El dueño de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, ya declaró este mismo miércoles que recurrirá esta adjudicación, primero ante el propio Cabildo y luego, si no le dan la razón, ante los tribunales contencioso-administrativos. Tiene en su poder una pieza de convicción bastante potente: el informe del jefe de los Servicios Jurídicos que le otorga la razón. La paradoja está servida, no ya porque el Cabildo tendrá que pronunciarse ante un dilema sobre el que ya se ha pronunciado su letrado jefe, sino también porque ese abogado tendrá serias dificultades para defender a la Corporación en un asunto del que se sabe todas las respuestas, incluso las que no se pueden poner por escrito. No hay que descartar que en este complejo asunto, Seguridad Integral Canaria recuse a la consejera de Presidencia, Encarna Galván, ni que abra también una vía penal que tenga que ver con los presuntos delitos de prevaricación o con los que pudieran haberse cometido en una historia paralela. Y no creerla.