El mismo día que Emilio Moya tomaba posesión de su cargo como presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas los mortales conocíamos las razones de la mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional para no considerar recusable a su presidente por su reciente militancia en el Partido Popular, por sus encendidas opiniones contra los nacionalismos y por sus hacendosos cursos en la Faes, la fundación que preside José María Aznar. Moya no tiene problemas de militancia. Jamás perteneció al PP, con el que sin embargo alcanzó el rango de viceconsejero de Justicia a las órdenes de Australia Navarro, allá por los comienzos de la actual centuria. Ni su independencia queda en absoluto condicionada por ser uno de los pocos jueces en activo al que se le recuerda asistiendo a un mitin de Mariano Rajoy. “En diversas resoluciones”, dice el auto que libra de todo pecado (venial y mortal) a Pérez de los Cobos, “este tribunal [Constitucional] declara que la afinidad ideológica no constituye por sí sola causa de recusación”, lo que, junto a este otro pasaje, “las diversas circunstancias que definen la personalidad de cada uno de los magistrados y conforman su trayectoria personal no pueden considerarse sin más condicionamientos negativos que afecten a su imparcialidad”, vale para disipar también cualquier atisbo de duda acerca de la rectitud que a buen seguro adornará la trayectoria que de ahora en adelante ejecute el nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Le avala también la diversidad, esa inmensa amalgama de autoridades que este lunes arroparon a Emilio Moya atestando el salón de plenos del Palacio de Justicia de San Agustín invitados personalmente, uno a uno, por el podertomante. El arco parlamentario al completo y parte del extraparlamentario acudieron a la cita, y ninguno salió insatisfecho con lo que vio y/o escuchó.