El independentismo siempre en “el punto de partida”

El nacionalismo tiene una “meta móvil y deslizante”, subrayaba V. Blanco Valdés, porque cualquier avance en sus reivindicaciones siempre la presentan como un punto de partida o un mero hito hacia la culminación de su programa máximo: la independencia.

A mi eso no me parece bien ni mal: simplemente lo describo. Y debemos no olvidarlo quienes pensamos que España existe, que es una comunidad política con plena razón de ser, con una base histórica y cultural común y con la consistencia como sociedad para estar y seguir constituida en Estado.

Y esa es la decisión que tomó con una “mayoría clara” la ciudadanía de toda España al ratificar la Constitución de 1978 y supuso una auténtica refundación de nuestra convivencia y de nuestro sistema político basada en los valores superiores que proclama su artículo 1º.

Hace algunos años escuché sorprendido a Joan Tardá, portavoz de ERC en el Congreso, afirmar que el respaldo a la Constitución que expresó en referéndum el pueblo catalán fue un “punto de partida”. La misma expresión que acaba de utilizar el presidente Aragonés en el Senado al referirse a una posible amnistía. Nada nuevo bajo el sol.

Estos días se oyen frecuentes referencias a un referéndum como “el escocés”; o a la opinión del Tribunal Supremo de Canadá sobre la exigencia de una “mayoría clara” secesionista en Quebec, que permitiría poner en marcha una modificación de la Constitución de Canadá (Ley constitucional de 1982).

La Ley canadiense de Claridad determina que esa mayoría clara abriría una proceso para modificar la Constitución, “ya que las provincias carecen de facultades para separarse de Canadá unilateralmente”, que “requeriría negociaciones en las que participen al menos los gobiernos de todas las provincias y el gobierno de Canadá”. Y , según su preámbulo, esas negociaciones “se regirían por los principios del federalismo, la democracia, el constitucionalismo, el estado de derecho y la protección de las minorías”. La exclusión de la unilateralidad no puede ser más explícita, así como el énfasis en que se trata de una cuestión que afecta a todos, precisamente porque, según el Tribunal Supremo, “Canadá, en su conjunto, es una colectividad democrática dentro de la cual los ciudadanos persiguen y realizan objetivos a escala nacional” (Opinión del TS. párrafo 67). 

Me chechea la cabeza, de vez en cuando, por qué para los valedores de la independencia catalana el referéndum constitucional fue un mero punto de partida y cuáles son las razones por las que el independentismo exalta el referéndum del nuevo Estatuto (2006) o ningunea el resultado del referéndum sobre la independencia, en que convirtieron las elecciones autonómicas de septiembre de 2015. 

Examinemos esos hitos a la luz de la exigencia de una “mayoría clara”, para cuya determinación la Ley canadiense de “Claridad” exige, entre otros datos, que se “tendrá en cuenta…b) el porcentaje de votantes del censo que participaron en el referéndum”. 

En el referéndum de ratificación de la Constitución de 1978, que consagra la unidad de España, el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas, los Síes en Cataluña alcanzaron el 61% del cuerpo electoral, es decir de la población catalana con capacidad para el ejercicio de sus derechos políticos (90,5 % Sí, con una participación del 67,9%).

En el referéndum sobre el nuevo Estatuto  -sobre el que el Tribunal Constitucional dictó, a instancias del PP, una sentencia restrictiva que está en el origen de todo lo que desembocó en el procés- sólo el 17,50% del censo electoral votó a favor (35,8% síes, con una participación del 48,9%).

Y en el “referéndum” sobre la independencia en el que CiU, ERC y la CUP (no así Unió Democrática de Catalunya) convirtieron las elecciones al Parlament de 2015, el 38,89% de los catalanes con derecho a voto (48,89% Sí , con un 77.44 % de participación) respaldaron las candidaturas independentistas. Es decir, tal y como reconoció la misma noche electoral el principal dirigente de la CUP, seguramente el menos “profesional” de todos los líderes en la liza autodeterminista, los independentistas ganaron las elecciones parlamentarias, pero perdieron el referéndum.

Me llama mucho la atención este último dato porque se trató de una convocatoria con todas las garantías, especialmente a la hora de la emisión del voto, a su carácter secreto, al recuento y proclamación de resultados por una Administración Electoral independiente. Todo lo contrario que la consulta del procés, convocada y organizada por el Gobierno de la Generalitat, y carente por tanto de las más elementales garantías.

Ya hubo, por tanto, una consulta: la de 2015, aunque para los independentistas es como si no hubiera existido. Algunas personas se escandalizaron ante la iniciativa de convertir, en clave política, unas elecciones autonómicas en un plebiscito por la Independencia. Yo no; pero subrayando que sus consecuencias serían sólo políticas, no jurídicas. Y así lo mantuve desde los diferentes medios de comunicación a mi alcance.

Simplemente porque nuestra Constitución permite la defensa de todo tipo de ideas, siempre que se las defienda a través de los cauces legales y se desista de tratar de imponerlas mediante la violencia. Es exactamente la tesis que mantuve cuando me pidieron que defendiera ante la Audiencia de Tenerife, allá por 1979 y 1980, a unos militantes del MPAIAC acusados de hacer apología de la independencia de Canarias. Es decir, de un mero “delito de opinión”; por eso acepté su defensa. Estaba recientísimamente en vigor la Constitución. Les pedían 17 años de cárcel y fueron condenados a 11 meses, que no cumplieron. Comprendí al Tribunal, porque no estaba el ambiente muy propenso para absoluciones. 

Y porque en nuestra misma historia existe el importantísimo precedente de convertir en términos políticos una elecciones municipales, las de 1931, en un referéndum sobre Monarquía o República.

En clave plebiscitaria, el referéndum de 2015 lo perdió la opción independentista (menos votos síes que noes). Y si hablásemos de una mayoría clara, solo la respaldó el 38,89 del pueblo de Cataluña. Y eso que fue convocado en medio de una gran crisis económica, la desencadenada en 2008, cuyas consecuencias y las de los recortes sociales aplicados al alimón por los gobiernos conservadores de España y de la Generalitat, fueron endilgadas al “España nos roba”, como suele ocurrir en todos los repuntes de este tipo de movimientos. Aquí y donde quiera.

Por eso ha sido relegado al olvido en los ambientes independentistas.

Y estarán permanentemente “en el punto de partida”. Entre otras razones, porque el día que dejen de estarlo, perderán su gran elemento de presión y, para algunos, la mejor coartada o tapadera de tantas cosas. Y aparecerán otros más decididos. Siempre aparecen.

Posdata.- Acabo de escribir este artículo y me pregunto qué hace uno escribiendo sobre la independencia y los independentistas catalanes cuando en Israel, primero, y en Palestina, hoy mismo, llevan matando miles de personas inocentes desde hace casi 20 días. El eterno retorno a la barbarie.