Un engañoso Plan

Compartimos el diagnóstico que realiza de la situación del Archipiélago y que evidencia que retrocede la convergencia con la media española del PIB per capita, que sufrimos la tasa de paro mayor de todo el estado y que también encabezamos los índices de pobreza y de fracaso escolar. También coincidimos con los cinco grandes objetivos específicos del Plan: reequilibrar la estructura económica con criterios sostenibles, contribuir a la mejora del empleo y la protección social, dotar a las Islas de las infraestructuras necesarias, mejorar la cohesión social y configurar a Canarias como plataforma hacia África y América desde la Unión Europea.

Asimismo, en líneas generales participamos de las acciones planteadas en relación al turismo -que es y seguirá siendo nuestro principal motor económico, respecto a la diversificación de la economía y el incremento del peso de los sectores tecnológicos o al cambio profundo en nuestro dependiente, contaminante y derrochador modelo energético. Además de apostar de forma decidida por el capital humano, por la formación y la I+D+i, como una de las claves para salir de la actual crisis en las mejores condiciones posibles. Son del mismo signo que las que contiene el Plan de medidas para la mejora de la competitividad de Gran Canaria que en diciembre de 2008 puso en marcha el Cabildo de esta isla de acuerdo con instituciones y organizaciones empresariales y sindicales.

Concreciones

Pero si sintonizamos en diagnóstico y objetivos, el problema surge cuando se analizan las medidas concretas a llevar a cabo en los distintos ámbitos y se examinan los compromisos financieros para poder desarrollarlas en el horizonte próximo. Y en ese terreno, en el de las concreciones, es donde el Plan Canarias comienza a hacer agua por todas partes. Ya empiezan a escucharse voces de distintos sectores que, tras conocer sus contenidos, concluyen que poco nuevo aporta o lo califican claramente como un cheque sin fondos. El Plan es un refrito de lo que ya hacen los Ministerios en el Archipiélago y de lo que iban a hacer en los próximos años, con pocas novedades y casi nulos compromisos de nuevas inversiones. El 95% de sus contenidos ya estaba en marcha por los distintos Ministerios o por entes públicos, o corresponde a la aplicación de convenios en vigor o es la cuota que a Canarias le pertenece de planes sectoriales de ámbito estatal.

El Plan ni nos pone en la media de inversión española en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010 ni se compromete a ello ni siquiera en los próximos 10 años de supuesta aplicación del mismo. Se incumple así con los artículos 95 y 96 de la Ley 20/1991 de modificación de los aspectos fiscales del REF, que obliga a que la inversión en Canarias esté en la media estatal. Sin embargo, en el proyecto de PGE 2010 sí se cumple explícitamente las cláusulas de inversión introducidas en los Estatutos de Autonomía de Cataluña, Andalucía, Aragón, Baleares y Castilla-León. La definición más suave para caracterizar este comportamiento es la de “trato discriminatorio injustificado”.

Porque, lo habrán podido comprobar quienes hayan leído el texto, hay pocos nuevos compromisos y mucho de corto y pego de actuaciones en marcha o ya comprometidas. Sucede así con el existente Plan de Carreteras 2006-2017, que el Gobierno se compromete a cumplir, qué menos, y que sólo trae como novedad una mayor descentralización de la gestión. En Aeropuertos, con la continuidad de inversiones de su Plan. En Puertos, con la ejecución de planes de inversión 2009-2013 en vigor. O en transporte terrestre de viajeros, donde se mantiene la aportación anual de 30 millones de euros, como en los últimos años, en cumplimiento de la Ley de aspectos económicos del REF.

En este aspecto del transporte público, el Plan no se compromete, como hemos solicitado desde los Cabildos de Tenerife y de Gran Canaria, a incorporar a Canarias a la política ferroviaria de España, siendo Canarias la única excluida de la misma. Esto sí hubiera sido una gran novedad al colaborar en el cambio de modelo de movilidad con una nueva oferta de transporte público (como en todo el Estado) y por la fuerte inversión nueva estatal que supondría para los próximos diez años, en torno a 4.000 millones de euros. Por ahora sólo se han conseguido 10 millones de euros, vía enmienda a los presupuestos, para financiar cada uno de los proyectos del tren al Sur de Gran Canaria y Tenerife.

Incluso las pocas novedades incorporadas son totalmente insuficientes. Es el caso de los 30 millones para el sector turístico en 2010 que, como concesión al Gobierno canario, no van para recualificación de las áreas en declive sino para un futuro Plan de Infraestructuras Turísticas, dejando sin financiación nueva al Consorcio de rehabilitación de San Bartolomé de Tirajana, el único existente en Canarias. O los 12 millones anuales, diez de ellos en créditos a solicitar por las empresas, para reindustrializar Canarias, o las escasas partidas comprometidas para el sector primario, especialmente para producción interior.

Por tanto, este Plan, vendido mediáticamente a bombo y platillo por Zapatero, es un engaño. Por cierto, es necesario que se le aclare a la sociedad si este Plan es sólo del Gobierno central o si también lo apoya el Gobierno canario, cuyo presidente Paulino Rivero estuvo en la foto de presentación del mismo por parte de Zapatero. En definitiva, se ha perdido una oportunidad para tomar decisiones reales que impacten en la economía y en el empleo en Canarias, pues sin implementar nuevos recursos económicos este Plan ni servirá para amortiguar la crisis en el Archipiélago ni cambiará el modelo económico.

(*) Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias.

Román Rodríguez *