Todos con el culo al aire (popurrí intenso)

El principal problema de Podemos en Canarias no es el culo de Javier Doreste, por mucho que desde algunos sectores se haya querido ver así. Que el portavoz de la formación y concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria haya participado de esa guisa, culo al aire, en la protesta contra la situación de la sanidad canaria solo demuestra dos cosas: que Doreste sigue siendo un protestón aunque ostente cargo público de cierto ringo-rango y que necesita algo más de ejercicio para tonificar un poco sus nalgas.

No es Doreste el problema del grupo municipal de Podemos en Las Palmas de Gran Canaria, que gobierna con el PSOE y Nueva Canarias. El problema se llama Jacinto Ortega, que es el concejal de Cohesión Social y octavo teniente de alcalde. Acaba de ser condenado por un juzgado de primera instancia a indemnizar con 4.000 euros al empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y del Grupo Ralons y Seguridad Integral Canaria, por haber vulnerado su honor. En su defensa ha salido incluso el alcalde de la ciudad, el socialista Augusto Hidalgo, alegando que los insultos a Ramírez (lo llamó corruptor y algunas delicadezas más) los profirió Ortega cuando todavía no era concejal, lo que a su juicio no tendría por qué tener consecuencias políticas.

Obvia el señor alcalde en sus apreciaciones que la sentencia incluye un apartado especialmente dedicado a las palabras que pronunció el concejal de Cohesión Social a la salida del acto de conciliación: “No puedo haberle faltado al honor del señor Ramírez porque no tiene honor”. Unas coplillas que entonó cuando ya formaba parte del grupo de gobierno.

Que un concejal insulte a un empresario parece formar parte ya del acervo de determinadas fuerzas políticas, pero lo que verdaderamente agrava la posición de Jacinto Ortega es que es el responsable de un área que se relaciona directamente con la actividad empresarial del insultado, al que su formación política, LPGC Puede, la rama local de Podemos, prometió erradicar de los contratos públicos en la campaña electoral de 2015. Y en ese empeño anda tan metido Ortega que ya le fundió al Grupo Ralons el primer concurso, el de asistencia domiciliaria, que va camino de los tribunales, por lo que dice la prensa. Así las cosas, quizás debiera replantearse Podemos su código ético, o en su aplicación, apartar de sus cargos a todos aquellos o aquellas que se toman la justicia por su mano hasta cogerle el codo.

El caso Brito

En una situación diferente se encuentran otros dos miembros de Podemos en el Archipiélago que sí han sufrido en sus carnes los rigores del código ético: el consejero del Cabildo de La Palma Dailos González y el consejero del Cabildo de Gran Canaria Juan Manuel Brito. Al primero lo ha expulsado Podemos por haber despedido a un empleado del grupo político aplicando la muy denostada reforma del Partido Popular que hasta el Partido Popular está dispuesto a revisar un poquitín. El tal Dailos, por lo que dice la resolución irradiante, se gobernó solo, es decir, sin encomendar sus decisiones a la autoridad orgánica competente, creyendo que una vez llegado al machito, ancha es la Caldera de Taburiente.

El Cabildo de La Palma ha actuado de inmediato, sin esperar informes jurídicos ni nada que se le parezca: ha mandado al consejero de Podemos al rincón de los no adscritos, eliminándole los atributos económicos que le conferían la consideración de consejero del grupo mixto, que hasta le incluía sueldo por dedicación exclusiva.

En vez de marcharse para su casa y reconocer sus errores, don Dailos ha preferido abrazarse a las viejas prácticas de los políticos que Podemos denuesta. Ha anunciado que se aferra a su acta de consejero y que recurrirá su expulsión ante los tribunales de justicia.

En una posición similar se ha colocado el consejero Juan Manuel Brito, contagiado por el síndrome que ya se extendió en el Cabildo de Gran Canaria en la etapa de Bravo de Laguna. Se llama Juan Domínguez el tal síndrome, y consiste en pegarse como una lapa a la teta del poder caiga quien caiga, incluidos los propios principios morales y éticos tantas veces argüidos por el interesado.

Brito ha sido expulsado de Podemos por una sucesión de hechos que a su comité disciplinario (al que se sometió cuando entró en el tinglado) le han parecido merecedores de tal medida. No se ha sujetado a las normas internas, ha actuado con menos transparencia que los partidos tradicionales que operan en la misma corporación y se ha embarcado a promocionar otro partido político que pretende competir con el suyo propio de él en la misma circunscripción electoral de Gran Canaria. No está incluido en ese expediente el trapicheo que Brito se trajo en las primarias en las que resultó elegido (por los pelos) como número uno de Podemos al Cabildo de Gran Canaria. Sólo por esas trampas ya sería merecedor de una expulsión, por mucho que en su descargo esté alegando que las otras listas también se aplicaron al pucherazo. Sin embargo, hasta ahora sólo está acreditado que mientras él y sus colaboradores creaban identidades falsas, el sector oficialista (y para otras primarias) hacía acarreo de votantes que al menos eran de carne y hueso.

Siendo penoso lo del acarreo virtual (ya lo hizo también el PSOE en la elección de Patricia Hernández en sus correspondientes primarias) lo que no tiene ni medio pase es inventarse identidades, falsificar DNI, como hizo el equipo de Juanma Brito sin que el responsable en cuestión haya podido negarlo.

Brito ha metido en un follón al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, llamado por muchos a ser el referente de un nuevo modo de hacer política en estas islas. Morales se resiste a cargar sobre Brito todas las consecuencias lógicas que su expulsión acarrea: reclusión del reo al grupo de no adscrito y, consecuentemente, destitución de sus cargos ejecutivos en el grupo de gobierno, con reducción a cero de sus derechos económicos como tal. Sin embargo, Morales y los suyos han reducido este asunto a una mera discusión jurídica, cogida por los pelos mediante un informe verbal que el secretario del Cabildo no se atreve aún a plasmar en un papel.

Si la Ley de Cabildos es inconstitucional o si lo aparenta por aspectos como estos del derecho de la participación política, este debería ser el momento preciso para recurrirla ante el tribunal correspondiente. Si nos ceñimos a sus preceptos, Brito debería ser destituido de todos sus cargos o, si tuviera un mínimo de coherencia respecto a los principios que él mismo ha defendido y que hasta ahora le han conducido hasta su actual destino, irse tranquilamente para su casa y volver a intentar su incursión en la política por unos cauces un poquito más decentes. Ha defraudado a muchos con su comportamiento, entre otros a quien esto firma.

#ElTalonariodeCC, tendencia nacional

Tardaremos muy poco, o eso espero, en confirmar que Fernando Clavijo ha estado siempre detrás de José Manuel Corrales, histórico del transfuguismo canario, y sus dos escritos presentados en el Registro del Ayuntamiento de La Laguna para reventar la moción de censura contra el alcalde de CC, José Alberto Díaz.

Ya confirmamos todos en su momento que el señor alcalde-presidente de Canarias estaba en la sala de máquinas de la moción de censura contra su socio del PSOE en Granadilla, por mucho que negara la mayor y jurara por la cobertura de su móvil que él nunca miente. Las pruebas lo dejaron en evidencia y lo colocaron a la misma altura de mentiroso patológico que uno de sus políticos más admirados, José Manuel Soria.

Ni siquiera su hábil equipo de agitación y propaganda, engrasado mediante un fondo de reptiles bien surtido, han logrado revertir la sensación de mangoneo que rodea muchas de las últimas acciones políticas (por llamarlas de algún modo) de la Coalición Canaria que él lidera de ese modo tan sandunguero.

El tránsfuga tamayista de Tacoronte, proveniente de la rama política del MPAIAC, además de los habituales comportamientos cochinos de Coalición Canaria en Tenerife (ATI), provocaron una conmoción en Twitter este domingo. Lo que viene a llamarse tendencia, o trending topic.

Bajo la etiqueta #ElTalonariodeCC, la peña se explayó a gusto haciendo aflorar su imaginación, sus sospechas y hasta sus frustraciones, muchas relacionadas con el transfuguismo que CC provoca y otras muchas con movimientos más actuales como el de la Ley del Suelo o los brutales recortes en Sanidad que Clavijo impuso para que la privatización de la sanidad pública pasara a ser un clamor.

Corrales tiene un problema

En su afán por evitar la moción de censura en La Laguna, ATI (con perdón) no escatima en gastos. Los dos escritos que presentó la semana pasada Por Tenerife en el Registro del Ayuntamiento de esa ciudad delatan claramente a su dirigente, presidente, dueño de la marca o lo que sea, en definitiva, José Manuel Corrales. Mintió a todos los periodistas a los que llamó (me incluyo) cuando dijo que sólo había comunicado al consistorio la decisión de su “asamblea” de que Santiago Pérez y los que le acompañan en ese grupo político dejaran de usar su nombre por lo que pudiera ocurrir. Una excentricidad si se tiene en cuenta que se trata de una coalición y que en este país las responsabilidades penales son personales e intransferibles. Y las políticas, llegado el caso, poco o nada salpicarían a unas siglas que -por lo demás- brillan por su ausencia en el resto del territorio archipielágico. Ni se las espera.

Lo que en realidad ocultaba Corrales era que actuaba por indicación (llámalo talonario) de Coalición Canaria, y que además de la petición de caducidad de las siglas para el grupo municipal de La Laguna, presentó otro escrito requiriendo a la secretaria municipal que recluyera a los tres concejales en cuestión al grupo de no adscritos. La intención, como colegirán, no es otra que dejarlos inhabilitados para interponer una moción de censura al caer sobre ellos la consideración de tránsfugas (o lo que sea).

La jugada es tan cochina que venía oliendo antes incluso de descubrirse en su plenitud, sobre todo si tenemos en cuenta que ese segundo escrito era desconocido para su asamblea, o como quieran denominar al grupo que se reunió con él para fingir un acuerdo democrático.

Corrales se arriesga a una acción penal promovida por Santiago Pérez, un político y avezado letrado que no se anda con chiquitas a la hora de llevar hasta el final sus iniciativas judiciales. Basta con preguntarle a Miguel Zerolo, sin ir muy lejos.

Esta semana va a ser muy interesante por lo que pueda dar de sí esta nueva escaramuza nacionalista. Y tal. ¿Vulneración de derechos fundamentales? ¿Falsedad documental? Corrales tiene un problema.

Primer tropiezo legal del pacto CC-PSOE

Pero el Gobierno de Canarias y la minoría suya de él que todavía le respalda (Coalición Canaria) tiene más frentes abiertos. Parece haber pasado sin pena ni gloria la noticia de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso de Podemos contra el modo en que la Mesa del Parlamento tramitó la llamada Ley de las Islas Verdes, esa iniciativa legislativa proveniente del Cabildo de La Palma que fue convenientemente aprovechada por CC para meterle algunas bombas de racimo anunciadoras de la Ley del Suelo ahora mismo en tramitación.

Por entonces Coalición y el PSOE eran uña y raña y la iniciativa palmera, promovida por un Cabildo presidido por un socialista con el respaldo de CC, recibió tanto mimo, tanto palio y tanta alfombra roja que a los miembros de la Mesa del Parlamento se les olvidaron algunos modales primordiales en esta sandunguera democracia parlamentaria. Fue una ley que, por su modelo de tramitación, se saltó la participación ciudadana y la evaluación ambiental, lo que es objeto de otro recurso de fondo, pero que en el Parlamento no pudo ser enmendada por los grupos parlamentarios, mayormente el de Podemos, por una decisión de la Mesa que ahora está en revisión por el Constitucional.

Eran aquellos tiempos de vino y rosas compartido por el PSOE con Coalición Canaria, lo que fue aprovechado por los nacionalistas para meterle a esa ley palmera algunos aspectos muy discutibles de la Ley del Suelo, como los famosos proyectos de interés singular, inversiones estrella que podrán ser ejecutadas por encima de los planeamientos y de las protecciones. Con un par.

En su recurso Podemos pedía suspensión cautelar, veremos cómo y en qué desemboca esto, pero de momento la Mesa del Parlamento (con mayoría PSOE-CC) ha quedado en evidencia.

Quique se presenta

Para que no faltara de nada en este popurrí insular tan variopinto, también el congreso regional del Partido Popular se suma a la fiesta. A la candidatura anunciada hace casi dos semanas por Juan José Cardona se añadirá este miércoles -si nadie lo remedia- la de Enrique Hernández Bento, quien fuera subsecretario de Industria y mano derecha (para la salud y la enfermedad, para la riqueza y la pobreza) de José Manuel Soria.

Bento está convencido de que puede dar un susto al candidato oficial, Asier Antona, gracias sobre todo a los apoyos con que cuenta en Gran Canaria, donde el PP presenta su mayor fortaleza, y a los que provienen de Lanzarote y Fuerteventura, lo que viene a ser más o menos lo mismo que dice el ex alcalde Cardona.

Bento quiere acabar con una etapa del que él fue uno de los protagonistas principales, y no solo por la sombra de Soria, sino por el tradicional conchabeo con Coalición Canaria. “Si gano, se acabó ATI”, viene a decir el ex delegado del Gobierno. No vamos a ser nosotros los que le quitemos esa ilusión, teniendo en cuenta que quien lo habrá de elegir o postergar es un partido donde la cotización de cada candidato se conoce con más antelación que las ciclogénesis explosivas de la costa norte de España, y donde la tendencia a cargar hacia CC parece insuperable.

Si se confirma la candidatura de Hernández Bento y finalmente Cristina Tavío da el paso anunciado, el PP de Canarias vivirá un momento histórico después de tres décadas: más de un candidato a la presidencia regional. Quién lo iba a decir hace menos de un año.

Mauricio, ese perseguido

Terminamos este popurrí intenso con un personaje irrepetible, José Carlos Mauricio. Que la Fiscalía de Las Palmas pida para él prisión por haber amañado un contrato ficticio a una mujer cubana, novia por más señas del decano de Económicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), constituye para el histórico conseguidor una prueba más de que sigue siendo un perseguido político, como en los más oscuros tiempos del franquismo.

Se lo dijo a La Provincia, periódico donde mantiene una colaboración dominical de alta calidad artística. Porque Mauricio sigue siendo un cualificado artista circense, un experto prestidigitador, capaz de convertir un pañuelo en una paloma, un conchabo en una subvención, una piedra en el camino en unos cimientos para una casa.

Le imputa la fiscalía, pero él culpa al juzgado en el que recayó una denuncia de la Brigada de la Policía de Extranjería, que hasta lo llegó a detener. Le viene mejor ser víctima de una cacería mediática y política, como cuando lo paró la Guardia Civil conduciendo sin carné y se empeñó en responsabilizar al editor de otro periódico.

La investigación que lo llevará al banquillo para responder por un presunto delito de falsedad en documento oficial no ha tenido en cuenta (porque no era objeto de las diligencias) otras vertientes del desempeño que el ex diputado y ex consejero de Hacienda protagonizó en este affaire: no se trata solo de que el decano de Económicas le pagara a Mauricio el coste de la Seguridad Social de la novia cubana del primero, fingiendo un contrato que no era tal, sino de que entre ambos se generó un cambalache de colocaciones montado por el decano (lo que implica a su facultad, a la Fundación Universitaria y a la ULPGC), junto con Mauricio, su fundación y su centro de estudios Ceture. La operación comenzó metiendo a Mauricio en el Foro Internacional de Turismo de Maspalomas de forma sorpresiva, para que de ese modo pudieran instalarse en el Comité Organizador su colaboradora desde hace varios años, la periodista Marta Cantero, así como la pareja del decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, José Manuel Benítez. Ambas aparecieron en la web y, tras estallar el escándalo, desapareció la supuesta empleada para dejar solo a Marta Cantero.

De esta manera tan mauriciana, la fundación y el centro de estudios estratégicos creados por este incombustible estratega recibían financiación de varias empresas y del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para el nuevo escenario prospectivo del político jubilado, así como también para el decano de la ULPGC. Entre otras cosas, para simular con un contrato presuntamente falso una situación ilegal de la señora cubana que según Mauricio trabajaba desde su casa (en Cuba) mirando páginas de internet, cuando en realidad querían justificarlo con su participación en el comité organizador. Hasta el momento, la Universidad no ha dicho esta boca es mía, ni la Fundación Universitaria, que gestiona las cuentas del foro, lo que no deja de ser sorprendente. Como mínimo.