En aplicación de la doctrina del PP, la señora Roldós no debe dimitir porque, sencillamente, no ha cometido ningún acto de corrupción. Otra cosa es que deba retirarse de la carrera electoral porque parece del todo imposible admitir que una persona llamada a administrar lo público tenga una deuda de ese calibre con la Seguridad Social. A cualquier ciudadano un agujero de ese tipo no sólo le quitaría el sueño -que parece no ser el caso- sino que sufriría una persecución implacable de la Administración hasta entregar el último euro. La señora Roldós tiene acumuladas unas deudas con terceros que debieran imposibilitarle moralmente para ejercer un cargo público.