La denuncia del Gobierno relatando los andares de la abogada Paula Díez relata, asimismo, cómo esta señora se presenta el 11 de octubre de 2010 en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife actuando en nombre de la entidad Díez & Romeo para entregar a la Administración autonómica “la documentación presuntamente presentada en la oficina de Correos de Arucas”. Es decir, que la letrada Díez, de Díez & Romeo, según su propia versión ante la Administración, acude a Correos en el límite del plazo del concurso y, tras conseguir que le certifiquen que se presentó a tiempo, es ella personalmente la que coge unas carruchas y acarrea la documentación al organismo correspondiente once días después. Rebuscado sí que parece. Pero sigamos con la denuncia del Gobierno: “Acompaña a dicha documentación [Paula Díez] un escrito apócrifo de la oficina de Correos, sin membrete oficial, en el que consta estampado el mismo sello de Correos, con la misma fecha de 30 de septiembre de 2010, y con una rúbrica sin identificar en la que se dice literalmente: 'Durante la mañana del 30 de septiembre de 2010 se depositaron 41 solicitudes (...) para ser remitidas a la Viceconsejería de Comunicación...” En ese escrito, supuestamente redactado, sellado y firmado por algún funcionario de Correos de Arucas, el firmante se autoinculpa del mal funcionamiento de esas dependencias: “Por falta de coordinación en esta estafeta no pudieron ser enviados los faxes al destinatario final”. ¿Alguien en su sano juicio ante una tramitación administrativa se atrevería a firmar un reconocimiento así? ¿Alguien conoce un caso en el que se deposite un envío en Correos, certifiquen su entrega y sea el remitente quien lo termine llevando a su destino? Sospechamos que no, pero las diligencias judiciales lo comprobarán.