El Jaguar de Las Teresitas

El 23 de junio de 1998, el Consejo de Cajacanarias otorga a Inversiones Las Teresitas un crédito de 33,7 millones. El solicitante del crédito es Felipe Armas, que en ese momento tiene una nómina de 723 euros que recibe de una de las muchas empresas de Ignacio González. El mismo Ignacio González era consejero del Consejo de Cajacanarias que concedió el crédito. Cuatro días después de la concesión del millonario préstamo Ignacio González se convierte en socio de Inversiones Las Teresitas y poco después en administrador. Con el dinero del préstamo la empresa compra por cerca de 300.000 metros cuadrados del frente playero de Las Teresitas.

Tres años después el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife compra a Inversiones Las Teresitas un tercio de los terrenos de Las Teresitas por 52 millones de euros (un precio tres veces superior al que recomendaban los técnicos municipales). Además del beneficio de más de 19 millones de euros, el ayuntamiento recalificó para uso residencial el resto de los terrenos que se quedó la empresa de Ignacio González, lo que supuso una revalorización de los terrenos. Toda esta operación llevó a la calificación de “pelotazo de libro” y a la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que ha supuesto la imputación del exalcalde Miguel Zerolo, los concejales que aprobaron la operación y los empresarios beneficiados por el pelotazo.

Años después el Tribunal Supremo anulaba la operación de compraventa y planteaba la recuperación para el ayuntamiento del dinero gastado en la operación, además los tribunales y la Demarcación de Costas dejaron claro que el ayuntamiento había pagado a empresarios privados por una parte de suelo que era público. Cuando se publica la sentencia el alcalde Miguel Zerolo se niega a ejecutarla y el dinero del pelotazo siguió en manos de los empresarios beneficiados (además de Ignacio González el constructor Antonio Plasencia).

El argumento de Miguel Zerolo para justificar la operación de compra de Las Teresitas fue que el ayuntamiento quería “proteger ” la playa y evitar grandes construcciones. Ignoraba Zerolo que buena parte de los terrenos estaban protegidos por la propia ley de Costas. Después de pagar por Las Teresitas el triple del valor que recomendaba el informe de la exarquitecta municipal Pía Oramas, que valoró en 3200 millones el precio de los terrenos por los que el ayuntamiento de Zerolo pagó 8000 millones. En enero de 1998 la exarquitecta municipal Pía Oramas (hermana de la diputada de CC Ana Oramas) declaró a la Fiscal Anticorrupción María Farnés y a la jueza Carla Bellini que nunca antes se había dado esta contradicción.

El nuevo gobierno municipal formado del alcalde Bermúdez (formado por CC y PSOE) anunció recientemente su intención de que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo y que, por tanto, el ayuntamiento recupere el dinero de Las Teresitas. Como contraataque los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia preparan una demanda para exigir al ayuntamiento 115 millones más por “lucro cesante”, por el dinero que no han podido ganar debido a que los cambios urbanísticos les impide construir en parte de los terrenos que se quedaron. “Es como si compras un Jaguar y te devuelven un SEAT”, declaró Ignacio González. Tiene razón en la frase, pero los datos objetivos y las sentencias judiciales nos dicen que fue el ayuntamiento (con dinero de todos los santacruceros) el que compró un SEAT a precio de Jaguar y, para colmo, ahora los vendedores (Inversiones Las Teresitas) quieren pedir una indemnización al comprador (el autoestafado ayuntamiento), y en este caso lo de auto no va por lo de los coches.

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El autor en twitter: @juanglujan

Juan García Luján