Las reveladoras declaraciones de un imputado

Los ejemplos que ilustran el régimen caciquil imperante en La Gomera son muchos, pero las recientes declaraciones del imputado concejal socialista y teniente de alcalde de Valle Gran Rey, Alberto Roldán Piñero, en las Diligencias previas abiertas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Sebastián de La Gomera, dejan claro la manera de gobernar de los socialistas.

El día 14 de diciembre compareció asistido por la letrada Lucrecia Roldán Piñero y, preguntado por el pozo perforado en las inmediaciones del Chorro de Santa Azucena, contestó: “Que el proyecto de pozo, o sondeo, no corresponde a ningún proyecto en ejecución, lo que se hizo, en su momento, quizás hace un año, o algo más, se hizo un sondeo para estudiar la permeabilidad del suelo, o el subsuelo, que no funcionó ni como pozo, ni al final se va a ejecutar, porque la única función era informativa del subsuelo, que existe un proyecto de terminación de la red de saneamiento de Arure, que se desestimó por el hecho que el Patronato de Espacios Naturales de La Gomera, no lo vio conveniente ejecutar.” Reconoce que el ayuntamiento fue el promotor del proyecto, que no tenía los “títulos habilitantes” para realizar la obra, que el lugar está dentro de un espacio natural protegido, que enviaron (cuando ya estaba denunciado el pozo) un proyecto complementario que fue rechazado (algo que era más que previsible) por Patronato de Espacios Insular de Espacios Naturales Protegidos y por la Viceconsejería de de Medio Ambiente. No podían estos organismos hacer otra cosa, tanto en cuanto se trataba de una obra clandestina al no contar con los informes preceptivos ni con proyecto conocido.

El juez le preguntó al concejal socialista imputado como era posible que promovieran una perforación en espacio natural sin los permisos pertinentes. (Y que no se parece en nada a los sondeos que se hacen para sacar testigos del subsuelo). La respuesta es un cúmulo de incongruencias: “Manifiesta que para hacer un proyecto hay que tener información, en este caso del subsuelo y que en este caso el proyectista exigía unas pruebas, para ver si valía o no el proyecto. Que lo mandaron a parar creyendo que era un pozo para enviar aguas residuales”.

Miente con el descaro propio de quienes llevan tantos años pervirtiendo el funcionamiento de la democracia en la Isla. En primer lugar cualquier tipo de perforación, pozo o sondeo, debe contar con un proyecto conocido y, por supuesto, con todos los permisos previos que exige la normativa vigente pero, como reconoce el imputado, en este caso no existen. Esta fue la razón de su paralización, no la confusión de las autoridades. Si se hubiese presentado un proyecto ajustado a las leyes no habría la duda entre lo que es un sondeo para averiguar las características del subsuelo y un pozo; también se sabría cuál era su finalidad, solo habría que leer el documento técnico.

En ningún momento el teniente de alcalde de Valle Gran Rey explicó al juez para que quería el ayuntamiento un informe sobre la permeabilidad del subsuelo, y en esa concreta zona de un espacio protegido, cuando bastaba para saberlo con mirar un mapa geológico o leerse el plan hidrológico y así se hubiesen ahorrado un montón de dinero del contribuyente. Pero la pregunta sigue en pie: ¿Para qué querían saber la permeabilidad del subsuelo recurriendo para ello a la perforación de un pozo y no de un sondeo?

Miente cuando afirma que el pozo está cegado, solo una tapa de hierro, similar a las del alcantarillado urbano, impide ver, pero no oír, que el pozo sigue abierto. La única explicación posible y cierta es que este pozo estaba destinado a recibir las aguas residuales de Arure al haberse colmatado la cueva y, en consecuencia, reventó la conducción del tramo final de la red de alcantarillado, tal y como denuncia la fiscalía.

Los socialista de La Gomera se han caracterizado a lo largo de sus muchos años de gobierno de las instituciones insulares por su desprecio por al medio ambiente y por inversiones faraónicas y, en muchos casos, inútiles. Tuvo que intervenir la UE para que se terminara la vergonzosa situación de los vertederos en espacios naturales, uno de ello en las proximidades de Arure. Ahora ha tenido que intervenir la fiscalía ante el grave peligro que supone para la salud de las personas (y para los ecosistemas) el constaste vertido de aguas fecales en el entorno del lugar conocido como el Chorro de Santa Azucena.

A solicitud de juez, la Dirección General de la Guardia Civil mandó a analizar estas aguas. En la valoración de los resultados se dice: “La características, tanto químicas, como microbiológicas y de ecotoxicidad de las muestras remitidas son propias de una agua residual. También contaminación microbiológica de tipo fecal. Todo ello hace que la naturaleza de las muestras sea compatibles con aguas residuales que en ningún caso deben ser vertidas sin una depuración previa.” Pero hace años que estos los vertidos ponen en peligro la salud de las personas y alteran significativamente los ecosistemas situados agua abajo; lo que debería ser una prioridad para las administraciones públicas de la isla, no lo ha sido para los socialistas gomeros. Es su manera de actuar, y todo un ejemplo de como ejercen el poder en las instituciones y de su manera de gastar el presupuesto público.

Eustaquio Villalba