Ley de Educación y ‘mates’ chiripitifláuticas

Los males de la política canaria y universal –reduccionismo, sectarismo, ombliguismo, falta de generosidad...- se reproducen, lamentablemente, en los más diversos asuntos sectoriales. Un ejemplo muy reciente es lo vivido en Canarias con la aprobación por su Parlamento de una Ley de Educación avanzada y progresista, con un elevado consenso parlamentario y social, lo contrario de lo que sucedió con la estatal LOMCE.

Una ley nacida de una iniciativa popular que la Cámara ha respetado en sus aspectos esenciales e incluso mejorado –el texto inicial pese a la indudable buena voluntad de sus autores presentaba numerosas carencias- en diversos y trascendentales asuntos, gracias a aportaciones como las del Consejo Escolar de Canarias (órgano en el que confluyen todos los sectores de la comunidad educativa) o del trabajo de los propios grupos parlamentarios.

La oposición del PP a la Ley Canaria de Educación era más que esperada. Especialmente porque la esta apuesta claramente por lo público como vertebrador del sistema y establece un rotundo compromiso de crecimiento presupuestario en los próximos años, cuando en casi todas partes siguen recortando en materia educativa. Incluso podía esperarse el rechazo de CCOO por celos o competencia sindical, por lamentable que parezca.

Ahora bien, el colmo de los colmos ha sido la sorprendente actuación de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular que, dos semanas después de aprobada la ley, aún no se ha pronunciado sobre la misma. Igual sus integrantes esperan a julio de 2015 para hacer un balance de su primer año de funcionamiento. En la trayectoria democrática canaria he visto de todo. Pero, en esta ocasión, la torpeza política alcanza niveles sublimes.

Silencio

Aprueban una ley muy parecida a la suya -en mi opinión bastante mejorada respecto al texto inicial que tenía sus evidentes limitaciones- y en lugar de salir a reivindicarla, a poner en valor el buen trabajo realizado por AMPAS, docentes, corporaciones locales o colectivos vecinales en su elaboración, a reconocer lo positivo de la misma y, por supuesto, a criticar aquellos aspectos que consideren insuficientes, guardan un absoluto y sospechoso silencio.

El mismo que guardarían si el Parlamento hubiese aprobado en vez de una ley educativa otra sobre planes de investigación aeroespacial o sobre el futuro de las explotaciones de chuchangos en las medianías.

Da la impresión de que, en el fondo, a algunos les habría encantado que la Cámara canaria hubiese tumbado la ley y así poder ejercer su crítica feroz al Gobierno, a los grupos políticos y a la Consejería de Educación.

Y, como no ha sido así, les ha cogido con el pie cambiado, les ha desconcertado, y han estado reflexionando sobre cuál es la estrategia más adecuada. Que no puede ser otra, ya lo hemos visto esta semana con los comunicados de una parte de los colectivos que lo integran, que la de la descalificación global, reconociendo eso sí, para la galería, algún pequeño y del todo insuficiente e irrelevante avance. Entre peor, mejor.

Se trata de una norma que deja claro que el eje vertebrador de la Educación en Canarias es su sistema público, que apuesta por la igualdad de oportunidades y plantea el establecimiento de medidas para actuar en los entornos sociales desfavorecidos, esos que están detrás de la mayor parte del fracaso y del abandono escolar. Que, además, muestra una visión inclusiva y un compromiso con la diversidad del alumnado que se encuentra en las aulas, defiende la participación en la vida de colegios e institutos, impulsa adecuadamente el imprescindible aprendizaje de idiomas o considera los servicios complementarios como esenciales al sistema educativo de las Islas. Estableciendo, además, el compromiso del incremento presupuestario hasta alcanzar el 5% del PIB en los próximos años.

6,99% del PIB

Lo triste es que da igual que el texto incorporara tres artículos más de la iniciativa popular o dos contenidos menos; que en vez del 5% del PIB en financiación educativa (cuya inclusión me ha dejado completamente sorprendido, dado que compromete, y, mucho, a próximos gobiernos) hubiese establecido el 6,99%. La suerte estaba completamente echada.

Como muestra un botón. Desde un partido, SSP, alguien criticaba mediante un comunicado esta ley, insistiendo en el “irrisorio compromiso financiero” y señalando que “la dotación presupuestaria para Educación permanecerá prácticamente igual y que, en todo caso, el incremento presupuestario que se propone no llega ni al 1%, pues en la actualidad está en torno al 4,2%”, aunque en realidad está situado en el 3,77%, pero ese detalle no es lo más grave.

Lo peor es el suspenso rotundo en matemáticas que merecen: se trata de un incremento no del 1%, como erróneamente afirman, sino del 19%, ligeramente mayor, como pueden observar y algunos no quieren ver, por lo que parece. Según sus particulares mates si el presupuesto pasara del 3% al 6%, aumentaría un 3%, menudo cálculo chiripitifláutico.

Confunden, espero que no intencionadamente, puntos porcentuales con porcentajes, cosas bien distintas. Tomando como referencia el PIB de 2013, 40.299 millones de euros, el 4,2% supone 1.692 millones. Y el 5%, 2015 millones, es decir, 323 millones más, pecatta minuta para algunos; al ser realmente del 3,7% al 5%, superaría los 520 millones de crecimiento, sin contar los que corresponderían por el aumento del PIB.

El problema, el gran problema, no es solo de falta de competencias matemáticas. Sino que se trata de un episodio más del puro sectarismo al que tan acostumbrado nos tiene la izquierda canaria, especialista en deconstruirse y en suicidarse.

Una izquierda que prefiere autoafirmarse en su asfixiante endogamia y matarse entre ella (en este caso con combates políticos pero también inter e intrasindicales) antes que reconocer sus limitaciones, colaborar, aprender de los otros y aunar esfuerzos a favor de los intereses colectivos, de la mejora de las condiciones de vida de la mayoría.

Consenso

Una parte de la izquierda que se olvida de un dato democrático muy relevante: una ley, esta o cualquier otra, no puede ser el calco fiel de lo que piensan quienes representan, como mucho, al 6%, de la población, con apenas peso real en el colectivo docente o en las AMPAs. Su elaboración y aprobación exige acuerdos, diálogo, avances y cesiones por todas las partes, como ha ocurrido en este caso con un muy positivo resultado.

Salvo, salvo, que nos creamos en posesión de la verdad absoluta y, asimismo, con el derecho de imponerla a toda la sociedad, aunque esta piense lo contrario. Exigen consenso para la LOMCE pero pretenden que la Ley Canaria de Educación responda solo a los intereses, a las propuestas y al modelo de una minoritaria parte de la sociedad.

Visto lo visto, al contrario de lo que tan fácilmente se canta en movilizaciones ciudadanas y en recintos deportivos, ¡Sí se puede, sí se puede!, en este educativo asunto habría que entonar de forma coral algo bien distinto: ¡No se puede, no se puede!