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Los 3.000

Creemos en el sistema de atención a la dependencia, creemos en la promoción de la autonomía personal y en la ayuda a domicilio. Creemos en la necesidad de dotarlo de la dignidad que exige, de ponerlo al día y de sacar a Canarias de la cola donde lo colocaron las malas gestiones y la nula –y vergonzosa- apuesta del Gobierno del PP por este colectivo.

En el PSOE lo tuvimos claro desde el minuto uno, incluso antes, cuando la ahora vicepresidenta y entonces candidata insistió de manera reiterada en que las políticas sociales serían la prioridad de un Gobierno con presencia socialista. Con valentía y siendo consecuentes con nosotros mismos, asumimos las políticas que más directamente repercuten en las personas; éramos plenamente conscientes de que no sería fácil, pero siempre hemos tenido claro que ante la adversidad o las dudas, debe prevalecer nuestro compromiso con los valores socialistas.

El PP mira hacia la dependencia como ese enorme problema que desearía quitarse de encima, hacer desaparecer. El PP hace políticas para un mundo perfecto, una España en la que no existe la pobreza, ni el paro, ni la dependencia, ni la discapacidad... y es precisamente esa distorsionada concepción de la realidad lo que le lleva a obviar a los colectivos que más necesitados están de ser atendidos. Al PP le molesta la dependencia, así que, como con tantas otras cosas, la esconde en un cajón y ya se irá viendo.

Ni España ni Canarias son mundos perfectos para el PSOE. En Canarias hay pobreza, hay listas de espera, hay desempleo y, como en todas partes, también hay personas en situación de dependencia que han visto pasar los años sobre ellas como pesadas losas de indiferencia que, en los más tristes de los casos, han terminado sepultándolas sin que jamás se les llegasen a reconocer sus derechos como tales.

El PSOE asumió la gestión de las políticas sociales en Canarias hace poco más de un año. Lo hicimos desde nuestro compromiso con las personas y, también, con los valores socialistas, y ahora, por fin, se vislumbra un indiscutible cambio de tendencia que ha hecho superar incluso las complicadas expectativas que esbozó en enero Patricia Hernández.

La Consejería de Políticas Sociales se marcó a principios de año el reto de alcanzar las 3.000 altas antes de que finalizase este 2016. Lo que entonces se consideró una utopía no sólo se ha transformado en una realidad, sino que hemos llegado a las 3.275 y aún estamos en octubre.

Cuando un equipo trabaja desde la implicación y la responsabilidad, con motivación y firmeza dejándose la piel por la ciudadanía, se puede responder ante ella con orgullo y dignidad, porque nuestra acción de Gobierno es la garantía de compromiso con la sociedad. Ante un compromiso, aquí está el resultado en hechos constatables.

Esto significa que 3.275 personas y sus familiares han visto reconocido un derecho que siempre, hasta ahora, se les negó, bien con excusas económicas, burocráticas o del tipo que fuesen. Los recortes del PP jamás debieron convertirse en hachazos a la dignidad de estas personas, las más vulnerables de la sociedad y las más desasistidas, recortes que también son la significación ideológica de un Gobierno de derechas obsesionado con cargarse todo aquello que puso en marcha el Ejecutivo del PSOE.

El Gobierno de Rajoy no puede esconder ya, de ninguna manera al menos mínimamente ética, que ha recortado 12.000 millones de euros a la dependencia en sólo cuatro años. ¡12.000 millones de euros! ¿Cómo se puede explicar esto a los familiares de los dependientes fallecidos sin llegar a recibir las prestaciones a las que tenían derecho? Nada puede pagarlo, igual que nada puede pagar el trabajo de tantas y tantas mujeres que se quedan cada día en casa a cuidar de sus familiares dependientes porque, en muchos casos, no tienen otra opción: o lo hacen ellas o no lo hace nadie. Cuidadoras a las que el PP les quitó incluso el derecho a la cotización a la Seguridad Social.

Desde principio de legislatura se vienen desempolvando expedientes que estaban pendientes desde el año 2007 hasta 2014, se han creado unidades específicas para un control permanente de las altas en centros públicos que desarrollan los convenios suscritos con los cabildos y ya son más de 30.500 las personas en Canarias con derecho a prestación, de las que 16.000 están siendo atendidas. Importantísimo es también el ejercicio de justicia que ha hecho este Gobierno al haber comenzado a abonar a 263 familias canarias de personas dependientes fallecidas las cuantías que debió pagárseles en vida.

En ese mundo perfecto del PP, estos éxitos de gestión que estamos viendo en Canarias no podrían ser sino una fantasía. Ni su falta de respeto a la dependencia ni su falta de responsabilidad en la gestión ni su falta de humanidad lograrán distraer al PSOE ni al Gobierno de Canarias.

Y esto no quedará en un número en el que detrás hay miles de familias. En las estadísticas nos situamos entre la comunidades autónomas en cabeza en altas en el sistema y el objetivo es sacar a Canarias de la cola mucho antes de lo previsto por los expertos. Costará, pero en Canarias ya no es una quimera pensar en una red de servicios de promoción de la autonomía personal que mejore la calidad de vida de muchos canarios y canarias que se enfrentan, sobre todo en el final de su vida, a grandes retos, una red necesaria, solidaria y generadora de empleo. Un objetivo ambicioso que, como muchos otros, cuando los socialistas obtenemos la confianza de la ciudadanía, acabamos logrando.

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