Y si de inmigrantes irregulares se alimenta el imaginario nacional como solución a la crisis de sistema que vive el capitalismo en esencia, los segundos de la lista son los empleados en los escalafones más débiles de las administraciones públicas: el personal laboral. El Ejecutivo ya ha entregado a los sindicatos el borrador del desarrollo de la reforma laboral, que incluye la opción de reducir hasta un 10% de puestos de trabajo en el sector público si, como sucede en las empresas privadas desde febrero, se justifica la merma de ingresos, en este caso también en un 10%. Los matices de estos EREs en las administraciones públicas, por departamento, no están del todo claras todavía, pero indica el camino que va a seguir Mariano Rajoy y su tropa de asaltadores del Estado a la vuelta del verano que todo lo amodorra: si el inmigrante quita el trabajo y el tiempo de consulta médica al español de primera, el empleado público chupa la sangre de la Nación sin dar puñetero golpe. Es esa y no otra la imagen que transmite el PP de su visión de España, decidido a salvarla como un Santiago Matamoros que arrasa al mismo tiempo con las estructuras que garantizan un mínimo de equidad en una sociedad aturdida.