La fiscalidad diferente de Canarias

Pero la Canarias fiscalmente cuasiparadisíaca no ha producido un paraíso social. Somos una comunidad autónoma que lidera en el Estado el desempleo y los bajos salarios, los niveles de insatisfacción ciudadana con la sanidad pública, las tasas de fracaso escolar, el escaso desarrollo de la atención a la dependencia y, asimismo, tenemos la segunda menor esperanza de vida del Estado y superamos ampliamente la tasa estatal de pobreza. Es obvio que, muchos de estos problemas, se afrontarían con el mayor gasto público que haría posible una mayor presión fiscal.

Tengamos presente que cinco de los seis estados con mayor presión fiscal en la Unión Europea (Suecia, Francia, Dinamarca, Bélgica y Austria) tienen los mayores porcentajes del PIB destinados a gasto público social y que, cuatro de esos cinco estados, tienen menos desempleo que el promedio de la UE. Por el contrario, entre los seis estados con menos presión fiscal hay cuatro (Letonia, Estonia, Lituania y Eslovaquia) que poseen los menores porcentajes del PIB destinados a gasto público social y los mayores niveles de desempleo de la UE. La mayor presión fiscal está vinculada al mayor nivel de bienestar y al menor nivel de desempleo.

Por eso, ya va siendo hora de revisar la idea de que la baja fiscalidad canaria es un activo y plantear que, más bien, se trata de un lastre. Estamos ante una probable ineficiencia económica derivada del escaso gasto público ocasionado por los descuentos fiscales. Es llamativo que, hace ya varios años, un vocero del neoliberalismo como The Economist admitiera, en un editorial, que “una primera lección que los gobiernos deberían aprender es que el gasto público tiene un impacto estimulante de la economía mucho mayor que la reducción de impuestos”.

Un estudio sobre el Régimen Económico y Fiscal canario afirma que la economía del Archipiélago creció, durante el período 1994-2004, a una tasa acumulativa anual dos décimas superior al ritmo que habría tenido sin tales estímulos fiscales. Ahora bien, habría que estudiar cuánto habría crecido la economía regional dedicando la cuantía de tales estímulos a un gasto público sostenible.

Y habría que considerar también qué efecto produciría la reducción de la economía sumergida canaria a niveles europeos, para así recaudar, según los técnicos de Hacienda agrupados en Gestha, 1.530 millones de euros anuales (los recortes del presupuesto canario, para 2011, rondan los 900 millones de euros). Se trata de recursos cuantiosos a los que se renuncia por falta de voluntad política.

En 2007, se informó que el Estado dejaría de ingresar 6.000 millones de euros, hasta 2013, por un descuento fiscal denominado Reserva de Inversiones de Canarias (RIC). En tal caso, estaríamos renunciando a unos 850 millones de euros anuales, cuantía superior a todo el presupuesto del Cabildo de Tenerife.

Nuevamente, estamos ante un dinero que el Estado decide no recaudar y dejarlo en manos empresariales. Sin embargo, hay datos que hacen pensar que el gasto público bien dirigido sería la mejor opción para esos 6.000 millones de euros.

Pues son los propios partidarios de la RIC quienes apuntan a sus disfunciones socioeconómicas. En 2005, el entonces delegado del Gobierno en Canarias atribuyó a la RIC “gran parte de culpa” por la subida del precio de la vivienda en el Archipiélago. Dos años después, el consejero de Hacienda declaraba que “hay 100.000 casas vacías porque les valía [la RIC]”, refiriéndose a la inversión especulativa en vivienda incentivada por este descuento fiscal.

También dos portavoces de la patronal hotelera, Pedro Luis Cobiella y Fernando Fraile, explicaron que la RIC provocó la construcción de camas turísticas que el mercado no demandaba y que ello ocasionó un descenso de la rentabilidad y dañó al sector turístico. Como puede verse, no se trata sólo de pérdida de oportunidades de mejorar el gasto público sino que, además, la RIC dañó al sector turístico y encareció la vivienda.

En suma, ante la posibilidad de recaudar más de 2.000 millones de euros anuales en Canarias, es hora de preguntarse qué efectos positivos han tenido nuestros descuentos fiscales, cuáles han sido sus efectos negativos, qué alternativas de gasto público pudo y puede haber y con qué recursos podríamos contar, para dar una salida a la crisis expandiendo el gasto público y generando equidad. *

* Coordinador de Izquierda Unida en Tenerife.

Ramón Trujillo*