Las conclusiones del dictamen gallego del que hoy les avanzamos algunos retazos no tienen desperdicio alguno. Porque hay referencias a las circunstancias personales de los dos magistrados para los que se recomienda la queja ante el órgano de gobierno de los jueces, pero también se advierte al destinatario del informe, José Manuel Soria, que debe andar espabilado con los plazos: “Téngase muy en cuenta lo atinente a la prescripción de las faltas cometidas por los jueces y magistrados, ya que en tal sentido es necesario recordar (...) que las faltas muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves en el plazo previsto para la prescripción de las faltas”. Teniendo en cuenta que el informe lo tiene Soria en su poder desde septiembre de 2009, un mes después del famoso comunicado de La Justicia en crisis, cabe concluir que el presidente del PP canario sabía perfectamente en diciembre de 2010 que la queja que presentaba con fanfarria, Trillo y Cospedal (y no necesariamente por ese orden) se refería a unas infracciones “graves” ya prescritas desde agosto del año pasado. Entonces, ¿por qué la presentó a sabiendas de que, en el mejor de los casos, va a archivarse por prescripción? Sólo interesaba el ruido mediático, la revoltura, la infamia.