Socialismo y medio ambiente, un binomio indisoluble

El PSOE es un partido de profundas convicciones y que entiende la política como un ejercicio de responsabilidad, como un instrumento capaz de producir profundas transformaciones para aspirar a una sociedad más próspera, más justa y más igualitaria. Tenemos claro que el camino para lograrlo está en las mayorías parlamentarias y el diálogo.

Con estas premisas, el Partido Socialista atesora ya una singladura de 137 años de historia que nos han permitido dejar nuestra impronta en todas y cada una de las leyes y acuerdos vertebradores de este país, algo en lo que Canarias y su normativa territorial no han sido una excepción. El desarrollo sostenible de las islas no ha dejado de ser nunca una seña de identidad del PSOE. Por ello, manifestamos nuestro reconocimiento a las normas ambientales, territoriales y urbanísticas que promovimos al frente del Gobierno de Canarias: Ley 3/1985 de Medidas Urgentes en materia de Urbanismo y Protección de la Naturaleza, Ley 12/1987, de Declaración de Espacios Naturales de Canarias, que fue sustituida por la Ley 12/1994, Ley 5/1987 de Ordenación Urbanística del Suelo Rústico, y Ley 1/1987 reguladora de los Planes Insulares de Ordenación.

Este reconocimiento lo hacemos extensivo a la contribución socialista en la tramitación de normas como la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias, el texto refundido del Decreto Legislativo 1/2000 o la Ley de Directrices de Ordenación General y la Directrices de Ordenación del Turismo, de 2003.

Estas normas estaban inspiradas en la defensa de un modelo territorial sostenible y respetuoso con el medio ambiente y que han contribuido durante más de treinta años a delimitar y preservar los espacios naturales de Canarias, a contener el uso del suelo rústico, a ordenar el suelo, a regular las actuaciones en ejecución del planeamiento, la intervención administrativa en garantía de la legalidad urbanística y el régimen sancionador, a establecer la capacidad de carga de las islas, a contener el crecimiento desaforado de la planta alojativa turística y a incentivar su renovación y rehabilitación.

Con estos principios como eje de acción, tampoco hemos dudado en ejercer nuestra firme oposición a normas que, entendimos, contribuían a un consumo irresponsable del suelo y a la configuración de un modelo territorial que difícilmente podía servir de sostén al desarrollo socioeconómico de Canarias que nosotros defendemos. Claro ejemplo de ello es la Ley de Medidas Urgentes de 2001, cuando don Román Rodríguez era presidente.

Hemos querido reivindicar en el debate de este proyecto de ley el respeto a todas las posturas que cada grupo pretenda defender sobre el texto, a las que están a favor y a las que están contra pero, sobre todo, pedimos responsabilidad en la defensa de los distintos posicionamientos por cada uno de sus portavoces. No cerremos ninguna puerta al consenso por motivos de forma que podamos reconducir al abordar las cuestiones de fondo.

No podemos afirmar que estamos en contra de los pelotazos y seguir manteniendo cajones de sastre que dan pie a la arbitrariedad; no podemos hablar de simplificación normativa y querer mantener la actual dispersión sin plantear una alternativa distinta.

Comenzando por lo último, el propósito de este proyecto de ley es aglutinar en una única norma todas las reglas fundamentales de protección, ordenación y utilización del suelo de Canarias. Concretamente, pretende sustituir al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias del año 2000, la Ley Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias de 2003 y la Ley de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales de 2014.

Si hablamos de planeamiento, lo cierto es que con la actual normativa, solo 26 de los 88 municipios de Canarias tienen su plan general aprobado. De esos 26, únicamente 19 los mantienen vigentes porque siete han sido suspendidos por la Justicia. Luego, si de verdad creemos que el planeamiento, en cualquiera de sus modalidades, es la solución –postura que defiende el PSOE-, lo lógico es que por lo menos reconozcamos que tenemos una problemática que necesita ser abordada, y eso es lo que hace este proyecto de ley.

Se dice, de manera más o menos explícita, que esta ley está al servicio del pelotazo y de la especulación. Sin embargo, tras casi 600 días transcurridos desde la constitución del Parlamento de Canarias, ninguno de los grupos que se arrogan estas alusiones han presentado proposición de ley alguna para modificar el artículo 47 del Texto Refundido del 2000, que es la herramienta que permite suspender el planeamiento para poder sacar adelante una infraestructura.

En general se ha venido manteniendo, tanto en los planeamientos insulares como en los municipales, una política meramente paisajística del suelo rústico, convertido en simple escenario de fondo de actividades turística y urbanas. Por esta razón, sus usos han quedado limitados a las actividades exclusivamente agrarias. Hoy existe un consenso generalizado en que para que el sector primario sea sostenible, debe poder contar con rentas complementarias a las agrarias, una tesis que además viene respaldada por la Política Agrícola Comunitaria.

Este proyecto de ley pretende abordar ese problema regulando la posibilidad de acometer inversiones para poder llevar a cabo esos usos complementarios. Simplificando mucho, podemos decir que el objetivo último de este proyecto de ley es compatibilizar la protección del paisaje y las condiciones generales que tienen las islas, permitir que se desarrolle la actividad económica en el suelo que ya está clasificado e impedir que se consuma y clasifique más suelo.

En Canarias todos estamos de acuerdo en la problemática existente. En lo que parece que discrepamos es en cómo abordarla, pero el marco para resolver esas discrepancias es el del diálogo y las mayorías parlamentarias. Sin duda, hemos enriquecido el texto con nuestras enmiendas y hemos profundizado en el enfoque que se le da algunas cuestiones. No obstante, somos conscientes de la necesidad de evitar triunfalismos que nos dificulten, en un futuro, modificar cualquier criterio si se llega a demostrar que el contenido de la norma no es el adecuado.