Para salvar la crisis (I)

El pasado miércoles comparecí como presidente del Cabildo de Gran Canaria en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado para informar de la grave situación que vive nuestra isla y el conjunto del archipiélago canario. Lo hice con el deseo de que fuera útil para aportar soluciones a las personas y colectivos que sufren carencias e incertidumbres en sus necesidades básicas y que así nuestra función representativa cumpla su papel primordial de servicio a la ciudadanía. Esta semana y la siguiente les ofreceré en dos partes la intervención que realicé.

Lo que traté de trasladar a la cámara es que Gran Canaria vive un escenario de emergencia social, económica y climática, agravado por una pandemia que ha truncado el proceso de recuperación de la crisis que comenzó en 2008, la llamada “Gran Recesión”. Es la peor situación socioeconómica que hemos padecido desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque es una realidad general, padecida en todas las Comunidades del estado y de Europa, en Canarias se trata de un drama singular que quiebra los derechos básicos de un porcentaje muy alto de nuestra población.

La situación también se agranda por las debilidades estructurales que arrastra la isla: excesiva dependencia del sector turístico, pobreza y exclusión social y vulnerabilidad medioambiental al ser uno de los territorios del mundo que con más intensidad está sufriendo las consecuencias de la emergencia climática. A esta situación se añade una crisis migratoria que no encuentra respuesta adecuada en los gobiernos de España y de Europa.

Esas debilidades también son consecuencia de décadas de un trato injusto por parte de los distintos gobiernos de España hacia Canarias. Y es que no debemos olvidar de que durante mucho tiempo Canarias ha sido la Comunidad peor financiada de todo el Estado. En 2016, un estudio sobre financiación autonómica del Consejo General de Economistas establecía que la cantidad que recibían las islas por habitante se situaba 11,5 puntos por debajo de la media del conjunto de regiones. Hasta el acuerdo y la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que permitió que los recursos del Régimen Económico y Fiscal se considerasen “adicionales” y no computables en el Sistema de Financiación Autonómica, las islas perdían unos 700 millones de euros al año respecto al dinero que recibían de media otras comunidades. El REF es un tratamiento financiero y fiscal especial anclado en la Constitución, que hunde sus raíces históricas en el siglo XV, y aporta unos fondos específicos para Canarias que se transfieren para compensar las desventajas derivadas de la condición ultraperiférica de este archipiélago atlántico.

Es evidente que 700 millones de euros al año adecuadamente invertidos nos habrían permitido tener una sanidad, una educación y, en general, unos servicios públicos mucho mejores, así como generar empleo y avanzar en la diversificación del modelo económico. Por todos estos motivos Canarias y Gran Canaria no pueden volver a una normalidad en la que estaban claramente perjudicadas y en la que no se tenían en cuenta las singularidades del único territorio que cuenta con un régimen diferenciado tanto en el Estado español como en la Unión Europea.

No obstante, también tenemos importantes fortalezas, como es un sistema sanitario público que ha sido capaz de responder a la emergencia sanitaria, y una coordinación institucional que nos ha permitido tomar medidas que han hecho de las islas uno de los lugares de España con menos incidencia del COVID. Pero estos buenos indicadores pandémicos han tenido como coste un hundimiento turístico sin precedentes. 

Los datos avalan la gravedad de la situación. El número de empresas inscritas en la Seguridad Social ha caído hasta alcanzar niveles de 2015: entre el cuarto trimestre de 2018 y el cuarto de 2020 el número de empresas inscritas en Gran Canaria se reduce en 1.275, (un descenso del 5,2%). Y si no se mantienen los estímulos y las medidas de apoyo, el retroceso puede ser mayor. Los turistas que visitan la isla han sido 3 millones menos (un descenso del 70%). Se ha producido el cierre temporal de casi 70.000 plazas hoteleras y extrahoteleras, más de la mitad de las plazas con las que cuenta la isla.

Por supuesto, todo esto tiene una traslación directa en el empleo: el aumento del paro ha sido de casi 20.000 personas, prácticamente un 20% más. Y esto se ha producido pese al éxito de los ERTE, mecanismo al que en el mes de febrero se habían acogido más de 18.900 personas. Es decir, sin los ERTE el aumento del desempleo se habría duplicado. Pero estos datos se ceban especialmente con nuestros jóvenes, ya que la tasa de paro de los menores de 25 años ha aumentado en 22 puntos, situándose por encima del 57%, algo inédito en Europa. Esto es una catástrofe social que compromete su futuro y trunca sus proyectos de vida, afectando también al desarrollo sostenible y a la cohesión social futura. 

Además, en este escenario inédito se está produciendo otra crisis debida a la llegada en menos de un año de unas 23.000 personas migrantes en cayucos, un aumento del 75% con respecto al año anterior, que han sido y están siendo retenidas en Canarias, fundamentalmente en Gran Canaria. Lo que se ha denominado una “crisis migratoria” es en realidad una crisis de gestión de un modelo fracasado y caduco y la dejación de funciones durante tres décadas. Europa y el Gobierno de España están siguiendo la ruta marcada en Lesbos o Lampedusa, utilizando las islas como espacios de retención y detención de personas migrantes. Nos han convertido en un espacio de vulneración sistemática de derechos humanos, que además está generando innumerables problemas económicos y sociales.

Hay cientos de personas malviviendo en la calle, abandonadas a su suerte por la isla. A pesar de que muchas de ellas están documentados y tienen posibilidad de viajar fuera por sus propios medios, la policía española, siguiendo órdenes del Ministerio del Interior se lo impide a través de controles por perfil racial, que son ilegales. Ahora ponen en riesgo sus vidas intentando subirse como polizones a los barcos en contenedores y camiones. Esta situación ha generado una gran alarma social, incluso brotes xenófobos, nunca antes vistos en nuestra tierra.

Tanto el Gobierno de Canarias como los cabildos –fundamentalmente el de Gran Canaria- acogemos en la actualidad a más de 2.700 menores en situación de precariedad, sin que percibamos el menor atisbo de solidaridad de la mayoría de las comunidades de España. En unos meses, alrededor de un millar de estas personas estarán deambulando por nuestras calles y plazas al cumplir la mayoría de edad.

Pero no deberíamos perder de vista cuál es el origen de la actual situación, que es que Europa no dispone de una política migratoria global y también por las nefastas acciones migratorias llevadas a cabo por la Unión Europea y el Gobierno de España en Canarias. Hace 26 años que arribó a nuestras costas la primera patera y, aunque las llegadas no han sido constantes, lo cierto es que tres décadas después no contamos con algo tan básico como un sistema de primera acogida dotado de los recursos económicos, humanos y alojativos necesarios.

¿Cómo es posible que el Gobierno de España, que tiene la mayoría de las competencias en materia migratoria no dote a Canarias, después de tres décadas, de las herramientas necesarias para la gestión de estos flujos y se siga improvisando, generando alarma social y creando el caldo de cultivo para los racistas e intolerantes? Porque los bulos, comentarios y manifestaciones racistas son un problema, pero el verdadero problema es una administración que por la vía de los hechos lleva décadas tratando a las personas migrantes como algo indeseado que quiere quitarse de encima y por lo tanto mandando ese mensaje a la población. Y espero que la actual situación sea el detonante que le permita ver al Gobierno que no puede continuar en esa deriva.

Desde el punto de vista turístico, el cierre total de esta industria llega después de varias turbulencias que han afectado gravemente al sector. A principios de 2019 afrontamos una crisis generada por la quiebra del operador Thomas Cook y se creó una fuerte incertidumbre generada por la desaceleración económica en Alemania o la inestabilidad derivada de la falta de acuerdo en torno al Brexit, que afecta al segundo mercado turístico de Canarias tras Alemania. Asimismo, existía una crisis casi generalizada en las compañías aéreas Low Cost, que amenazaba con tener graves consecuencias para la conectividad de la isla. Además, no hay que perder de vista la escalada bélica que se está produciendo a apenas 200 kilómetros de las costas de Gran Canaria por las violaciones de Marruecos del alto el fuego en el Sáhara y su política sistemática de violación de derechos humanos y acuerdos internacionales. Es decir, incluso antes de la llegada del COVID, estábamos viviendo momentos de gran inestabilidad política y económica con gran afección directa sobre un sector económico muy sensible a estas situaciones.

En esta primera parte me he centrado en el diagnóstico de la situación. La semana que viene publicaré la segunda parte en la que abordo las que a mis juicios con las soluciones, tanto las que estamos implementando desde el Cabildo de Gran Canaria como las que le reclamamos al Gobierno de España.