La nueva deriva política iniciada este miércoles en Lanzarote no sólo demuestra la falsedad de los que hablaban de un acuerdo bajo la mesa entre el PSOE y el PP para desalojar a Paulino Rivero de la presidencia regional de Canarias, sino que refuerzan la posición de José Miguel Pérez como un negociador paciente y discreto que no ha esperado al congreso regional de su partido para convencer a los suyos de retomar la senda del llamado pacto en cascada. Muy al contrario, es posible que este gesto político pueda incluso reforzarle de cara al congreso en el que algunos quieren poner en entredicho su liderazgo sin que, hasta el momento, se conozca el nombre de algún secretario general alternativo. Tampoco le viene mal a Paulino Rivero este requiebro que, aunque parezca de rango menor, satisface a sus bases al colocar en la oposición a un partido que, desde que gobierna en España, no ha hecho otra cosa que dañar y humillar a Canarias y al Gobierno que preside Coalición Canaria. No es baladí que la expulsión del PP de las instituciones haya empezado por Lanzarote, donde no hace muchos días salió escaldado José Manuel Soria y donde crece de modo exponencial la contestación ciudadana ante el desprecio con el que se están gestionando los nuevos permisos para las prospecciones petrolíferas. Nunca el partido de Mariano Rajoy había obtenido tan buenos resultados para al final volver a quedar recluido al poder local exclusivamente en Gran Canaria, su feudo tradicional. Dos críticos muy críticos de Soria, como Cardona y Bravo de Laguna, sosteniendo en solitario el estandarte institucional del PP canario. Le tiene que estar dando grima.