La lista más votada de Feijóo… y el ‘toque a degüello’

Si Feijóo tuviera que aguantar un poco más en la oposición correría el riesgo de acabar convirtiéndose en un personaje pintoresco, de esos que existen en todos los pueblos y a los que nadie hace mucho caso.

He vivido la segunda parte de esta legislatura en el Senado, representando a Canarias, y  no me creería lo que ha pasado si no hubiera estado allí. Hasta el punto de que la ofensiva de Aznar entre los años 93-96, que presencié más “entodavía” en primera fila como secretario general de los socialistas del Senado (eran los tiempos del váyaseseñorgonzález, del “sindicato del crimen”, las acusaciones de pedigüeño por gestionar y lograr la aprobación de los Fondos Estructurales europeos… Sí, la legislatura que arrancó con una victoria contra pronóstico del PSOE y con las acusaciones de pucherazo a cargo de Gallardón y Arenas, en la misma noche electoral. ¿Les suena a algo? Me parece una especie de juego de las casitas en comparación con el boicot a cualquier medida para afrontar la crisis de la pandemia, los efectos de la invasión de Ucrania, a las gestiones del presidente Sánchez para la creación de los Fondos de Recuperación europeos, la descalificación como “fraude ibérico” al mecanismo para limitar el precio del gas en España y Portugal. Y un suma y sigue abominable.

Y, sobre todo, la persistente estrategia de deslegitimar a un Gobierno surgido de la investidura presidencial, según el procedimiento constitucionalmente regulado, y liderado por el candidato que ganó las elecciones de 2019, tanto las de abril como las de noviembre.

Y todo al mismo tiempo que un PP, con los líderes más mediocres de su historia y, por ello,  más lacayos de los grandes poderes económicos (los mismos que ponen a su disposición una inmensa red de medios informativos), se proclama constitucionalista. Serían de broma, tanto este PP como sus sucesivos líderes, si no estuviéramos hablando de algo tan serio: de la convivencia democrática y sus reglas de juego en este antiguo y atormentado país: España.

Pero quiero detenerme en la propuesta que espasmódicamente viene haciendo Feijóo de un compromiso para que gobierne el más votado.

Para empezar, es contraria al régimen parlamentario definido por la Constitución, cuyos principios impregnan no sólo el sistema de gobierno estatal, sino el de todas las instituciones territoriales: autonómicas y locales. Se trata, en esencia, de una asamblea representativa elegida por los ciudadanos cuya confianza mayoritaria sustenta al presidente y a su gobierno, y que ejerce potestades normativas y presupuestarias, así como la función de control del ejecutivo, consustancial a la democracia. 

De forma que no dirige el gobierno quien haya resultado el más votado ni el líder del grupo más numeroso de esas asambleas representativas (Congreso, parlamentos autonómicos, plenos de las entidades locales), sino quien obtiene el respaldo de la mayoría. Y mientras conserve ese apoyo, que puede serle retirado mediante una moción de censura “constructiva”, por la que formalmente no se vota la destitución del gobierno, sino la investidura de otro presidente.

Todo ello como fruto de la evolución histórica del régimen parlamentario y para evitar la inestabilidad y el bloqueo de la acción del gobierno, que en tantas ocasiones desplegaron  partidos opositores, frecuentemente de ideologías antagónicas que sólo se ponían de acuerdo para agredir a gobiernos legítimos pero parlamentariamente débiles; pero que, por definición, eran incapaces de acordar en común un programa y pactar una nueva mayoría y un nuevo gobierno. Con consecuencias trágicas para la democracia, en el período de entreguerras del siglo XX.

En el trasfondo de las ocurrencias feijoanas late una premisa profundamente antidemocrática: la de no reconocer la representación de los ciudadanos confiada a partidos independentistas. Ahora, eso sí: siempre que respalden la acción de un gobierno pogresista. Porque si lo que hacen es pactar con el PP en cualquier institución o sumar sus votos a los del PP para derrotar iniciativas del gobierno, entonces sí hay que validar sus votos. Parece una broma macabra y un insulto a la inteligencia de todos los españoles. Pero lo vienen haciendo ininterrumpidamente protegidos por una coraza informativa simplemente obscena. Ese trasfondo es frontalmente contrario a dos de los valores superiores de la Constitución: la democracia y el pluralismo político (artículo 1º). 

Pero a lo que iba. Mientras Feijóo repitiendo cuando se le ocurre lo de la lista más votada, de Extremadura a Baleares pasando por Valencia, y de Canarias a Cantabria, su tropa (“menuda tropa”, que diría M. Rajoy) ataca al “toque de a degüello”, que ordenaba la carga a machete de los mambises cubanos, contra todo el que haya ganado las elecciones en cualquier comunidad autónoma o entidad local y no haya logrado la mayoría absoluta o carezca de socio para completarla. 

A mí me tocó vivir esa experiencia en 1999, casi la Prehistoria, en La Laguna. Había liderado la candidatura socialista que ganó claramente desde la oposición las elecciones: 13 PSOE, 10 CC y 4 PP. Un pacto CC/PP permitió la elección de Ana Oramas como alcaldesa. En el propio Pleno constitutivo exigí a nuestros indignados partidarios que guardaran silencio, que iba a hablar la alcaldesa de La Laguna. Así consta literalmente en el Acta de la sesión. Era “jodido”, pero legal. Y el nuestro es un Estado democrático de Derecho.

Todo esto viene a que, si en esta legislatura han tratado cada día y todos los días de deslegitimar al gobierno liderado por quien ganó las elecciones, que Dios nos coja confesados si el PP resultara el más votado en cualquier convocatoria electoral, aunque eventualmente el sistema electoral (cuyos elementos esenciales regula directamente la Constitución) no les permitiera tener el grupo parlamentario más numeroso, y quedara otra vez en la oposición.

Si hace treinta años alguien hubiera profetizado que la volverían a las andadas, las de aceptar a regañadientes la democracia si (y sólo si) ellos monopolizan el Gobierno para ponerlo a las órdenes de los intereses que representa, me habría parecido no meramente improbable, sino inimaginable. Afortunadamente, la sociedad española es mucho más y, en mi opinión, mucho mejor de lo que representan los sectores más agresivos de la derecha: empresarial, sociológica y sus apéndices mediáticos y políticos.

Santiago Pérez, senador en representación de Canarias (PSOE)