Paulino, tenemos un problema

Como todos los interesados conocen, el tema de los costos de estos fletes es un asunto de especial relevancia para la vida toda de los canarios.

Tratando de simplificar al máximo la información disponible, el comienzo es como muy duro. Mandar un contenedor tipo a Europa viene suponiendo un flete de unos 600 euros; mandarlo a La Península se eleva a la desorbitada cifra de 950 euros hasta el día de hoy. Y desde luego, la Geografía es incapaz de explicar este hecho. Que para enviar algo a un sitio que está más cerca se tenga que pagar un 58% más caro.

Y si esta ha sido la situación “normal” hasta ahora ¿cómo es posible que esto se mantenga a lo largo del tiempo sin que los agentes económicos afectados se amotinen?

Una explicación plausible pudiera ser la siguiente. Es sabido que nuestras exportaciones de mercancías sobre las que el coste del flete es significativo (plátanos a la Península; tomates y hortalizas a la UE), tienen una ayuda para compensar el coste del transporte, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 7 del REF (19/94). Por tanto, los principales sectores afectados tendrían una fuerte compensación que amortiguara el impacto del flete. A estos efectos, es conveniente recordar que la patronal platanera viene reclamando el incremento de esta compensación, argumentando (¿?) el descreste tarifario de las bananas americanas. Pero antes de eso, nunca lo había hecho.

Si pasáramos ahora al lado de las importaciones, la única explicación posible a que no se amotinaran los empresarios es, de una parte, la existencia de esa misma compensación al coste del flete y, de otra, un taimado relajo al entender que, a la postre, ellos lo que hacen es trasladar cualquier coste a los precios y, por tanto, quienes lo pagamos somos todos los ciudadanos canarios. Y ¡ahí me las den todas!

La estructura social del poder en Canarias y la correspondiente correlación de fuerzas empresariales en litigio, deberían explicarnos todo este monumental embrollo. Que, a la postre, seguro que ayuda a explicar por qué las capitales canarias son de las más caras de toda España. Y es curioso resaltar que, sobre todos estos temas, nunca nadie había gritado “Tenemos un problema”.

Sí lo acaban de hacer a principios de esta semana, cuando la naviera Boluda (que controla el 80% de todos los tráficos marítimos Canarias- Península, después de la desaparición de la otra grande, Contenemar) y el resto de las otras navieras que operan en esta línea (OPDR, MCS, A. SPAIN?) haya decidido subir los fletes. Desde los 950 euros de un contenedor tipo a los 1.350 euros. Lo que supone un insignificante aumento de nada menos que el ¡42%! Lo que, a todas luces, deja claro la existencia de una colusión de todas las navieras implicadas. ¡De libro!

Y es justo en este momento cuando sí que han pegado el esperrido. Recordando, con razón, que la subida (cualquiera que hubiese sido su cuantía) tendría que ser muy bien argumentada porque: 1). El coste de las operaciones portuarias no ha subido en Canarias y que, además, está previsto bajarlo en 2011. 2). El precio de los combustibles está a la baja, y 3). Los salarios brutos de las tripulaciones están en parecida situación que el resto de los sectores, en medio de la crisis.

En cualquier caso, merita la pena que, al hilo de este tremendo follón, recapacitemos sobre la tesis que sostiene que cualquier privatización, en especial se dice que en los sectores del transporte, por sí misma, producirá por la competencia que origina, mejor calidad del servicio, mayor eficiencia y el garantizado abaratamiento de fletes. Y se mantiene a machamartillo y con la primaria fe del carbonero, que privatizar (servicios hospitalarios, Sialsa (Sandra), Cajas de Ahorro, servicios aeroportuarios, etc?) constituye la única salida ante la incompetencia, la falta de motivación, la burocracia, el despilfarro y la ineficiencia de cualquier empresa de propiedad pública, sin ni siquiera tener en cuenta sus varias y diferentes modalidades.

Pero ahora, ante la barbaridad que proponen las navieras (los conflictos interempresariales están en la base de los procesos de macrocrecimiento y monopolización), con crecimientos tarifarios entre el 30% y el 42%, exhiben públicamente su indignación.

¿Y qué es lo que plantean? Si no fuera dramático sería para reírse. Plantean ¡a estas alturas! la urgente creación de un Observatorio para estudiar los fletes comparados que sufrimos en Canarias con los de otras rutas y derrotas más o menos similares. Y, atentos a la frase “Como se demuestre que las navieras aumentan sus fletes de una forma abusiva, denunciarán el hecho ante el Tribunal de la Competencia”. Y es que, todavía, no están seguros si el 42% de subida, en las condiciones descritas, es un aumento “abusivo” o “módico”.

Incluso hay otro nivel de propuestas. Eso sí, ahora. Nunca antes donde “ni se sabía, ni se contestaba”. Y el propio Presidente del Gobierno de Canarias ha planteado la posibilidad de solicitar al Gobierno del Estado que imponga al transporte marítimo de mercancías Canarias-Península, las obligaciones de Servicio Público [artículo 5.5. Ley 19/94] para garantizar que esta actividad básica se realiza sin abusos y en condiciones de dignidad para el conjunto de la sociedad canaria.

Y en otro orden de cosas, si el Gobierno como viene reiterando, tiene el propósito de trabajar para reformar y mejorar el REF, en mi opinión, sería del todo adecuado que los transportes Canarias-Unión Europea funcionaran en régimen de tarifas controladas.

De esta manera, el REF se volvería a concebir como un instrumento adecuado, en cada etapa histórica, a atender las necesidades canarias. Superando lo que se viene produciendo desde la Reforma de 1972, que es una suerte de privatización del REF.

Pero esa es otra historia.