Mientras que por toda la geografía española corren implacables los vientos de depuración y regeneración de la vida pública, al grito de caiga quien caiga, nos topamos en Canarias con una tendencia exactamente inversa. Se trata de levantar entre los sospechosos y los denunciantes un cortafuegos que pueda utilizarse a continuación como bomba incendiaria en sentido inverso. Y también en esa práctica se aplica el caiga quien caiga con efecto bumerang, incluyendo al Ministerio Fiscal, que este miércoles sufrió en sus propias carnes los rigores del “hasta aquí hemos llegado”. Cierto es que el Ministerio Público no tiene en Canarias un criterio uniforme en lo que a la lucha contra la corrupción se refiere, porque mientras la Fiscalía General hace su aportación para el archivo de casos como el de las groseras escuchas interceptadas a un presidente, a un consejero de Política Territorial y a un empresario, el responsable de Anticorrupción en Las Palmas sufre un revolcón sin precedentes, en forma de Auto, que tiene bastante de humillación a quien está en el mismo barco para que la próxima vez mida sus palabras. Todo por haber osado pedir que se investiguen unos hechos más que sospechosos.