad Real, otra de las capitales cuchilleras españolas. Además, sugirió contrarrestar la ofensa gubernativa con datos y estadísticas reales sobre la presencia de la navaja en los crímenes que, a juicio del Ejecutivo, justificaban este endurecimiento normativo, el cual obligaba a disponer de una licencia similar a la de una escopeta de caza para poseer una navaja.

Desde luego, la respuesta de la minoría socialista no se hizo esperar ante ese planteamiento durante la sesión. Manuel Fraile indicó que era obligación del ministro de la Gobernación estar al tanto de esos supuestos datos que le daban argumentos para poner a la navaja al filo de la desaparición. Es más, el aguerrido concejal de izquierdas opinaba que llevarle los informes estadísticos al ministro del ramo era poco menos que hacer el ridículo, resaltando que la norma pretendía atajar el 'miedo', pero con un mecanismo equivocado.

El acuerdo, todos a Madrid

Tras diversos dimes y diretes, se acordó que marcharan a Madrid todos los concejales que así lo decidieran, excepto el primer teniente de alcalde, Pedro Jiménez Molina, quien ejercería de alcalde en funciones durante la ausencia del resto de ediles.

La comisión en cuestión -encabezada por el alcalde, concejales, representantes de la patronal cuchillera y de los trabajadores de los talleres, además de una delegación de la Cámara de Comercio- se trasladó a Madrid y regresó el 10 de octubre en el expreso de la noche. Así lo publicó la prensa local, como El Defensor de Albacete, en su edición del lunes 11 de octubre. El titular de la noticia, que apareció en portada, decía: “Feliz éxito de las gestiones”, tras lo cual se apuntaba que los comisionados mantuvieron reuniones en los ministerios de la Gobernación, Hacienda y Fomento, así como con otros altos representantes del Consejo.

En todos estos encuentros, rezaba la prensa, los albaceteños encontraron una “amable acogida” e “interés”. Los patronos y los obreros mostraron, además, “gran cordialidad” y “uniformidad de pareceres”. En cuanto al ministro de Gobernación, Gabino Bugallal Araújo, conde de Bugallal, que había asumido el cargo apenas un mes antes, se comprometió a emitir una real orden aclaratoria, a publicar en la Gaceta de Madrid, dando respuesta a las peticiones de la comisión albaceteña. También se comprometió a dar órdenes telegráficas a la Guardia Civil para aclarar qué armas blancas requerían disponer de licencia de uso.

Se evita el cierre de la industria

Así, en virtud del compromiso alcanzado con el conde de Bugallal, todas las fábricas de cuchillería podrían seguir operando con normalidad, evitándose el cierre previsto para el 11 de octubre, fecha en la que debía entrar en vigor esa polémica normativa que prohibía la producción de armas que superaran cierto tamaño. Finalmente, se autorizaba la fabricación de todo tipo de navajas y cuchillos, siempre que la longitud de su hoja no excediera los 11 centímetros.

Durante las gestiones en Madrid, a la comisión de Albacete se sumó finalmente una delegación de Santa Cruz de Mudela que compartía el mismo objetivo, actuando de forma conjunta en todas las reuniones. Cabe destacar que esta comisión se mantuvo totalmente al margen de la política; de hecho, ningún representante en las Cortes la acompañó, con la única excepción del político conservador albaceteño José Martínez Acacio, quien asistió a los encuentros en el Ministerio de Fomento.

Al día siguiente, el 12 de octubre, la Gaceta de Madrid publicó una aclaración definitiva sobre el polémico reglamento, especificando que las navajas lícitas eran aquellas cuya hoja puntiaguda no excediese de los 11 centímetros de longitud, medidos desde el tope del mango.

El decreto prohibía explícitamente las navajas con mecanismos de armas de fuego, mientras que permitía la libre circulación de las que tuvieran la punta redondeada o dimensiones mayores si estaban destinadas a la cocina o al uso ordinario del campo. Eso sí, se establecía que para transportar o comercializar esta cuchillería permitida en cantidades superiores a un centenar, se exigiría de forma obligatoria una guía especial expedida por la Guardia Civil.

La presión ejercida desde Albacete tuvo sus frutos sobre el papel. De hecho, en las actas municipales de las sesiones de los días 13 y 20 de octubre se recogen los agradecimientos recibidos en el Ayuntamiento por la resolución del conflicto. Sin embargo, todas esas buenas intenciones, plasmadas también en documentos oficiales, no se aplicaron como debían. Esto llevó de nuevo al Consejo de Ministros a publicar otra orden a finales de enero de 1921, de la cual dio cuenta El Defensor de Albacete el lunes 31 de enero.

Esa Orden emanaba del Ministerio de la Gobernación e iba dirigida expresamente a los directores generales de la Guardia Civil y de Seguridad, así como a los gobernadores civiles de todas las provincias. El texto aclaraba que la orden se dictaba tras estudiar las instancias y quejas presentadas por el presidente de la Asociación de Fabricantes de Navajas de Albacete, Juan Miguel López, y por el Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona. Ambos colectivos denunciaban que la anterior Real Orden, la del 11 de octubre de 1920, se estaba interpretando de forma restrictiva, lo que dificultaba enormemente el tráfico comercial, causaba perjuicios innecesarios a fabricantes y expendedores, y paralizaba la producción.

Sensible a estos problemas, el rey dispuso una aclaración para que se librase de trabas a la industria, reiterando que las “armas blancas lícitas” -es decir, las navajas de uso ordinario en el campo y de comida cuya hoja no excediera los 11 centímetros- estaban completamente exentas de las guías de posesión creadas por la ley.

Para que la Guardia Civil no pusiera impedimentos en las fábricas, aduanas o transportes, se ordenaba expedir las guías de circulación de manera ágil y sin exigir comprobaciones minuciosas que detuvieran las mercancías, garantizando así que el sector pudiera vender libremente.

Y así fue como el sector cuchillero albaceteño superó esta crisis, una más, que nos recordó el Archivo Municipal de Albacete en 2022. Aunque como la historia ha demostrado, la navaja albaceteña siempre debe estar ojo avizor por lo que pueda pasar.