Los valores sustraídos a nuestra democracia

Esta, nuestra democracia, no es íntegra. Ha sido defenestrada por los poderes establecidos de toda índole. Todos los valores democráticos esenciales lo han esquilmado por ilegítimos intereses privados. Ha dejado de ser el poder de la mayoría soberana, y del respeto a un Estado de Derecho refrendado y equitativo para todos los ciudadanos. Los dos grandes partidos políticos del arco parlamentario español son los causantes de este latrocinio en los principios democráticos, durante sus respectivos gobiernos. Nuestra democracia española requiere urgentemente una regeneración en sus normas fundamentales. Las leyes democráticas no pueden ser adulteradas, como hoy lo están, para en ella creer.

Los que vivimos buena parte de años bajo la férula dictadura militar, después del fatídico 18 de julio de 1936, contra el orden democrático establecido por los sediciosos golpistas contra la II República, teníamos ardientes deseos de vivir socialmente en una verdadera democracia. Era el antagonismo político deseado, como panacea al autoritarismo impuesto. La Carta Magna, como reguladora de las leyes de una convivencia social ecuánime, basado en el Estado de Derecho y en igualdad para todos ante la ley y el bienestar común, no se cumple en su totalidad. Su lectura y aplicación tiene distintas y falseadas interpretaciones. El discurso depende del Gobierno de turno y de imperativos extranjeros.

Anhelábamos la libertad de expresión y el derecho a elegir la facción política con el programa más emparentado con nuestras ideologías y benefactor del común social, por el sufragio universal libre y secreto. Y con una Carta Magna que fuera el órgano matriz de la normal convivencia de la sociedad española, basado en un conjunto de leyes de estricto cumplimiento, en favor de la libertad, la justicia y la igualdad. Esta Constitución, en muchos de sus artículos, se ha quedado solo en el espíritu programático de las buenas intenciones. De facto, su aplicación deja mucho que desear.

Los principios democráticos han quedado solo en el ánimo renovador de la Constitución vigente y en el gran entusiasmo que nos contagió a todos, que deseamos un cambio total en la política participativa por todos. A ello se unen, que los dos partidos mayoritarios han carecido de un escrupuloso respeto a las leyes constitucionales en la aplicación de nuevas ordenanzas, bajo su particular proselitismo. Ambos han gobernado bajo directrices de salvaguardar los intereses del partido –o los particulares–, menoscabando el beneficio común del pueblo, a quien deben una gobernación honrada, justa e imparcial.

Llegados a este tiempo, pasados más de una treintena de años, de uso continuado del sufragio universal hemos vivido la decadencia del demos o gobierno democrático de la mayoría, elegidos por el dictamen de las urnas. En la nuestra ha perdido los principios que la sustentan y el espíritu en su esencia de lo que debe ser la práctica habitual en una democracia.

Es un esperpento, que nuestro país carezca de una Ley de Transparencia. Es básico en la salud de una democracia y un derecho que todos los ciudadanos puedan ver todos los pormenores que rigen el funcionamiento del Estado y de sus administradores de lo público. Esta ley se hurta fraudulentamente a todos los gobernados por el Parlamento español. En retrasarla para su aprobación, con incoherente descaro, por el partido gobernante. La omisión de esta ley, en paralelismo con otros países del mundo de mucho menor nivel social, desarrollo y democracia, España queda ridícula y nulamente representada.

El poder actual de la gobernación del país, o la soberanía nacional, está en manos, incomprensible e irracionalmente, del poder financiero. El neoliberalismo agigantado en Europa está dictando las leyes económicas –y sociales–, para nuestro Estado. De una dictadura militar hemos pasado a un mando financiero. Tal hecho produjo, hace dos años, un cambio en la intocable Constitución española, por acuerdo entre PSOE y PP, en el artículo 135. Con esta obligada reforma, se garantizan que cobrarán el dinero prestado (que los inversionistas y bancos europeos se llevaron a mansalva, en suelo español). Esta imposición de Europa hará que futuras generaciones carguen con esta deuda por muchos años. Que paguen los de siempre: el sufrido pueblo trabajador. Tal cual, un Estado feudal.

Las ideologizadas contrarreformas vigentes –de absoluto interés capitalista–, establecidas por la mayoría autoritaria del PP, durante este gobierno y el anterior pepista, ha mermado aún más, el Estado de bienestar, ganado por todos los españoles, en un merecido favor a tener una vida confortable con el esfuerzo y de compartición social entre todos. El derecho a tener una vida digna y con honor, no puede ser ultrajado ni hurtado por ningún partido gobernante ni poder económico extranjero.

Muchos son los latrocinios que han minado los derechos y han lacerado una auténtica democracia. Y lo peor, que siempre de espaldas a la mayoría decisoria soberana. Uno de las tragedias democráticas ha sido, que en los gobiernos de los partidos, y en todas las administraciones nacionales, se han apoltronado, con mando cuasi tirano, una panda de truhanes, que han arribado a la política para servirse, aglutinando cuentas corrientes bancarias y ganancias por doquier (o cuando no, en servicios ensobrados ocultos). Los partidos mayoritarios han institucionalizado la corrupción como una prebenda más de sus atribuciones y malversaciones dinerarias del dinero que a todos corresponde.

El derecho inalienable a la Justicia, de igualdad para todos en su uso y aplicación, la ha reconvertido el PP, en justicia de pago. Quien tiene dinero tiene justicia. A ello, incrementa, en los despropósitos del ministro de la contrarreforma, con una Justicia sectaria y de clase (en la que sus acólitos tienen derechos adquiridos en el tratamiento y a la impunidad). Otro nefando gallardonazo, se espera con la Ley Mordaza, del sesudo ministro, por la que al ciudadano se le anula, manu militari, su derecho de expresión, manifestación y de reunión pacífica. Anulando una de las leyes fundamentales de la Constitución: la libre expresión. Y para colmo anula la justicia universal, con la que ampara la delincuencia internacional.

El PP, ha aplicado su política ultracapitalista, centralista y eclesial. Eje preferente de su programa político: menos Estado y más mercado. Con ella trata además, de poner fin a la fuerza sindical, como garante del poder de los trabajadores, en defensa de sus intransferibles derechos labores. Otra de las leyes de obligado cumplimiento de la Constitución, le ha sido usurpado a toda la sociedad española: el derecho a una educación laica y pública; o la legitimidad a la sanidad, universal y pública. Ambas las está transfiriendo, hacia la parcial o total privatización, por este Gobierno neocon, en la continua sustracción del respeto constitucional y del derecho de todos.

El poder putrefacto con un innúmero de politiqueros, que no sienten la política como una prestación de servicios a la sociedad, ha encontrado en la política el desarrollo de sus febriles mentes para sus particulares y mafiosos negocios. Está enquistado en gran parte de los gobernantes, desde el más humilde ayuntamiento, hasta las moquetas de los despachos gubernamentales más importantes de la gestión política. Muchos son los vergonzantes casos de inmoral corrupción en nuestro suelo patrio, que por cualquier rincón surge un bochornoso escándalo. Todos ellos tienen al vil metal por sacrosanta veneración y apropiación indebida.

Al margen de las ultrajantes contrarreformas que el gobierno de mayoría absolutista del PP, han ido eliminando los justos derechos constitucionales. Unas veces por orden sagrada del poder de las sotanas, con los teocon dirigiendo los destinos morales y religiosos de un país laico, aconfesional, escrito en la Carta Magna; o del poder en la sombra de la oligarquía económica de inversores y prestamistas sin rostro, y de los banqueros españoles, a los que les aplicó el 0% de impuestos, desde que gobierna el PP; o los mandatos de la troyka europea, y los santos mandamientos de la biblia del liberalismo.

Estas devoluciones del dinero prestado por los bancos de Europa, se está haciendo mediante los atropellos al estado de bienestar. Bienes sociales que entre todos hemos alcanzado. Ahora nos dejan en la ruina social y moral. Esta es otra forma de hacer terrorismo, al dejar en la miseria y en el hambre a tantas gentes por falta de trabajos. Y ello conlleva la disminución de los servicios obligatorios en sanidad, educación, etc.

No puede existir una democracia honrada y equitativa, cuando a los grandes capitales se les ampara con una mínima contribución en los impuestos por sus capitales. La banca ha ganado desde el año 2008, 59.000 millones. Ni a la Iglesia, a que no pague el IBI, de su extenso patrimonio. Tampoco es de recibo, que a ésta institución se le gratifique con una subvención de 159 millones de euros, cada año.

Es inconcebible que el fraude fiscal de nuestro país ascienda a 80.000 millones de euros. Los evasores españoles, según la lista de Falciani, son 659, con influencia social. Y los distintos gobiernos centrales que han tenido la manija gubernamental, con sus manejos en Hacienda, los alienta, más que los persigue. Aminoran el número de inspectores de Hacienda. O cuando no, se les prohíbe seguir con la investigación en un escandaloso fraude de un empresario destacado o banco. Es un privilegio irracional, para las grandes empresas, sólo contribuyan con un 6% de impuestos en sus beneficios.

En una democracia, fundamentada en las leyes soberanas en obligaciones y legitimidades de los ciudadanos, como queda inscrita en la Constitución, ampararía a los que sufren los centenares de desahucios diarios en todo el territorio nacional. 50.000 familias perdieron su casa en 2013. Y para más inri, deben seguir pagando la deuda de una vivienda que ya no les pertenece. Este hecho tiene un calificativo: absoluta inmoralidad de los dirigentes políticos, que se lo permiten a los usureros banqueros.

La precariedad laboral de gentes maduras y jóvenes, en la que España está a la cabeza de la UE, por la infame reforma laboral del gobierno, por reclamación de la patronal empresarial y el neoliberalismo thacherista del gobierno, que hunde el trabajo estable y crea un insoportable subempleo, especialmente en los jóvenes, los cuales no tienen futuro laboral alguno ni proyecto de vida. Solo contratos basura. A esta precariedad y ausencia de trabajos remunerados, se le suman las gravísimas hambrunas que se sufren actualmente en las familias, máxime en los menores de edad, que tanta necesidad tienen de alimentos para su saludable crecimiento y dignidad humana. Dos millones de niños en España están bajo el umbral de la pobreza.

En conclusión, estamos viviendo políticamente una parodia democrática. Nada tiene de parecido al noble espíritu de la Constitución española, refrendada por las Cortes el 6 de diciembre de 1978.