Dice literalmente la carta del director de KPGM, que “a petición de don Ignacio Calatayud aceptamos detraer de nuestra factura original la cantidad de 3.388,56 euros”, lo que el firmante de la misiva considera “un gesto de buena voluntad” que sin embargo no sirve para que el Cabildo les pague cuanto antes. Por lo que hemos podido averiguar, estos 3.400 euros vienen a ser el importe de los gastos de hoteles y manutención de los auditores de KPGM desplazados a Lanzarote, otra anomalía más de este contrato de la que debió percatarse el asesor de Inés Rojas en el Cabildo, Ignacio Calatayud, un polifacético abogado al que se relaciona familiar y profesionalmente con otro ecléctico letrado conejero, Felipe Fernández Camero, experto en la defensa de corruptos e infractores urbanísticos. Calatayud gozó de contratos a dedo de Inés Rojas desde septiembre de 2005 hasta la primavera de 2007, muchos de ellos por “consultoría y asistencia técnica” y por fuertes cantidades de dinero que oscilaban entre los 11.000 y los 30.000 euros.