La ultraderecha heredera del franquismo

Estamos asistiendo a una peligrosa naturalización y blanqueamiento de la ultraderecha en el Estado español con su entrada en gobiernos autonómicos y centenares de ayuntamientos, gracias exclusivamente al PP. Así como con el nombramiento de integrantes de Vox como presidentes de parlamentos autonómicos, lo que ha ocurrido hasta ahora en Castilla y León, desde marzo de 2022, y, más recientemente, tras los comicios del 28M, en Baleares o Aragón; o la relevante participación de Vox en el Gobierno de la Comunidad de Valencia. En Canarias, de momento, el impacto es menor, sobre todo porque no lo necesitan CC y PP; aunque ya hay una alcaldesa, no del PP sino de Coalición Canaria, que muestra públicamente en una entrevista su voluntad de integrar al concejal de Vox en su equipo de gobierno municipal; por algo se empieza, aunque este algo sea facilitar poder y amplificar la voz de quienes expanden el odio y tratan de quebrar la pacífica y plural convivencia.

No se trata de que el PP de Alberto Núñez Feijóo haya logrado el milagro de “moderar” y “centrar” a la extrema derecha tras los resultados de los comicios del 28 de mayo, eliminando rápidamente sus propuestas y comportamientos más autoritarios, agresivos y antidemocráticos; y que, por esa razón, los conservadores españoles no tengan el menor problema para gobernar con la formación de extrema derecha y ofrecerles carteras como educación, cultura o interior en ejecutivos autonómicos o ayuntamientos, incluso en aquellos donde Vox no es necesario.

Basta con atender a lo que afirman con desparpajo los dirigentes de Vox aupados a los ejecutivos por los votos del PP o apoyados por este para que presidan las cámaras autonómicas. Permite advertir de forma nítida la reiteración de sus posicionamientos de rechazo a la existencia de la violencia machista, su negacionismo respecto a la Crisis Climática o su fobia hacia los homosexuales, en un discurso que los emparenta a los Trump, Bolsonaro, Orban o Meloni y, al mismo tiempo, les aleja de las derechas democráticas europeas, que haberlas haylas.

Asimismo, obedeciendo a las exigencias ultraderechistas, se eliminan los departamentos de igualdad y se transforma la violencia de género en violencia intrafamiliar, asumiendo sus postulados ideológicos machistas. Se desprecia la lucha contra las emisiones contaminantes y se coloca como prioridad la eliminación de los carriles bici. Y se exige, como en la famosa lona-basurero publicitaria de Vox, la derogación de la Agenda 2030, que, como recuerda Oxfam, tiene entre sus objetivos erradicar la pobreza extrema y el hambre, combatir la desigualdad y el cambio climático, asegurar la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y garantizar el acceso universal a servicios de salud y educación de calidad. A todo esto, se opone la derecha extrema. Y el PP atiende sumisamente sus demandas.

Los pactos con Vox, la ultraderecha heredera del franquismo, alguno de sus integrantes así lo reconoce, están permitiendo al PP alcanzar gobiernos en varias comunidades y en un centenar de corporaciones locales. Pero, al mismo tiempo, ese entendimiento está abriendo un enorme hueco a la ultraderecha y supone una victoria de su ideología, de su declarada guerra contra las libertades y los derechos conquistados en las últimas décadas por las mujeres y otros colectivos sociales. Unos acuerdos cuya finalidad es el poder institucional, no el interés general. Nos encontramos ante un retroceso de enormes consecuencias.

Negacionistas

En la Comunidad de Valencia compartirán poder y en el acuerdo PP-Vox obvian cualquier referencia a la crisis climática o a la igualdad entre mujeres y hombres. Y en Baleares, el flamante presidente de la Cámara autonómica, Gabriel Le Senne, asegura que las mujeres son más beligerantes “por carecer de pene”, a lo que se añaden sus soflamas negacionistas sobre la Crisis Climática, las vacunas y, por supuesto, la violencia de género. Sus tuits destilan, además, una profunda homofobia y un poco disimulado racismo. En similares posiciones se coloca la que será presidenta del parlamento aragonés, Marta Fernández, tan extremista que se ha visto obligada a borrar todos sus disparates en las redes sociales. 

Comparten con sus homólogos europeos un variado cóctel ideológico en el que se mezcla el rechazo a la inmigración, la homofobia, el antifeminismo y, en muchos casos, el antieuropeísmo. Así como el negacionismo ante la Crisis Climática, a la que banalizan pese a las evidencias científicas y la cada vez más reiterada presencia de fenómenos meteorológicos extremos. Pero también medidas abiertamente antisociales. En Finlandia la ultraderecha acaba de acceder al Gobierno y sus primeras medidas suponen recortes en los servicios públicos, abaratamiento del despido y reducción de las prestaciones sociales.

En el caso del Estado español, la extrema derecha tiene sus peculiaridades, poniendo un especial énfasis en la negación de la violencia machista y en su oposición a los avances legislativos y sociales para las personas LGTBI, que no perjudican a nadie porque son derechos, no obligaciones, así como su criminalización de las personas migrantes, especialmente los menores, con un discurso que contribuye a alimentar el racismo y la xenofobia. También en mostrarse abiertamente favorables a la dictadura franquista.

Centralista

La extrema derecha española es, además, profundamente centralista, mostrando su intención de romper con el modelo autonómico sustentado en el título VIIIº de la Constitución, pero del que forman parte entusiasta y económicamente. Por lo que resulta muy contradictorio que cargos públicos de CC acepten su voto para ganar una alcaldía y, además, estén dispuestos a compartir responsabilidades en una corporación local con quienes desean la desaparición del autogobierno y el regreso al más feroz centralismo.

El crecimiento de la ultraderecha no augura nada bueno. Como ya sucedió hace un siglo con la llegada a los gobiernos de distintos estados, por las urnas o por las armas, de formaciones de similares características, de ideología fascista, que llevaron al mundo a sufrir una de sus mayores y más vergonzantes tragedias.

Ayudan a que alcance un mayor peso político e institucional las brechas sociales y el desprestigio de la política y de los partidos tradicionales, así como la desinformación y la extensión masiva de bulos. Posibilitando el populismo, la demagogia, la búsqueda fácil de chivos expiatorios y la veneración de líderes autoritarios que ofrecen respuestas simplistas a problemas complejos.

Por eso resulta fundamental la unidad sin fisuras de los demócratas, el rechazo a la agenda de retroceso en libertades y derechos de la ultraderecha, así como la implementación de políticas sociales dirigidas a la construcción de una sociedad más sostenible, más equilibrada y con mayor equidad. La defensa de sociedades plurales en lo ideológico, pero también en el origen étnico o nacional, en la diversidad sexual o en el religioso 

En la próxima cita electoral del 23J nos jugamos que Canarias esté representada de manera diferencial y con voz propia. También el enorme riesgo de la posible presencia de la extrema derecha y de sus reaccionarios postulados en el Gobierno estatal. Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) reiteramos nuestro rechazo a ese intento involucionista y nuestro compromiso con los valores democráticos y las libertades, con la igualdad plena entre mujeres y hombres, con el autogobierno, los derechos de Canarias y el progreso económico, social y medioambiental.