Se mire como se mire, suena a disparate: el Consejo General del Poder Judicial decidió este lunes designar a José Antonio Martín, el magistrado pendiente de juicio acusado del delito de negociación prohibida a funcionario público por el llamado caso Bornia, presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Se trata de un órgano dependiente de la Audiencia de cuya presidencia fue apartado cautelarmente como consecuencia de las diligencias penales abiertas tras descubrirse que supuestamente trató de beneficiar a un narcotraficante. La paradoja se completa con la imposibilidad de que Martín pueda tomar posesión del cargo para el que ha sido designado por el CGPJ, precisamente porque el órgano de gobierno de los jueces lo tiene suspendido por estar incurso en un expediente disciplinario por cuatro faltas muy graves. El expediente no se concluirá hasta que exista sentencia firme, lo que significa que hasta entonces Martín no podrá acceder al puesto al que tiene derecho por antigüedad y escalafón en la carrera judicial.