La escuela pública, aún más defenestrada

Tiene obligatoriamente que existir, por coherencia y razonamientos, para el máximo rendimiento de todo el alumnado que se está formando, un consenso, entre todos los representantes del arco parlamentario. Que no sufran los embates los pupilos, que por la imposición manu militari de ideologías políticas de los distintos grupos, impongan sus sistemas pedagógicos. Lo que revierte directamente, por tantos cambios, en fracasos escolares y los consiguientes abandonos de las aulas. Hecho que conduce a la más paupérrima educación y riqueza cultural de una población, como don más preciado de sus gentes, y para su calidad de vida.

Cualquier Ley de Enseñanza que se apruebe por este consenso, debe mantenerse en vigor durante, al menos, dos décadas. Y ateniéndose a los preceptos de la Carta Magna, no a ideologías trasnochadas. Solo puede ser revisable, en cuanto a las mejoras de evolución cultural; adaptada al pensamiento de cada momento vivido y a las nuevas tecnologías de la electrónica y otros, implantadas por el desarrollo industrial, a la cual nos debemos, irremisiblemente.

Un óptimo sistema educativo, para obtener la deseada calidad de enseñanza, destinadas a la formación de los futuros hombres y mujeres del país, en la cual se tendrá en cuenta, en mi opinión, los siguientes apartados: Primeramente, la aportación de un presupuesto económico boyante, apropiado para la digna impartición de una enseñanza pública de calidad, y de forma in crescendo, en cada curso. Una cualificación y formación constante, más idónea y profesionalizada, de sus docentes, no dejarlos al albur del abandono y en el menosprecio a que están siendo sometidos mezquinamente y torpemente. Adecuar el número máximo que se requiera de alumnos, por aula y materia que se imparta, para el mejor aprovechamiento pedagógico, sin hacinar las aulas, como se ha hecho, por los depauperados presupuestos. Ofrecer clases de apoyo, para aquellos alumnos que tengan dificultades en las distintas materias cognitivas. La enseñanza no debe apoyarse en el obsoleto don de la memoria de cada niño y joven (como se pretende con la nueva Ley), no siendo ésta, en absoluto, el único valor de la formación, existiendo otros y tan válidos, como recursos de validez docente y de progreso, que cada joven lleva consigo. Hay que exigirle al ministro, que debe dictar leyes para todos los jóvenes, para que exista una igualdad de oportunidades en la obligada formación educativa.

Es un grave error el derivar a los alumnos, desde los trece años, (como recoge el texto de la torpe Ley aprobada), dependiendo de sus capacidades del conocimiento y aptitudes demostradas, hacia el Bachillerato o la FP. Esa decisión dependerá exclusivamente de los propios alumnos, docentes y padres, porque se juega con el futuro de una persona, en su profesión y desarrollo. Es otro claro ejemplo de discriminación, el cual depende de su proceso intelectual, que bien se sabe, que en cada joven se despierta la madurez cognitiva en edades distintas. Y además, dependerá de las condiciones económicas de cada familia, o de los apoyos educativos que reciba en su casa, por parte de sus padres. Esa fórmula de rechazo frustrará a tantos jóvenes, que en vez de realizar una carrera, en base a sus aptitudes y aspiraciones, se hundirá en una labor manual de por vida, que no desea y fracasará en sus ideas profesionales de futuro.

Aunque esta Ley, suprime la selectividad de final del bachillerato, aplica otras selectividades, mediante evaluaciones y reválidas, que serán más acongojantes para la progresión de cursos de los pupilos, y que devendrá en segregaciones y mayores fracasos escolares, que derivarán en abandonos de los escolares. Tendrán que pasar tres reválidas. Una a los 16 años, al terminar la ESO, la cual le otorgará el título. Otra reválida, al finalizar el Bachillerato; y cada Universidad podrá, motu proprio, exigir otra prueba de acceso. Toda una serie de trabas que acabarán aburriendo en el desánimo a aquéllos que anden bajo de estímulos educativos.

La presente Ley aprobada sigue los dogmas de la doctrina de la orden opusiana, a la que se adscribe el ministro y sigue sus prédicas. Un claro ejemplo, es la segregación por aula, que separa las clases según los géneros de hembras o varones. Y muy a pesar de las negativas sentencias recibidas por el Tribunal Supremo, por la segregación. Ha cambiado la normativa de forma trilera, para que perciban las subvenciones. Todos ellos privados, por supuesto. Todo un retroceso en la cultura y pensamiento del s. XXI. Pero este funcionario eventual, impone su criterio ideológico, a pesar de que tiene que dictar leyes para el bien común, y que somos un país laico.

Teo Mesa