¡Esto no es Sicilia, estúpidos!

El caso Arona llegó a los juzgados en el año 2007 después de que la Fiscalía Anticorrupción denunciase al ayuntamiento gobernado por Coalición Canaria por presuntos delitos de prevaricación continuada. Como es tradicional en esta tierra, antes de la denuncia judicial hubo algunas informaciones periodísticas que hablaban de presuntas irregularidades. Esas informaciones las firmaba Juan Antonio Medina.

El abogado Federico Campos ha asesorado a los denunciantes de esta presunta trama de corrupción. Campos contó ayer en rueda de prensa que desde que empezó a tratar este asunto intentaron incendiar su despacho. También declaró que dispone de información gravísima sobre el Plan General del municipio, sobre su redactor y sobre el alcalde, José Alberto González Reverón.

Mientras en Tenerife el abogado contaba a los periodistas las amenazas mafiosas a un periodista y al propio letrado, en Gran Canaria el vicepresidente del gobierno canario confirmaba las informaciones publicadas por La Provincia y CANARIAS AHORA que contaban que la jueza ordenó investigar las facturas que José Manuel Soria había presentado para justificar su viaje a Austria y Noruega en el jet privado de un empresario. Una semana después de que el presidente del PP acusase al editor de La Provincia de mentir por publicar en portada la investigación de sus facturas, Soria reconoce que tuvo que mandar a la jueza nuevas facturas para intentar despejar las sospechas de la jueza y el Fiscal Anticorrupción.

Todo ocurre la misma semana que en el Parlamento el gobierno y la oposición mantienen un pulso ante la formación de una comisión de investigación del caso Tebeto. Una sentencia obliga al gobierno a pagar 92 millones de euros como indemnización a un empresario por los supuestos perjuicios económicos que le ocasionó el gobierno al no dejarle explotar una montaña en Fuerteventura. La cantidad de la indemnización la decidió el juez por un informe realizado por un tío del actual vicepresidente del gobierno, José Manuel Soria, que quiere echarle la culpa a una mujer que era secretaria general técnica de la consejería de Industria en 1993, cuando se declaró la caducidad del permiso para investigar la montaña. Pero se da la circunstancia de que diez años después, cuando Luis Soria era consejero de Industria, se dio permiso a la empresa Cabo Verde para explotar la montaña, a pesar de que el Plan de Ordenación de Fuerteventura prohibía esa explotación. Un sobrino que da un permiso a una empresa, un tío de ese consejero que hace un informe que valora los perjuicios de la empresa en 92 millones. Y un hermano del consejero y sobrino del mismo tío que le pide a su partido que rechace la comisión de investigación si pretende señalar a su familia.

“It's the economy, stupid” escribió en un cartel que puso en la pared de la oficina electoral James Carville, el jefe de campaña del candidato a la presidencia de Estados Unidos Bill Clinton. Fue en las elecciones del año 1992, la popularidad del candidato republicano George Bush padre estaba situada en el 90% y parecía imposible lo que luego ocurrió: una victoria de los demócratas. Después de repasar las noticias de ayer, martes y trece, tuve que pegar un papelito en la pantalla de mi ordenador con el lema “Esto no es Sicilia, estúpido, estamos en Canarias”, para no olvidarme que todo lo que estaba leyendo en los periódicos está ocurriendo en las islas que habito.

Juan García Luján