Primera medida: bajar impuestos a los ricos

Disponer de suficientes plantillas docentes y sanitarias, así como de las dotaciones específicas que exigen ambos servicios públicos. Usar infraestructuras viarias, portuarias y aeroportuarias adecuadas. Tener garantizada la seguridad entendida de manera integral. Continuar ampliando la adecuada atención a nuestras personas mayores y fortaleciendo el conjunto de los servicios sociales. Potenciar las políticas de igualdad entre mujeres y hombres y redoblar el combate contra la violencia de género. Apoyar a los sectores económicos que atraviesan etapas de crisis. Proteger a las personas más vulnerables. Afrontar los retos de la Crisis Climática y tener capacidad para responder al incremento de desastres que lleva aparejado…Todos esos compromisos, esenciales en una sociedad democrática avanzada, dependen de que las administraciones tengan suficientes recursos para abordarlos. Salvo que se crea en la ley de la selva y que solo puedan acceder a la educación, la sanidad o la dependencia quienes puedan pagársela.

En el estudio del CIS sobre Opinión Pública y Política Fiscal del pasado mes de julio una amplia mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas valora el relevante papel de los impuestos. Un 59,1% entiende que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar los servicios públicos, un 19% considera que son un medio para redistribuir la riqueza y un 20,3%, por el contrario, apunta a que “es algo que se obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué”. Esta última respuesta negacionista alcanza el 62,6% entre los votantes de Vox y el 32,1% entre los del PP, frente al 7,2% del PSOE, el 3,4% de Sumar o el 14,3% del PNV. 

 “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Esa fiscalidad progresiva que recoge el artículo 31 de la Constitución, en la que paguen más quienes más tienen, resulta esencial para el mantenimiento de los servicios públicos y para consolidar una sociedad más justa y equilibrada. Por su parte, el artículo 37 de nuestro Estatuto de 2018 recoge entre los principios rectores de los poderes públicos canarios, “una política económica y fiscal destinada a un crecimiento estable y, de forma prioritaria, a la consecución del pleno empleo y la redistribución equitativa de la renta y la riqueza entre los ciudadanos y ciudadanas de Canarias conforme a los criterios de justicia social”.

Dos derechas

Esos postulados constitucionales y estatutarios gustan poco a las dos derechas que gobiernan en Canarias, sintonizando con lo que vienen haciendo distintos gobiernos autonómicos integrados por la derecha y la extrema derecha. En los ejecutivos de las diferentes nacionalidades y regiones en los que están presentes PP, Vox y, en nuestro caso, en el Gobierno CC-PP, la primera medida adoptada, como decreto ley que es para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, ha sido la reducción de determinados impuestos para favorecer a las minorías más enriquecidas, ese 0,3% de la población, algo más de 6.700 personas, que, según la Agencia Tributaria, con datos de 2021, atesoran 23.742 millones de euros, es decir el 56% del PIB de Canarias de ese año. Sin paralelo beneficio alguno para la mayoría social y disminuyendo los recursos para afrontar los grandes retos económicos, sociales y medioambientales. Toda una declaración de principios.

En la anterior legislatura hemos tenido muestras suficientes de la importancia de lo público. Sin la implicación activa de las administraciones en sus distintos niveles hubiese sido imposible afrontar el impacto de la pandemia de la Covid 19. Desde el fortalecimiento de la sanidad para salvar vidas y proteger al conjunto de la población a la ampliación de las plantillas en los centros escolares para garantizar el derecho a la educación, pasando por actuaciones como los ERTEs o el apoyo directo a empresas tras la caída de la economía que supuso la paralización de la movilidad y el confinamiento.

Un ejemplo claro de lo que señalo es la decisión tomada por el Ejecutivo de las dos derechas respecto al impuesto de donaciones y sucesiones. El anterior Gobierno de progreso llevó a cabo en 2020 una reforma que beneficiaba a la gran mayoría social. Realizada con criterios de progresividad y justicia social, con una exención que incluía a hijos y adoptados menores de 21 años y que rebajaba el 99,9% al resto de los grupos siempre que recibieran en herencia un patrimonio inferior a 300.000 euros por heredero.

Para cifras superiores, entre 300.000 y 400.000 por beneficiario, se bonificaba un 90%, y en el caso de la franja 400.000-500.000 euros, un 80%. Eso sí, no tenían rebaja alguna los patrimonios heredados o donados por encima de 1,2 millones de euros, es decir las grandes herencias que solo afectan a un porcentaje mínimo de los canarios y canarias. A esta exigua minoría dedica la medida el Gobierno de CC y PP. La propia consejera de Hacienda informó hace unos días en el Parlamento de Canarias que la herencia media en las Islas está entre 30.000 a 40.000 euros por heredero, que en la normativa que pusimos en marcha en 2020 (ahora derogada) está bonificado al 99,9% para los grupos I, II y III tanto en sucesiones como donaciones.

Una derogación que va a implicar una pérdida directa de ingresos, según el informe de iniciativa del texto legal, de 18 millones de euros a las arcas canarias; aunque creo que será significativamente superior. Como consecuencia del restablecimiento de las reglas fiscales en 2024, esto supondrá que en el próximo ejercicio económico la Comunidad Canaria dispondrá de una menor capacidad de gasto: el doble de la cantidad que se deja de recaudar. 

Renuncias

Por otra parte, los datos oficiales confirman que no hay relación entre una mayor bonificación del impuesto sucesiones y el porcentaje de renuncias en las diferentes comunidades autónomas. Así, por ejemplo, la comunidad con mayor número absoluto y relativo de renuncias a las herencias es Andalucía, con un 20,5%; una comunidad que, desde abril de 2019, cuando el PP accedió a la presidencia de la Junta con el apoyo de Vox, prácticamente eliminó este impuesto. Cataluña, que mantiene este impuesto en unas condiciones similares a las que tenía Canarias hasta ahora, cuenta con un nivel de renuncias del 15,8%. 

Canarias, con 2.230 renuncias sobre 12.502 herencias recibidas (17,84%), es la sexta comunidad por porcentaje de renuncias. Y, como se confirma desde el Colegio notarial de Canarias, la mayoría de las renuncias no están relacionadas con la dificultad para el pago del impuesto (que se encuentra bonificado entre el 80 y el 99,9% en la inmensa mayoría de los casos), sino con las deudas que arrastran numerosas herencias. En el ámbito estatal, los datos del Consejo General del Notariado destacan que en el pasado año 2022 se renunció al 15,6% de las herencias debido a las elevadas deudas que cargaban las mismas.

Menos ingresos

Además, el Gobierno conservador tiene como principal compromiso electoral bajar el IGIC del 7% al 5%. Un descensoque no afecta sustancialmente a la vida cotidiana de la mayoría -la alimentación, el agua, la luz, la energía o el gas tienen IGIC tipo cero- y que supondría una reducción de la capacidad de gasto de 1.100 millones de euros para el Gobierno, los cabildos y los ayuntamientos; y la consecuente aplicación de recortes en las políticas sociales, las infraestructuras y las ayudas a autónomos. Las dudas sobre el impacto de esta medida es la razón que está detrás de que no avancen en la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad para 2024, aunque traten de escudarse en que aún no se hayan definido las cantidades a cuenta a recibir y el límite de gasto no financiero. Dificultades, en todo caso, superables: en 2020, el Gobierno de progreso tampoco dispuso de esos dos parámetros, pero fue capaz de elaborar la ley de presupuestos con los datos del plan de estabilidad y crecimiento presupuestario, decididos por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio de 2017.

Las políticas fiscales definen de forma nítida cuáles son la filosofía, objetivos y prioridades de un Gobierno. Cuando se renuncia a que la fiscalidad sea progresiva, a que contribuyan más quienes más tienen, persiguiendo al tiempo las bolsas de fraude, se está renunciando al fortalecimiento de lo público y a la progresiva edificación de una sociedad más justa y equilibrada, con los máximos niveles de cohesión social, que no deje a nadie atrás. Desde Nueva Canarias seguiremos comprometidos, sin recurrir a la demagogia ni a la búsqueda de aplausos fáciles, con un modelo fiscal al servicio de la mayoría social y no plegado a los intereses de minoritarias élites. Es decir, lo contrario de lo que hace este conservador y neoliberal Gobierno canario de CC y PP. Eso sí, utilizan los recursos públicos para ampliar de manera injustificada y desmedida el Gobierno, con 25 nuevos altos cargos y una decena de asesores.