Los derribos

Después de dieciséis años de protestas, manifestaciones y litigios judiciales, el Ayuntamiento, tras dilatar todo lo posible en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, ¡por fin! ha demolido el edificio de la embotelladora de Taguluche en la isla de La Gomera. Los contribuyente hemos pagado la construcción y, ahora, los vecinos de Valle Gran Rey pagan el derribo. La no noticia de la desaparición por resolución judicial de este mamotreto (entendido en su primera acepción de la RAE: Objeto grande, o en la 3ª del María Moliner: Armatoste) ha coincidido casualmente con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que confirmaba el derribo del mamotreto de San Andrés y ratificaba la condena de los políticos y funcionarios implicados. Este hecho sí que ha sido noticia de primera plana en los medios de comunicación. Sin embargo, los puntos en común de ambas situaciones son muchos; es verdad que les separa la enorme diferencia del “negocio”, en el primero se despilfarraron cientos de miles de euros y en el segundo millones, y en la población afectada: poco más de 100 personas en el caso de Taguluche, mientras que el pufo de de la operación Teresitas afecta directamente a toda el área metropolitana y a la actividad turística de la capital de la Isla. Ambas tienen en común el estar impulsadas por los dos partidos que actualmente (des)gobiernan Canarias, los mismos que se visten de ecologistas con las prospecciones de petróleo y simultáneamente siguen empeñados en destruir la montaña de Tindaya. Coalición Canaria y el Partido Socialista Canario apoyaron y financiaron la construcción de la embotelladora de Taguluche, -a pesar de ser evidente su ilegalidad- para favorecer intereses económicos privados a costa de los vecinos de este barrio de Valle Gran Rey declarado, además, como Lugar de Interés Comunitario por sus importantes valores ambientales.

Estos partidos, con sus reiteradas proclamas de honestidad y transparencia, ejemplifican en este caso una manera de actuar en la que estos principios no tienen cabida. Los vecinos tuvieron que recurrir a los tribunales ante la falta de diálogo y de respuestas a sus demandas por parte del ayuntamiento, del cabildo y del gobierno de Canarias. Nunca recibieron a los vecinos ni a las asociaciones ecologistas, en concreto a ATAN, organizadora de una manifestación en San Sebastián en apoyo a los afectados. Por el contrario, el ayuntamiento, en el que siguen responsables del desaguisado en el equipo de gobierno, llegó hasta el TS, a pesar de haber tenido todas las resoluciones judiciales anteriores en contra. Y, por si fuera poco, dilataron casi dos años el cumplimiento de la sentencia que ordenaba el derribo.

Afortunadamente en el caso de Las Teresitas la sentencia condenan a los implicados a pagar la demolición del ilegal mamotreto, en el caso de Taguluche los protagonistas salen indemnes, nadie ha sumido responsabilidades ni, por supuesto, ha dado explicaciones. Han sido los vecinos afectados los que han corrido con todos los gastos jurídicos, con el viaje de su representante a Bruselas a exponer el caso, los que consiguieron que el programa de TVE El escarabajo Verde se hiciera eco de su situación, el apoyo de las asociaciones ecologistas, de científicos y técnicos como Telesforo Bravo, Wolfredo Wildpret, Carlos Soler o Antonio Bello. Una actividad constante que les permitió explicar a toda la sociedad canaria, incluidas las instituciones, que esa embotelladora no solo les expropiaba del uso del agua de los nacientes, también suponía un grave atentado al patrimonio natural, un proyecto inviable económicamente y, por si fuera poco, su informe de impacto ambiental adolecía de más mínimo rigor técnico y científico.

Cuando se demostró que el agua de los naciente situados en el espacio natural protegido del Lomo del Carretón no era apta como agua de manantial, el Ayuntamiento perforó, por su cuenta y riesgo, un pozo en una zona donde los técnicos decían que era absolutamente inapropiado, algo que se confirmó al poco tiempo de iniciada la perforación. A pesar de ello, las administraciones siguieron adelante y construyeron el edificio. No hicieron caso ni a las leyes, ni a la ciencia ni, por supuesto, al interés de los ciudadanos. El Ayuntamiento, el Cabildo de La Gomera y el Gobierno de Canarias se gastaron una gran cantidad de dinero público, pero no hay responsables, nadie rinde cuentas. Los partidos políticos que dilapidaron nuestros recurso y perjudicaron a todos los canarios callan; estos hechos no entran en sus discursos sobre la transparencia, la honestidad y la protección del medio ambiente, éstos se reservan para adornar las proclamas sobre las prospecciones petrolíferas. Desde ATAN pedimos a los partidos políticos responsables de este disparate una explicación pública y sobre todo que pidan perdón y reparen el daño causado a los vecinos de Taguluche y al erario público.

Eustaquio Villalba Moreno es portavoz de ATAN.