Lo que nos estamos jugando

Desde el minuto cero han negado la legitimidad de Pedro Sánchez para presidir el Gobierno de España. Ellos, los que se dicen constitucionalistas. 

Más adelante, todos los días y hasta ahora, le acusan de estar dispuesto a cualquier cosa para permanecer en la Moncloa: de pactar con “herederos de ETA” y con “golpistas” catalanes. La cuestión no es, por lo que parece, qué medidas se acuerdan -ni si estas convienen o son necesarias en el tiempo turbulento que nos ha tocado vivir-, sino con quién. Y, cómo no, corresponde al PP y a sus cenáculos decidir quién sí y quién no puede estar representado en Las Cortes. Y quiénes con un estatuto parlamentario pleno y quiénes con uno mermado. 

En realidad, la pregunta no es a qué está dispuesto el presidente del Gobierno para seguir en la Moncloa; sino a qué están dispuestos el PP y buena parte de la derecha social y empresarial para recuperar el poder ejecutivo y convertirlo en mera agencia de sus intereses. 

Luego fueron las acusaciones de establecer una dictadura constitucional con la excusa de la pandemia, negarse a apoyar casi todas las medidas adoptadas para afrontarla y tratar de echar en cara el Gobierno hasta los muertos. 

Entretanto, emulando al Aznar que calificaba de “pedigüeño” a Felipe González durante la gestación de los fondos estructurales y de cohesión, se pasearon por Europa intentando enredar sobre las propuestas que se debatían para afrontar la pandemia. Y que se han convertido en un paso trascendental -forzado por las circunstancias, como suele ocurrir en la Historia- en la consolidación de la dimensión federalista de la UE. Llegaron, en medio de esa ofensiva, a poner en duda ante la opinión pública y las Instituciones europeas la credibilidad de España y de su gobierno para gestionar y cumplir sus compromisos. Desde que se desencadenó el proceso inflacionista, cuyo origen exterior y cuyo alcance en la economía internacional son evidentes, han intentado responsabilizar en exclusiva al Gobierno. Eso sí, sin apoyar las medidas adoptadas. Y se relamen -tampoco sería la primera vez- ante la expectativa de una recesión. 

Entretanto, el PP “constitucionalista” ha utilizado a las Comunidades Autónomas que controla, como si se tratara de meras piezas de ajedrez, para desplegar una cantaleta sobre la inevitabilidad de un cambio de ciclo. Digo “constitucionalistas” porque el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones (art. 2 de la tan manoseada Constitución) consiste primordialmente en el disfrute de un proceso político propio, sin injerencias externas en la dinámica democrática entre los ciudadanos de cada territorio y sus instituciones de autogobierno. ¿Es que eran inestables los gobiernos de Madrid, Castilla y León o Andalucía?. No. 

El presidente del gobierno en un régimen parlamentario no debe utilizar injustificadamente sus prerrogativas, como la de disolver anticipadamente la legislatura, sino esforzarse por lograr la estabilidad parlamentaria y sacar adelante su programa legislativo. Estamos hablando de un deber primordial, no de una facultad que pueda ejercerse o no.Y, cuando se cumplan los tiempos, dar cuenta a la ciudadanía de su desempeño. 

Toda esta ejecutoria “autonómica” no les corta ni un pelo a la hora de acusar de inestabilidad a un Gobierno de coalición que ha conseguido los apoyos parlamentarios para la aprobación de dos Presupuestos Generales del Estado y de gran parte, en número e importancia, de su programa legislativo: el de un gobierno progresista que corresponderá a la sociedad española valorar al finalizar su mandato. Y en medio de un clima de insurgencia parlamentaria de una derecha que ha regresado a sus peores querencias. No voy a hablar del quebrantamiento constitucional que supone el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional para perpetuar ilegítimamente, más allá de los plazos fijados por normas de rango constitucional o legal, las funciones de quienes fueron elegidos en tiempos de mayorías parlamentarias conservadoras. Y, para más INRI, se permiten acusar a Sánchez de intentar controlar esos órganos constitucionales y atacar la separación de poderes. 

Para mí es evidente que la dirigencia del PP y una parte significativa de los sectores más poderosos e influyentes de nuestro País, cuyos intereses representan los líderes conservadores, están jugando una carta muy fuerte contra el Gobierno. No hay más que hacerle un seguimiento al panorama informativo para identificar la coordinación en tiempo real de relatos y hasta de expresiones y palabras, que dejan tantas huellas como las pisadas. 

Es comprensible que los grupos empresariales empleen los medios informativos de su propiedad o bajo su influencia para defender sus intereses. Los editoriales conservadores sobre el impuesto extraordinario y temporal a los beneficios de la banca hablan por sí mismos.Es parte de las reglas de juego de una sociedad libre. Pero todo es una cuestión de límites, como en los demás aspectos de la vida y de las relaciones humanas. Y cuando se actúa como si no existieran límites, mediante el despliegue constante de una estrategia de falsedades y desinformación que, esta sí, se ponen en cuestión directamente el sistema democrático de convivencia y de gobierno democráticos que nació de los pactos de La Transición y se plasmó jurídicamente en la Constitución. 

Esto está ocurriendo, además, en un contexto internacional en el que la globalización ha desbordado en las últimas décadas la soberanía de los Estados (de los pocos que llegaron a disfrutar de un grado apreciable de ella) y en el que los poderes financieros campantes actúan como si la democracia fuera un mero accidente. Y como tal, perfectamente prescindible. 

Si esta implacable estrategia culmina con éxito, lo que está por ver, la pregunta que habrá que hacerse es la de cuáles son las reglas de juego a partir de entonces. Y muchos españoles progresistas del Siglo XXI, a los que les queda toda una vida por delante, se verán tentados a responder: a la vista de cómo se maneja la derecha, aquí vale todo. Y entonces la habremos jodido. 

Santiago Pérez, senador en representación de Canarias.