Tal y como les hemos venido adelantando, la resolución final del concurso de asignación de frecuencias de radio en Canarias ha dado paso más hacia más polémica. La del anuncio de Martín Marrero, viceconsejero de Comunicación, de montar una brigada funcionarial que controle a radios y televisiones, ya ha tenido su refriega, que seguramente se dilucidará esta misma semana cuando el Cluster Audiovisual se reuna con él y quede claro quién, cómo, cuándo y por qué será inspeccionado. Luego está el fondo de la cuestión, esto es, la adjudicación de las frecuencias en sí misma, que una vez confirmada ya ha reactivado a los bufetes de abogados contratados por algunos de los perjudicados. Radio El Día, perteneciente al grupo de Editorial Leoncio Rodríguez, de los Rodríguez de Josesteban, es uno de esos perjudicados, como habrá podido deducir cualquier inquieto lector que haya seguido la arrebatadora reacción que contra el concurso y contra Paulino Rivero ha tenido el insigne editor independentista. Su última aportación a la lucha por la libertad de Canarias ha sido interponer una denuncia ante la Fiscalía contra el viceconsejero de Comunicación, el muy mentado Martín Marrero, al que pretende acusar de varios y muy enjundiosos delitos: prevaricación administrativa, cohecho y tráfico de influencias.