Con los pitidos que emiten los camiones de más de seis ruedas cuando empiezan a dar marcha atrás, este martes hemos visto ya al presidente del Cabildo grancanario, José Manuel Soria, tratando de recular en su última metedura de pata: el viernes, en Televisión Canaria, acusó a la Policía de haber detenido al alcalde de Mogán aplicándole métodos ilegales como la incomunicación y la ausencia de asistencia letrada. Acusaba a la Policía de cometer un grave delito imposible en un Estado de Derecho. No sólo le saltó al cuello la Delegación del Gobierno y este martes el SUP, uno de los sindicatos mayoritarios en el cuerpo, es que también han desmentido sus afirmaciones las dos abogadas que asistieron a Francisco González y a Onalia Bueno, Josefina Navarrete y María Rosa Díaz-Bertrana Marrero. Pero como en su manual del buen político no cabe retractarse, ahora se ha puesto a decir lo que no dijo, y ya reduce a 48 horas el lapso en que sus correligionarios estuvieron sin abogado. Falso también, como se puede comprobar en los telefonemas de la Policía, donde constan las llamadas a los letrados de los detenidos. Además, como sabe todo el mundo, los abogados sólo asisten a sus patrocinados en el momento de prestar declaración, y no se ocupan de acompañarles en la celda ni de llevarlos al baño cuando es menester.