Vayan descartando que la cadena perpetua con la que ya viene amenazando el Partido Popular vaya a extenderse a los casos de corrupción, particularmente a los que tengan que ver con cohecho (propio, impropio o mediopensionista), el tráfico de influencias o la prevaricación, tres de las aficiones más acendradas en la clase política española, por no señalar especialmente a los compañeros de partido que con tanta pasión aplaudían este viernes esa excéntrica y anticonstitucional propuesta de Federico (manda huevos) Trillo. La corrupción sólo interesa si el foco se le coloca al contrincante político, pero la tendencia más generalizada es que, como perjudica a la imagen de todos los partidos, mejor es dejarla correr. Esa doctrina parece ser la que está influyendo de modo decisivo y repugnante en la absoluta falta de apoyo que se está prestando desde hace casi un año al juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife, donde se tramita el mayor caso de corrupción conocido en la historia de Canarias, la Operación Unión. El auto de la nueva juez titular de esa plaza, Lucía Barrancos, no deja muchos resquicios a la duda, además de resultar admirable desde el plano puramente reivindicativo y de advertencia a la autoridad. Si no se ponen medios, los sospechosos pueden alegar indefensión por dilación indebida. Igual es eso lo que algunos y algunas siempre quisieron.